A indagatoria: La Justicia citó al gabinete de CFK por posibles irregularidades en la gestión de residuos

El juez federal Claudio Bonadio citó a indagatoria a tres exjefes de Gabinete de Cristina de Kirchner, Jorge Capitanich, Aníbal Fernández y Juan Manuel Abal Medina, en el marco de una causa en donde se investigan irregularidades en el Programa de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos.

De acuerdo a la resolución, Abal Medina (diciembre de 2011 hasta noviembre de 2013) fue citado para el 30 de octubre a las 10, mientras que Fernández (febrero de 2015 a diciembre de 2015) para el día siguiente y Capitanich (noviembre de 2013 a febrero de 2015) para el 1 de noviembre a la misma hora.

La citación se produjo “habida cuenta las irregularidades observadas en los expedientes labrados el marco del Programa de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) de la exsecretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, los que se corresponden al periodo transcurrido entre los años 2013 y 2015”, indicó el fallo difundido por el Centro de Información Judicial (CIJ).

Junto a los tres hombres que ocuparon la Jefatura de Gabinete también fueron citadas a los tribunales de Comodoro Py otras 11 personas, entre las que se encuentran exasesores técnicos del programa, exjefes de Gabinete de asesores y exsecretarios de Ambiente y Desarrollo Sustentable, como Sergio Lorusso, Omar Judis y Juan José Mussi.

En esta causa se investiga la presunta entrega de millones de pesos a varios municipios para construir plantas de tratamientos de residuos sólidos que no fueron concluidas, una información que fue respaldada por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

En su fallo, de hecho, Bonadío advirtió que las irregularidades fueron detalladas en un “informe de relevamiento de proyectos encomendados al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable como también a la Sindicatura General de la Nación, en el cual se analizaron 120 proyectos elegidos al azar”.

La auditoría de la SIGEN concluyó que el programa “funcionó con serias dificultades de control, que posibilitaron una arbitraria y desigual distribución de fondos” entre municipios aliados políticamente y que no existió “un mapa crítico que permitiera disponer de información fundada sobre las municipalidades más vulnerables o con mayores problemas en la gestión de residuos”.

Los mayores recursos fueron a municipios de Chaco, mientras que tanto la Ciudad de Buenos Aires como municipios de Catamarca, Jujuy, Formosa, Mendoza, San Juan y Tierra del Fuego pidieron fondos sin éxito.

“Sólo cuatro jurisdicciones, Buenos Aires, Chaco, Santa Cruz y La Rioja obtuvieron el 79 % de los fondos, circunstancia que se agravó porque tres de ellas generaban un pequeño porcentaje de residuos a nivel nacional”, señaló el informe que se distribuyó a la prensa.

Fuente: Ámbito Financiero

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