Esta semana que empieza será distinta para el Poder Judicial. Desde el martes y hasta el viernes, la relación entre los jueces y la sociedad se convertirá en una de las prioridades de la agenda periodística. Serán cuatro días agitados, en los que abundarán las polémicas y las réplicas. Todo comenzará este martes con el acto de apertura del año judicial, que estará encabezado por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. En un hecho peculiar y acaso sugestivo, el titular de la Corte se anticipará con su discurso –hablará en la sala de audiencias del cuarto piso de Tribunales– a la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso por parte de la presidenta Cristina Fernández. La tradición en este punto muestra que el jefe de Estado abre el año legislativo cada 1 de marzo y luego, unos días más tarde, el titular de la Corte hace lo suyo con el año judicial. En 2012 Lorenzetti encabezó el acto de apertura el 6 de marzo, varios días después de que la presidenta hablara en el Parlamento. ¿Qué cambió este año? En 2013, la Corte cumple 150 años de su creación, en 1863. Pero hay magistrados que consideran que la celebración de los 150 años es una “excusa perfecta” para intentar marcar la cancha antes de que se abra la caja de pandora de los debates pendientes.
La elección del martes quizá tenga que ver con lo que sucederá el día siguiente. Este miércoles comenzará el encuentro por una Justicia Legítima, organizado por una corriente de magistrados, defensores, abogados y fiscales que viene sumando apoyos. El foro seguirá también el jueves, tendrá lugar en la Biblioteca Nacional. La convocatoria tiene una impronta plural y progresista. Entre sus impulsoras más conocidas están la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez. Como invitado especial participará el portugués Antonio Cluny, juez de la Audiencia de Lisboa y presidente de la asociación de Magistrados Europeos para la Democracia y las Libertades (Medel). Cluny es un ferviente defensor del ex juez español Baltasar Garzón, inhabilitado por el Tribunal Superior de Justicia de España. Entre las figuras que adhieren hay juristas de reconocida militancia en el radicalismo, como el ex juez y camarista José Massoni, ex titular de la Oficina Anticorrupción durante el gobierno de Fernando de la Rúa.
Las dos jornadas en la Biblioteca, se presume a partir del programa, abrirán una fuerte discusión sobre temas que parecían dormidos pero sólo estaban latentes. Algunos reaparecieron en los medios en las últimas semanas: el más popular es la polémica exención al pago del Impuesto a las Ganancias que beneficia a los jueces por una acordada de la Corte de 1996. La mayoría de los juristas consultados, al menos los que han opinado en público, creen que habría que pagar el impuesto. Pero también hay voces discordantes. Incluso entre quienes piensan asistir a la Biblioteca Nacional. “Lo que impide la deducción de Ganancias es justamente esa acordada. Y también hay un fallo posterior, del año 2005, firmado por jueces y conjueces, que confirma esa postura. Aunque tiene el voto en disidencia de tres magistrados, una es Carmen Argibay y el otro Horacio Rosatti (ex ministro de Justicia de Néstor Kirchner), quien da una clase de Derecho Constitucional al explicar por qué los jueces deben pagar ganancias”, planteó el juez Alejandro Slokar, de la Cámara de Casación, en diálogo con Tiempo Argentino.
“Centrar la discusión en pagar o no Ganancias no es conveniente en este momento. Podría provocar que muchos jueces y fiscales que tienen vocación democrática se asusten y retrocedan. Es un problema muy complejo, que requiere mayor discusión y encontrar el momento más inteligente para abordarlo. En cualquier caso, habría que estudiar el modo en que el pago del impuesto no impacte en la intangibilidad de los salarios de los jueces. La discusión de fondo es convertir al sistema de administración de justicia en un sistema al servicio de todos los ciudadanos, que garantice la igualdad”, se diferenció la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, ante la consulta de este diario.
Para algunos legisladores, el pago de Ganancias por parte de los jueces se convirtió en una bandera impostergable. “Es una vergüenza que los jueces no paguen Ganancias, habiendo tantos ciudadanos que hacen sacrificios para pagar. No hay ruido que valga, tienen que pagarlo”, aseguró a Tiempo la diputada Diana Conti. En el Congreso se presentó un proyecto firmado por el salteño Pablo Kosiner (FPV), para que los jueces paguen Ganancias. Conti es una de las firmantes.
La mención al Consejo de la Magistratura –el órgano creado por la reforma de 1994– no es casual. De hecho, el Consejo estará en el centro de los debates esta semana. Y no se descarta que también sea mencionado por el discurso de la presidenta ante la Asamblea Legislativa. Es probable que en la Biblioteca Nacional se escuchen voces que propongan que el Consejo de la Magistratura retome las facultades que le otorga la Constitución. Entre ellas, la del artículo 114 que en su punto tercero le asigna la potestad de “administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigne a la administración de justicia.”
En la actualidad, a pesar de la letra constitucional, el manejo del presupuesto está a cargo del secretario general de la administración de la Corte, el contador santafesino Héctor Daniel Marchi. Se trata de un hombre de estrecha confianza de Lorenzetti. “El Consejo de la Magistratura tiene una representación plural y múltiple, por eso la Constitución lo pone a cargo de la administración. Lo contrario es dejar esto a sola firma de un contador (por Marchi), bajo una consigna política. Tendría que tener una cuota más alta de transparencia”, cuestionó Slokar. La discusión sobre qué organismo debe manejar el presupuesto de la justicia muestra las contradicciones de la legislación vigente: mientras que la Carta Magna le asigna la función al Consejo, las leyes de autarquía del Poder Judicial (Ley 23.853), de Administración Financiera y de Presupuesto facultan a la Corte para administrar y reasignar partidas presupuestarias.
Todos estos temas, por demás sensibles, comenzarán a ser debatidos esta semana. Y los cambios que se proponen van mucho más lejos. Están resumidos en los conceptos centrales del programa del encuentro del miércoles: “independencia”, “ingreso y promoción meritocráticos”, “rendición de cuentas”, “gestión democrática” y “anticorporativismo”. Se vienen tiempos de debate para la justicia.

Gils Carbó: “hay jueces que sienten impunidad”

La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, defendió ayer que los jueces paguen el Impuesto a las Ganancias y se mostró a favor de un límite temporal en el ejercicio de la magistratura.
“Los jueces se perciben como miembros de un sector privilegiado y es algo contrario a la democratización”, afirmó quien integra la agrupación de profesionales Justicia Legítima.
En diálogo con Radio América, Gils Carbó consideró que los jueces debieran pagar el Impuesto a las Ganancias ya que es “uno de los primeros pasos para que el magistrado se perciba como un ciudadano más y comparta sus intereses”.
A su vez, la jefa de los fiscales estimó que “no puede ser que en un futuro se tengan jueces de 100 años, ya que la sociedad merece y necesita que puedan apreciar los dinámicos cambios de la sociedad, que puedan reaccionar ante los avances tecnológicos y que estén en una capacitación constante”.
La procuradora apuntó contra la relación entre el poder económico con la corporación judicial: “La idea es quebrar el manejo corporativo de la justicia, hay jueces que sienten impunidad para actuar de manera irregular. Por ejemplo, el juez de la causa Riachuelo, Luis Armella.”
“Se avala la relación promiscua de algunos magistrados con ciertos intereses privados. Hay prebendas disfrazadas de viajes académicos o becas. Es necesario cambiar esa cultura. Las mafias de los jueces operan en las facultades como escenario de relaciones espurias. Tenemos una justicia que defiende los intereses de los más aventajados”, explicó Gils Carbó.

Sin corporaciones

El encuentro Justicia Legítima, que se realizará el miércoles y jueves en la Biblioteca Nacional implicará un fuerte impulso al debate sobre la democratización de la justicia y hará foco en seis ejes principales, entre los que se destaca la ruptura con las corporaciones.
 Independencia: definir el sentido y el alcance de la independencia del Poder Judicial.
 Ingreso: debatir las políticas de apertura para el ingreso y promoción meritocráticos de los agentes de la justicia.
 Control participativo: impulsar la rendición de cuentas de lo actuado en el Poder Judicial mediante políticas de transparencia y control participativo.
 Derechos Humanos: diseñar reformas de gestión democrática que incluyan el compromiso por la estricta vigencia de los Derechos Humanos y todas las formas de no discriminación, así como la eliminación de privilegios judiciales.
 Actitudes corporativas: fortalecer el nucleamiento anticorporativo con apertura hacia la sociedad y una fuerte identidad federal.
 Capacitación: desarrollar la formación y capacitación permanente de todos los agentes del Poder Judicial.

Fuente: Tiempo Argentino