Casal reconoció que “la gente tiene pánico” por la inseguridad
Es el ministro de Seguridad bonaerense y fue muy cuestionado por el Gobierno nacional.
El ministro de Seguridad bonaerense, Ricardo Casal -máximo responsable del área- admitió ayer la existencia de “pánico” social en la Provincia por los delitos contra los bienes y las vidas de 15 millones de bonaerenses.
La declaración del funcionario expone la limitación operativa y estratégica del estado en la prevención y represión del delito. Los dichos de Casal son provocados por el dictamen de la Suprema Corte suspendiendo la vigencia de la Ley de Excarcelaciones, que prevé la denegatoria del beneficio a quienes porten armas ilegalmente.
Pero, lo que aparece como sub- sidiario de ese episodio asume mucho más gravedad que el andamiento de una norma. Ayer, dijo el ministro: “La gente tiene pánico, porque un delincuente armado es un delincuente que mata y no le importa la vida”. Es una confesión de parte. Nadie disuade para evitar el miedo ciudadano.
Con desapego por sus propias responsabilidades en el tema, el Gobierno nacional atribuye un fracaso de Scioli en esa tarea.
Néstor Kirchner llegó al escarnio público cuando reclamó al gobernador “quién le ataba las manos” para combatir el crimen. Es una vieja pelea que incorporó luego a la ministra Nilda Garré, al secretario Sergio Berni y a los aliados parlamentarios del kirchnerismo. Y las sospechas mutuas explotaron hace 15 días en Junín, después del asesinato de la joven Karen Campos (17), cuando una pueblada reclamó seguridad a los poderes institucionales. Nación y Provincia se despacharon reproches. Sin culpas exclusivas aparentes. Hubo un agravante: la denuncia sobre la presencia de militantes del kirchnerismo en la quema de edificios públicos. La acusación señala una acción concertada para perjudicar a Scioli y al intendente Mario Meoni (UCR), de cercanías con Mauricio Macri y buena vecindad política con Sergio Massa (Tigre).
La discusión anda por caminos con serruchos. El Gobierno nacional atribuye a la Provincias la competencia total para frenar la criminalidad. “Como si el narcotráfico ingresara mercadería, logística y lo que se le ocurra por Lanús y no por la frontera del país”, alegan desde Buenos Aires.
Mientras, se evidencian hallazgos de esta época: “Hay que sacarles todas las armas a los delincuentes para poder vivir en paz”, reclama Casal sin reparar que es el responsable de un ejército de 55 mil policías destinados a esa misión institucional, como auxiliares de la Justicia.
Anoche, en la Legislatura, algunos sectores de la oposición que votaron en contra de la Ley de Excarcelaciones preguntaban, con cierta ventaja, al ministro “cuál es el impedimento legal” que tenía para el desarme de la delincuencia.
Fuente: Clarin
