El presidente español, Mariano Rajoy, rechazó ayer la realización de un gran acuerdo nacional para frenar la crisis que azota al país ibérico. La reunión entre representantes del Ejecutivo y de los sindicatos quedó trunca después de que el mandatario expresara su desacuerdo con las exigencias planteadas. En ese marco, se hicieron públicos los planes de ajuste en el área de transporte, donde el gobierno proyecta la eliminación de 48 líneas ferroviarias y la reducción de un 32% del servicio de 127 trenes para ahorrar recursos estatales.
El encuentro entre Rajoy y los sindicalistas fue realizado en La Moncloa, donde los representantes de los trabajadores exigieron un acuerdo de consenso social y político contra la crisis. Además, reclamaron por medidas concretas, como ingresos mínimos para los más de 6,2 millones de desocupados (27% de la población activa) que, según datos oficiales, no cuentan con ningún tipo de ayuda estatal.
En este sentido, el líder de la Unión General de Trabajadores (UGT), Cándido Méndez, afirmó que “lamenta profundamente” la falta de acuerdo con el Ejecutivo con respecto a las prioridades del país, y manifestó: “Si el presidente considera que los temas capitales son Europa y el crédito, nosotros no coincidimos.”
Rajoy, por su parte, expresó no estar de acuerdo con algunas de las exigencias sindicales, aunque admitió que “el gobierno tiene que asumir responsabilidades”. También reconoció que es necesario abrir un diálogo para “abordar medidas de protección social, para que los sectores más desfavorecidos puedan afrontar la situación crítica de desempleo”.
Después de la frustrada reunión, los españoles conocieron los planes del gobierno para aplicar nuevos ajustes. El área afectada es el transporte público. El diario El País difundió una serie de documentos pertenecientes a la consultora Ineco, que trabaja para el Ministerio de Fomento, donde se planifica una drástica eliminación de líneas de trenes de España, cuyo sistema ferroviario es público y actualmente traslada a 1,65 millones de viajeros al año.
El Ejecutivo ibérico pretende conseguir un ahorro de 86,5 millones de euros anuales. Según el plan, la demanda de transporte de las 48 líneas suprimidas “se cubrirá con los servicios de transporte por carretera existente o, en su caso, por otros servicios ferroviarios de media distancia más eficientes”.
Las zonas más afectadas no serán las capitales de provincia, que seguirán conectadas por ferrocarril aunque mediante otras líneas (generalmente, más caras y más rápidas), además de la conexión aérea. Las grandes perjudicadas serán las localidades más pequeñas de los trayectos intermedios, muchas de las cuales dejarán de tener estación, por lo que su única conexión serán las rutas y caminos.
En cuanto a las 49 líneas que el Ministerio de Fomento considera eficientes, llama la atención que su déficit actual (65,4 millones de euros) es superior al de las líneas que se van a suprimir. El plan, de todos modos, debe debatirse en varios ámbitos antes de aprobarse. Una de esas instancias es el Parlamento español.

fuente: Tiempo