El juicio por los vejámenes de la ex Unidad de Control de Espacio Público porteño contra personas en situación de calle está paralizado por un artilugio técnico presentado por la defensa del jefe de gobierno. Detalles del expediente.
Esta semana, el expediente que tiene imputado al jefe de gobierno Mauricio Macri por las agresiones y vejámenes a indigentes cometidos por la ex Unidad de Control de Espacio Público porteño (UCEP) cumplirá un año sin que se haya movido un ápice desde su ingreso a la Cámara Federal de Casación.
El máximo tribunal penal debía tratar una cuestión que, en principio, no reviste mayor complejidad: decidir si el alcalde debe o no seguir siendo investigado por los 17 hechos violentos que la justicia en primera instancia comprobó y que la Cámara de Apelaciones terminó por ratificar. Mientras tanto, la causa iniciada en 2008 quedó empantanada gracias a que la medida que benefició al líder del PRO impidió cualquier avance contra el resto de los 30 imputados.
El derrotero judicial de la causa por los maltratos cometidos por la ex UCEP –incluyen un abuso sexual agravado contra una persona en situación de calle, entre otros delitos como amenazas, lesiones y robo– es una verdadera muestra de los laberintos judiciales que suelen congelar, por tiempo indefinido, los expedientes cuyas víctimas pertenecen a sectores sociales vulnerables.
La Sala II de la Cámara de Casación, integrada por Alejandro Slokar, Pedro David y Ángela Ledesma, hace un año que tiene bajo análisis un recurso “en queja” interpuesto por los abogados de Macri en el que piden que se revise la decisión de la Sala VI de la Cámara del Crimen que ordenó que el jefe de gobierno porteño continúe siendo investigado por su responsabilidad en los abusos de la ex UCEP.
Slokar, David y Ledesma son los únicos tres magistrados que habían eludido la denuncia penal del diputado kirchnerista Carlos Kunkel por haber participado del nombramiento irregular del presidente de la Asociación de Magistrados, Luis María Cabral, en una de las vacantes de ese tribunal.
La respuesta que darán aquellos jueces es previsible: la revocatoria de un sobreseimiento no implica el equivalente a una sentencia definitiva, única materia en la que interviene la Casación. En rigor, los recursos de este tipo impulsados por las partes –oportunamente, rechazados por improcedentes por la Cámara de Apelaciones-– no suelen ser tratados con celeridad en Casación por no tratarse de cuestiones prioritarias. Pero constituye una hábil maniobra técnica de la defensa del alcalde.
Mientras se discute un recurso “en queja”, la decisión apelada se torna “suspensiva”, lo que significa que en este caso, paraliza toda acción en el expediente.
ÚLTIMOS MOVIMIENTOS. El 3 de julio de 2012, la Cámara del Crimen, con la firma de los jueces Jorge Rimondi y Luis Bunge Campos, rechazó in límine una apelación a Casación que los abogados de Macri realizaron contra el fallo que anuló su sobreseimiento.
Y ordenó que el líder del PRO continúe siendo investigado. Esto obligó a la defensa a acudir “en que- ja”, situación en la que se está ahora.
Los mismos jueces, junto a Alfredo Barbarosch –con fundamentos propios– habían decidido el 27 de abril del año pasado anular la sorpresiva decisión de la jueza María Fontbona de Pombo. “El sobreseimiento dictado no supera el control negativo de razonabilidad y logicidad, por lo que no puede ser considerado un acto jurisdiccional válido”, afirmaron. Criticaron además la “pasividad” de Macri ante los delitos que estaban siendo denunciados por el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad y otras entidades.
El 30 de diciembre, a horas de que comience la feria judicial y mientras se consumía el 2011, Fontbona de Pombo –que remplazaba a su par de licencia Facundo Cubas– resolvió el único sobreseimiento en favor del alcalde, ya que entendió que la “intervención” de Macri “aparece reducida al dictado del Decreto 1223/08”, que creó a la ex UCEP y tenía “el objeto de mejorar el orden y la organización en el espacio público”.
Lo mismo había opinado el fiscal Marcelo Romá, condicionando así su situación procesal. La querella que representa a las víctimas Graciela Cisneros y Carla Baptista –ambas indigentes–, encabezada por Adrián Albor, apeló en soledad y consiguió revertir el fallo en segunda instancia. La Sala IV anuló ese sobreseimiento y ordenó a Cubas que prosiguiera con la investigación, algo que nunca sucedió.
DILACIONES. Hasta el momento, no hubo procesamientos ni fue analizada otra situación que la de Macri en la causa. Sin embargo, fueron desplegados todo tipo de artilugios legales para dilatar su tratamiento. El alcalde recién asistió a la cuarta indagatoria el 15 de junio de 2011, tras haber faltado a tres y entonces intentar sin éxito declarar nula toda la investigación.
Un dato adicional llama la atención: ni el magistrado ni la fiscalía incorporaron como prueba una copia enviada por vía anónima del disco rígido del ex coordinador de operativos de la ex UCEP. Se trata de una planilla de Excel (planilla 1 UCEP) revelada por Tiempo Argentino de la que surge que Macri habría pedido un operativo en un “asentamiento de indigentes en vía pública y viviendo en varios autos abandonados”, en la calle Esteban de Luca 1322, casi al lado de la Autopista 25 de Mayo, en el barrio de Parque Patricios. El pedido tenía prioridad “ALTA” como indicaba un email enviado desde Jefatura de Gobierno para las indicaciones que eran recibidas por la UCEP desde la cúpula del PRO. En el mismo documento se observan otros procedimientos pedidos por “Michetti”, “Piccardo”, “Villar” y “HRL”, siglas idénticas a las del jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta. Allí también hay fotos, videos y planillas con descripción de los operativos que, durante la noche, realizaba la repartición, que dependía del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Jamás se peritó el contenido de ese disco.
Cisneros sigue viviendo de modo precario bajo la autopista, a la altura de la calle Pasco. En tanto, a Baptista el gobierno de la Ciudad decidió emplearla en una de sus dependencias.
La mujer también denunció abuso sexual, ya que cuando la desalojaron violentamente y advirtió que estaba embarazada, personal de la ex UCEP la manoseó. Este delito fue comprobado por un médico legista que la revisó, aunque nunca se llevó a cabo la rueda de reconocimiento para que pudiera identificar a su agresor.
LA CAUSA. El proceso se inició en 2008 por “lesiones, amenazas, coacción agravada e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, y tiene imputadas a una treintena de personas.
Para solicitar las indagatorias, Romá se basó en testimonios y videos donde se observa a personal de la ex UCEP golpear e insultar a indigentes en situación de calle con el objeto de desalojarlos de la vía pública.
Ante el escándalo, el macrismo debió disolver la UCEP y distribuyó a su personal en distintas áreas, reservando puestos estratégicos para la cúpula del grupo. Juan Pablo Piccardo, ex ministro de Ambiente y Espacio Público, y responsable de la patota, fue destinado a SBASE, la empresa estatal que controla el subte. Lo mismo sucedió con el último director de la ex UCEP, Jorge Polini.
Fabián Rodríguez Simón fue uno de los estrategas jurídicos del traspaso del subterráneo. Matías Lanusse es comunero del PRO en Recoleta.
“¿Cuánto más vamos a esperar para que digan que este recurso no le corresponde analizarlo a Casación?”, se quejó Albor. “Mantener la indefinición parece responder a fines extrajurídicos”, deslizó a este diario. Aun así aseguró que las víctimas le transmitieron que “no bajarían los brazos y que irían hasta las últimas consecuencias”. «
Prueba
“Alta prioridad”
No fue sumada a la causa una copia de archivo con “operativos” pedidos por figuras del PRO y el GCBA.

Fuente: Tiempo Argentino