Más de 10 millones de personas viven en situación de pobreza en la Argentina, sin empleo formal, educación de calidad ni vivienda digna, y con un servicio de salud insuficiente. Además, entre 2004 y 2012 aumentó la brecha social: la diferencia entre la calidad de vida del sector medio y la del más vulnerable.

Éstas son algunas de las conclusiones del último informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA, de la Universidad Católica Argentina), llamado “Heterogeneidades estructurales y desigualdades sociales persistentes”. Según la investigación, hecha con datos de la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA, una de las mediciones socioeconómicas más confiables del país), casi la mitad de los trabajadores tiene un empleo precario o hace “trabajos de indigencia” (por ejemplo, el cartoneo), y más de la mitad de las nuevas generaciones de adultos está excluida del sistema de seguridad social. Alrededor de 3 millones de personas están mal nutridas. Una de cada 10 viviendas no tiene agua corriente y tres de cada 10, cloacas.

Al mismo tiempo, el 37% de los jóvenes no termina la secundaria y el 20% no estudia ni trabaja. El 12% de los niños de entre 5 y 17 años debe hacer alguna actividad laboral y dos de cada 10 hogares requieren asistencia pública, con un total de 23,5% que necesitan un programa de asistencia social permanente. A pesar del esfuerzo asistencial, uno de cada cuatro de estos 500.000 hogares no accede al valor real de la canasta básica alimentaria.

“La marginalidad estructural no mejoró en la Argentina a pesar de años en los que el país creció a un ritmo de 8% anual. Se cristalizó la pobreza estructural, la imposibilidad de alcanzar niveles elementales de bienestar e integración social”, dice Agustín Salvia, investigador jefe del Observatorio.

“La mitad de los pobres de 2002 dejaron de ser pobres, pero los niveles anteriores a la crisis se agravaron. Buena parte de la conflictividad social tiene que ver con la desigualdad y con expectativas no satisfechas. El delito, el arrebato y el saqueo están dentro de un contexto de descomposición social, de gente que siente que el sistema no los incluye y que la distancia con los que están mejor es cada vez mayor.”

“Está aumentando la pobreza por la inflación y el estancamiento del empleo formal. En 2013 subió por encima del 25%”, dice Salvia.

Si en 2003 la tasa de pobreza era del 50,9% de las personas, en 2012 fue de 24,5% de acuerdo con los datos del ODSA (5,4% para el Indec en 2012). Es decir que casi el 30 por ciento de los argentinos (si sumamos el 4,9 por ciento de indigentes) no logró salir de esta situación, pese al fuerte crecimiento económico. En ese contexto, la ayuda social pasó del 10,3% del PBI en 2007 al 15,3% en 2012.

Un amplio porcentaje de quienes formaban parte de los desocupados en 2002 se reinsertó rápidamente en el sistema económico productivo, ya que tenían habilidades laborales, pero se habían quedado sin trabajo después del cierre de fábricas y empresas en medio de la crisis. Una vez que cambiaron las condiciones económicas, esas empresas, que tenían capacidad ociosa, volvieron a tomarlos. Pero quienes no cambiaron su situación son los que se encuentran en la base de la pirámide.

La Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) mide la canasta de alimentos de la misma manera en que lo hacía el Indec antes de los cambios introducidos por la dupla Néstor Kirchner y Guillermo Moreno en enero de 2007. Los datos que ofrece son llamativos: hoy, un hogar constituido por padre, madre y dos hijos necesita un ingreso mínimo de $ 3900 para no ser considerado pobre. Para el Indec, en cambio, necesita $ 1750 pesos. Los datos de FIEL consignan que en el mes de noviembre ese hogar necesitaba por mes $ 2200 sólo para comprar alimentos, mientras que para el Indec los cuatro integrantes del hogar pueden alimentarse por $ 769 por mes.

DÉFICIT HABITACIONAL

Las condiciones de la vivienda son otra variable que marca el aumento de la brecha entre sectores. Si en 2004 un 68,7% de hogares desfavorecidos no tenía conexión a la red cloacal, en 2012 el porcentaje disminuyó poco, al 61,3%, mientras que asciende a sólo el 8,1% en niveles medios y altos. Lo mismo sucede con el gas, situación que empeoró durante el kirchnerismo para los sectores de menos recursos: 68,5% no tenían conexión a la red de gas en 2012, contra el 68,2% en 2004. Hoy, sólo el 6,3% en el nivel socioeconómico medio-alto no tiene conexión a la red de gas, mientras que en 2004 el porcentaje era del 10,8%.

“En la Capital hay 140.000 personas que viven en villas y otra cantidad igual que vive en inquilinatos o casas tomadas. Se trata del 10% de la población de la ciudad”, dice el arquitecto Alfredo Garay, docente de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la UBA en la “Reunión sobre barrios precarios”, organizada por la UCA la semana última. En la provincia, los números son muy similares.

A nivel nacional existen 2.700.340 hogares deficitarios. Entre ellos, 566.095 viviendas precarias irrecuperables y 1.579.129 que se pueden reconstituir. Había 2.640.871 hogares deficitarios en 2001. “El problema es que se invierte en lo nuevo, pero no en recuperar gran cantidad de viviendas que lo necesitan”, observa el arquitecto.

CAUSAS DE LA POBREZA

Dentro del período kirchnerista se ven claramente, según diversos estudios, dos etapas bien definidas. Una de crecimiento y recuperación económica y del empleo en parte dada por la devaluación y el aumento del precio de las commodities , y otra, a partir de 2006-2007, donde se redujo el superávit comercial y aumentaron los precios internos a un ritmo vertiginoso. La inflación, según fuentes privadas, subió del 13,4% en 2003 al 18,5% en 2007, para llegar al 25,9% en 2012, y además se dio un estancamiento del empleo.

“Tenemos una economía de muy baja productividad. En la última década no sólo no creció, sino que cayó. El deterioro de las condiciones de producción ha sido notable. Esto explica que la gente gane poco”, dice Juan Luis Bour, economista jefe de FIEL.

Para Bour, el aumento de empleados públicos con baja productividad es mucho. Hoy, hay entre 3.300.000 y 3.500.000 personas que trabajan para el Estado, cuando en 2001 había 2.180.000. También existe un grave problema con la informalidad laboral. Había 6.500.000 empleados precarizados en 2000, mientras que hoy hay 6.800.000, según los datos de FIEL. “Además, la tasa de desocupación está mas cerca del 9% que del 7% que marca el Indec”, señala Bour. Con una altísima tasa de empleo informal, un 34,5% en el segundo trimestre de 2013, según los últimos datos del Ministerio de Trabajo (se trata de un 40% según las mediciones de FIEL), son los sectores más desfavorecidos los que no logran insertarse en el mercado laboral formal.

En este contexto, aumenta la brecha social. Hay, según datos del Observatorio, un 40,7% de informalidad en sectores muy bajos, y un 23,8% en sectores medios-altos en 2012. El desempleo en sectores bajos alcanza al 16,3%, y sólo llega al 3,2% en los que son medios-altos. Los trabajadores sin seguridad social llegan al 83,7% en los sectores de menores recursos y al 24,2% en los sectores medios-altos.

Por su parte, el subempleo inestable (trabajos de muy baja remuneración, sin protección social y alta inestabilidad) se duplicó entre 2007 y 2012 en el segmento más vulnerable. Pasó del 16,5% al 30,6% para los sectores muy bajos. “Salir de la pobreza -concluye Bour- supone tener un buen nivel de educación, algo que no sólo no ha mejorado en los últimos 10 o 15 años, sino que se ha deteriorado.”

Fuente: La Nación