Impide la clausura de los medios de comunicación, salvo que exista una sentencia firme.
El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires avaló ayer la ley de Libertad de Expresión impulsada por el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri.
La ley, que se votó en la legislatura porteña el último 30 de mayo, surgió en medio de una fuerte ofensiva del Gobierno contra la prensa. Y establece que los medios de comunicación que operen en el distrito no puedan ser clausurados sino por orden de la Justicia local.
Fuentes judiciales informaron a la agencia DyN que, por mayoría de tres votos contra dos, el máximo tribunal porteño no admitió el tratamiento de dos pedidos de inconstitucionalidad que se habían presentado contra la norma.
Macri impulsó la ley luego de amenazas a los medios y de los avances de la Comisión Nacional de Valores sobre el Grupo Clarín y Papel Prensa.
La Legislatura aprobó a fines de mayo de 2013 la norma con 35 votos a favor –el PRO, la Coalición Cívica-ARI y Proyecto Sur–, y 15 en contra, del Frente para la Victoria y sus aliados.
La norma fija que en la Ciudad “los medios de comunicación cuyo ámbito se limite a la Ciudad no podrán ser clausurados o suspendidos, ni sus equipos decomisados sino en virtud de sentencia firme dictada por el Poder Judicial de la Ciudad”.
Además, establece que la Ciudad “garantiza el derecho de todas las personas de buscar, expresar, recibir y difundir libremente, por cualquier medio de su elección, informaciones, opiniones, ideas” y que las autoridades porteñas “no podrán dictar actos administrativos, que directa o indirectamente, afecten las libertades de imprenta, prensa y expresión”.
La ley fue cuestionada por la Confederación Sindical de Trabajadores de los medios de comunicación.
También por Eduardo Cárdenas, un vecino de la ciudad que se presentó ante el defensor general porteño Mario Kestelboim. En ambos casos pidieron la inconstititucionalidad de la norma.
Los jueces del Tribunal José Casás, Ana María Conde e Inés Weinberg votaron por no admitir el tratamiento de esos pedidos, porque los planteos tenían defectos de fundamentación en sus argumentos.
Por su parte, los magistrados Luis Lozano y Alicia Ruiz se inclinaron por abrir el expediente y analizar los planteos realizados contra la ley.
El proyecto no sólo fue elaborado por Macri. También participaron la Coalición Cívica-ARI y Proyecto Sur.
Durante su tratamiento hubo 35 votos a favor, 15 en contra y 7 abstenciones. El proyecto se elaboró con propuestas de los diputados Julio Raffo (Proyecto Sur) en coautoría con Fernando Sánchez (Coalición Cívica), y de Jorge Selser, Pablo Bergel, Virginia González Gass, Adrián Camps (Proyecto Sur) y Alejandro García (PRO).
El kirchnerismo dijo que se trataba de una ley digitada. El Partido Socialista Auténtico fue una de las fuerzas que se abstuvo. Y Aníbal Ibarra dijo que la ley era “un alzamiento contra las instituciones”.
Además del macrismo, Proyecto Sur y la Coalición Cívica, la iniciativa sumó el respaldo del radicalismo en pleno.

Fuente: Clarín