La defensa del vicepresidente Amado Boudou anunció que la semana próxima apelará ante la Cámara Federal el procesamiento dictado por el juez federal Ariel Lijo por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública con el fin de adquirir de manera ilegal la ex Ciccone Calcográfica. Con reproches a la instrucción realizada por el magistrado, que también procesó a su amigo y socio José María Núñez Carmona; al titular de The Old Fund, Alejandro Vandenbroele; al fundador de la empresa, Nicolás Ciccone; a su yerno Guillermo Reinwick y al jefe de asesores de AFIP, Rafael ResnickBrenner, los abogados Diego Pirota y Eduardo Durañona aseguraron que Lijo “no ha fundado su decisión en pruebas de la causa, sino que sólo ha tejido una novelada conjetura basada en ciertos relatos periodísticos”.

El mismo camino hacia la Cámara, una vez que las partes sean notificadas, anticipó el abogado Maximiliano Rusconi, que representa a Ciccone, quien aseguró que la acusación por “cohecho activo” contra su defendido es un “escándalo procesal pocas veces visto, una nueva forma de tortura”. Rusconi fue más allá y sostuvo que “no hay un solo lugar” del proceso “donde no haya una violación normativa” y volvió a insistir en que la familia Ciccone fue “víctima” de toda la maniobra. Muy crítico, el abogado sostuvo que el juez utilizó los argumentos de las declaraciones testimoniales brindadas en su momento por Ciccone y su yerno para sostener la acusación que derivó en su propio procesamiento. En rigor, en varios tramos del relato, el juez consideró la declaración de algún integrante del clan Ciccone para validar la de otro de los integrantes de la familia fundadora. De esta manera eludió, en parte, apoyarse en las declaraciones como testigos de los ahora procesados pero siguió el hilo conductor de las instancias en que dijeron haber participado para negociar la venta de la empresa.

La defensa de Boudou apuntó que Lijo “sólo ha dedicado la resolución a narrar una historia fabulada y convenientemente acomodada a causar un perjuicio antijurídico a las personas que el magistrado interesadamente seleccionara”. Los abogados sostuvieron además que “ha negado la oportunidad a las partes a que sean debidamente escuchadas, no sólo al impedir sus declaraciones, sino al hacerlo de un modo formal y simulado”. De todas formas, no adelantaron cuáles serán los ejes del planteo ante la instancia superior en la que atacarán la resolución de Lijo a partir de lo que, consideraron, son una serie de “inconsistencias” que remiten a aspectos técnicos de la causa y de la valoración de la prueba. Pirota y Durañona aseguraron también que esta decisión de procesar al vice ya estaba tomada al momento de considerar su primer llamado a indagatoria, lo que dejó pendiente también la ampliación de la indagatoria solicitada el mismo viernes, horas antes de que, casi al filo de la medianoche, se diera a conocer la decisión del juez. “Esta resolución va dirigida a los periodistas, no a los abogados de la causa. Está redactada para los medios sin interesar lo que las partes digan”, agregó Pirota en declaraciones al programa Inimputables de Radio América, donde también sostuvo que “es muy fácil defender a Boudou desde lo jurídico, (pero) el problema es que lo jurídico no cuenta”.

En tanto, el fiscal de la causa Jorge Di Lello se mostró satisfecho con la decisión de Lijo de avanzar en el procesamiento de los implicados, a pesar de haber tenido desde hace meses roces con el juez, desde que consideró a los Ciccone como testigos del expediente. “Lo que ha hecho Lijo es separar en etapas las resoluciones de mérito y creo que con buen sentido, porque por diversos motivos esta causa había concentrado un interés general en la sociedad y debía de alguna manera darle solución”, evaluó Di Lello, quien indicó que ahora la causa ingresará en una etapa de apelaciones y revisión. “Más allá de que (Boudou) no figurara entre los miembros de The Old Fund”, que tomó control de Ciccone, “no era necesario que figurara porque había demasiados indicios de su participación”. Por otra parte, el fiscal se refirió a la causa por presunto enriquecimiento ilícito que también se sigue contra el vicepresidente y vaticinó que “para septiembre u octubre puede haber elementos suficientes para ver si el licenciado Boudou puede dar explicaciones sobre sus fondos”, lo que, en síntesis, constituyó el anticipo de que el vicepresidente será nuevamente convocado a indagatoria, acusado también por haberse enriquecido indebidamente mientras era funcionario.

El magistrado puso especial énfasis en los entrecruzamientos de llamados, los que utilizó para apuntalar la hipótesis delictiva que desarrolló en las 333 páginas de su resolución.Para las defensas, ese será uno de puntos de objeción que se planteará ante la Cámara por lo que entienden que fue una utilización arbitraria de las constancias que se exhiben en el expediente, ya que no están identificados los interlocutores, sino la titularidad de algunos abonados. La necesidad de una pericia que, en profundidad, pueda dar cuenta de esos cruces en los momentos en los que el juez determinó que se estaban llevando a cabo las negociaciones para que el paquete accionario de Ciccone pasara a ser de The Old Fund es uno de los elementos que podrán ser planteados.

En el mismo movimiento, Lijo se desligó del tramo de la investigación que más lo incomodaba: la ruta financiera que permitió el salvataje de la empresa en el proceso de quiebra y su posterior puesta en funcionamiento para obtener contratos con el Estado para la impresión de billetes. Sostuvo, en primer término, que a pesar de tener aristas que aún no fueron confirmadas por la vía judicial sobre el recorrido y origen del dinero que permitió la inyección de fondos, se trata de una cuestión lateral al delito que dio por probado. Deslindó parte de la responsabilidad en la fiscalía que comanda Di Lello al mencionar que ese tramo de la pesquisa estuvo delegada hasta febrero pasado. De todas formas, puso en duda los documentos aportados a la causa por Vandenbroele que certifican la participación de Raúl Juan Pedro Moneta como el financista y dejó abierta la posibilidad a que fueran documentos “antedatados”, utilizados como una “vía de escape” una vez que el caso tomó estado público y como una suerte de encubrimiento de la maniobra. La propia Cámara había señalado la necesidad de evacuar dudas sobre el giro financiero cuando el juez dispuso el adelantamiento de las indagatorias, inicialmente previsto para mediados de julio.

Un punto que el juez dejó en suspenso es la presunta responsabilidad de Guido Forcieri, ex jefe de Gabinete del Ministerio de Economía cuando Boudou estaba al frente. Le adjudica la responsabilidad de ser quien frenó, en base a una supuesta orden verbal, una licitación de la Casa de la Moneda para lograr equipamiento que le permitiera ser autosuficiente para la impresión de billetes, con lo que habría liberado la posibilidad de contratar con un privado, es decir la nueva Ciccone, que para Lijo, “pertenecía” al vicepresidente. Forcieri pidió una prórroga en su indagatoria debido a las funciones que ocupa ante el Banco Mundial y el juez decidió corroborar los argumentos mediante oficios que libró para dar cuenta de cuándo podría declarar.

Rusconi
“Esta resolución es un escándalo procesal pocas veces visto, una nueva forma de tortura. No hay un solo lugar del proceso donde no haya una violación normativa.”

El dato
Actividad
El vicepresidente Amado Boudou continuó con su visita oficial a Cuba. Ayer mantuvo una reunión de trabajo con funcionarios del gobierno de la isla caribeña.

Pirota
“La resolución está redactada para los medios sin interesar lo que las partes digan. Es muy fácil defender a Boudou desde lo jurídico, el problema es que lo jurídico no cuenta.

Di lello
“Lo que ha hecho Lijo es separar en etapas las resoluciones de mérito y creo que con buen sentido. La causa había concentrado un interés en la sociedad y debía darle solución.”

Fuente: Tiempo Argentino