Es un proyecto “preliminar” de más de 70 páginas al que tuvo acceso Tiempo. Pone el foco en el crecimiento “sustentable” y la consolidación del empleo con un rol vigoroso del Estado. Propone avanzar hacia un agresivo proceso de sustitución de importaciones.
Aunque la presidenta Cristina Fernández de Kirchner aún no definió cuál será su candidato a presidente en las próximas elecciones nacionales, el kirchnerismo puro ya está trabajando en un plan de desarrollo que garantice la continuidad del modelo que se puso en marcha en 2003. Los ejes centrales del proyecto son los mismos que delinearon las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner aunque también ponen de relieve subprepticiamente el aprendizaje de los errores y aciertos que se observaron durante los últimos 12 años.
Bajo el título de “Hacia una Política de Desarrollo Económico Argentino. Situación actual y desafíos de un plan integral”, el trabajo coloca el acento en la necesidad de ampliar el “impulso de demanda permanente para permitir el crecimiento del producto y el empleo”.
Este informe “preliminar” contiene precisiones respecto de cuáles son los ejes que se deben tomar en cuenta para garantizar una mejora en la oferta productiva y subsanar uno de los problemas fundamentales e históricos de las economías emergente: las dificultades para conseguir las divisas necesarias que abran el camino hacia el desarrollo.
El trabajo de más de 70 páginas fue coordinado por la economista del Frente para la Victoria (FPV) Fernanda Vallejos y contó con una concienzuda investigación de los especialistas Fabián Amico y Alejandro Fiorito. Los tres mantienen una aceitada relación con el ministro de Economía Axel Kicillof y su par de Planificación, Julio De Vido, lo mismo que una cercanía política con el presidente de la Cámara de Diputados y precandidato presidencial por el kirchnerismo, Julián Dominguez.
A lo largo de todo el trabajo se hace hincapié en la importancia del rol del Estado como regulador del crecimiento y la distribución del ingreso.
Redactado en un lenguaje técnico pero muy sencillo de entender, el informe plantea la necesidad de avanzar hacia un proceso de sustitución de importaciones más agresivo que revierta la relación entre las impo y las expo industriales que entre 2002-2011 favorecieron ampliamente a las primeras, que crecieron un 826% contra un 337% de las segundas. Acto seguido advierte que “las divergencias entre los crecimientos de punta a punta (2002-2011) del nivel de importaciones y exportaciones, en valor, no son sostenibles en el largo plazo si lo que se desea es mantener elevadas tasas de crecimiento, como las observadas en los dos últimos lustros.”
La idea de remplazar importaciones por producción local refleja, al menos desde lo conceptual, un quiebre en lo hecho hasta ahora porque propone una sistematización con criterios más precisos en el que integran a los segmentos más dinámicos. La industria ya no aparece como un sujeto único sin diferenciación sino que comienza a otorgársele un tratamiento especial a aquellos que segmentos que cuentan con mayores posibilidades de crecer y transformarse en los tractores del desarrollo.
“La sustitución de importaciones no es ni más ni menos que un instrumento para poder mantener de forma continua el crecimiento del aparato productivo. Implica que el patrón de importaciones no puede dejarse a la arbitrariedad del mercado y sin coordinación dinámica ni planeamiento estatal”, señala el trabajo.
En sus considerandos, Vallejos-Amico-Fiorito puntualizan cuales son los ejes centrales para crear condiciones que garanticen “un crecimiento sustentable.”
El informe se presenta dividido en tres capítulos; las actividades directas del Estado en punto a sostenimiento de demanda, el tema energético y un tercer ítem “que se aboca a la descripción sectorial”.
Entre uno de los puntos centrales, el proyecto prevé la constitución de un banco de desarrollo que permita “dirigir el crédito industrial en moneda doméstica articulándose con organismos y empresas del Estado que realizan compras y las coordinan con la inversión pública.” En este sentido, impulsa la utilización del poder de compra del Estado “como focalizador de demandas específicas y desarrollo industrial”.
En definitiva el objetivo de aprovechar en su máxima expresión el poder de compra del Estado apunta a impulsar “un aumento de los mercado domésticos de producción, ingeniería, ciencia y tecnología” y a “generar un desarrollo de proveedores, englobando un proceso de aprendizaje a largo plazo y reconstruir el tejido industrial”.
También puntualiza la necesidad de concederle al sector público una mayor relevancia en la política económica al indicar que “el poder de compra estatal en sectores relevantes, el conocimiento acabado de la matriz de insumos de la Argentina son herramientas fundamentales para poder programar y planear el crecimiento con sustentabilidad externa”. En este marco se propone expresamente avanzar hacia una nueva ley de Compre-Nacional. La normativa vigente establece la obligación de la Admnistración Pública, concesionarios, permisionarias de obras y servicios públicos de dar preferencias a la contratación de bienes y servicios a las empresas de origen nacional, concediendo preferencias a las pymes. Los concursos y licitaciones le otorgan a las pequeñas y medianas empresas una ventaja de entre el 5 o 7% en los precios a la hora de definir la adjudicación respecto del importado.
Sin embargo, el proyecto económico de continuidad K propone hacer abarcativo el compre nacional a aquellos sujetos económicos que reciben fondos del Tesoro Nacional para su operación (sean municipios, provincias, concesionarias de servicios, empresas privadas ejecutoras donde el financiamiento principal proviene del Estado. Además, el proyecto K sugiere la necesidad de elevar el margen de preferencia para la industria nacional situándolo por arriba del 5-7% actual con el fin de compensar la mayor capacidad de financiamiento de las multinacionales extranjeras. También está prevista la adhesión de las provincias a este proyecto de Compre Nacional.
En otro orden de cosas, el informe sugiere dos propuestas de carácter innovador. Por un lado, la creación de una Agencia Técnica (en condición de ente autárquico) para atender grandes compras gubernamentales y proyectos especiales de infraestructura cuyo propósito sea desarrollar y consolidar “empresas públicas u organismos específicos como motor de desarrollo”, entre los que mencionan al INVAP, el ARSAT, la CNEA, entre otros. En este mismo marco, también propone afianzar y crear empresas estatales u organismos especializados, a fin de “garantizar” las demandas en áreas claves y “preservar el interés nacional en mercados específicos, tales como la energía (YPF, Nucleoeléctrica SA, CNEA, etc.), defensa (Fabricaciones Militares), industria naval (Tandanor, Complejo CINAR), actividades aeroespaciales y de telecomunicaciones (INVAP, CONEA, ARSAT)”.
El informe también toca algunos aspectos sensibles que hasta ahora sólo se tocaron discursivamente en el gobierno como la necesidad de reformular la relación entre las compañías foráneas y la Argentina. En este campo, el paper propone reformular la Ley de Inversiones Extranjeras (21.382) con el propósito de “potenciar la participación de la industria nacional en las inversiones greenfield y las actividades posteriores”.
En otro tramo, Vallejos y su equipo avanzan en una segunda etapa en materia de política industrial al identificar los sectores fabriles claves con el fin confeso de diseñar una “estrategia de desarrollo y productividad basada en una mayor competitividad”. Para ello dividen a la industria en “sectores motorizantes, sectores estratégicos y pivotes”.
El informe define a los sectores motorizantes como aquellos que demandan una gran cantidad de insumos de otros sectores y al mismo tiempo proveen de insumos a muchos otros. En este campo incluye a la industria automotriz, la petroquímica, la metalmecánica, la aeronáutica, la generación de energía, la industria de la defensa, Internet y las tecnologías de información. “La característica común de los mismos es que son nodos a partir de los cuales puede expandirse la producción manufacturera”, puntualiza el trabajo. Otro de los elementos diferenciales de este tipo de industria motorizante es que favorecen la “aparición de un gran número de industrias subsidiarias, sin las cuales el proceso de producción no podría concretarse”.
En tanto a los sectores denominados como “estratégicos” se los define como aquellos “con capacidad de ejercer influencia más allá de sus “fronteras”, por lo cual pueden afectar en todo momento (en una medida significativa) a la política industrial que se intenta llevar adelante”. Entre los sectores estratégicos, el informe ubica a la construcción, la generación de energía, la producción de carne vacuna (dado el patrón cultural de la canasta alimentaria argentina), la industria ferroviaria y servicios de transporte, la extracción y producción de ciertos minerales y metales básicos como el hierro, acero, aluminio, petróleo y el uranio. También se posicionan dentro de este rango a la industria química, de medicamentos y la biotecnología.
Los “pivotes estratégicos”, en tanto, son sectores industriales “cuya importancia se deriva no de su participación en el producto total sino más bien de su situación económica sensible y de las consecuencias que su potencial vulnerabilidad o subdesarrollo provoca en el resto de la economía y el crecimiento económico”. Los pivotes estratégicos tienen un mayor impacto como imán en el mercado de divisas para “facilitar el desarrollo de otros sectores productores a nivel nacional”.
Exportaciones agroindustriales.En uno de los tramos, el proyecto K de desarrollo también se sumerge en la histórica problemática que tiene el país para eludir las trabas no arancelarias que impiden el ingreso de productos argentino en los mercados de los países desarrollados. En este sentido, hace un paréntesis y plantea la necesidad de darle un mayor protagonismo al departamento de promoción de exportaciones de la Cancillería y a la Fundación Exportar con el objeto de evitar las restricciones fitosanitaras. En este sentido, sugiere incorporar un departamento y contar con laboratorios y centros de investigación nacionales, que se aboquen a la promoción de exportaciones y ayuden a los exportadores a cumplir con estándares y requisitos de calidad a nivel internacional. Este tipo de apoyos a los exportadores contaría con el respaldo financiero del Estado.
Con respecto a los distintos sectores industriales, la iniciativa pone el acento en los siguientes segmentos.
Industria automotriz. Una de las principales preocupaciones que los expertos reflejan en el informe es la de reducir el déficit de unos U$S 9000 millones que viene arrastrando el sector automotriz en los últimos años. Para ello propone un incremento de la integración regional aumentando el contenido regional exigible del 60 al 70%, contemplando que ese diferencial de 10 puntos se reparta por partes iguales entre la Argentina y Brasil. Además, impulsa un incremento del arancel externo común que permita llevarlo al 24 por ciento. En otro párrafo, reconoce la necesidad de revisar el Régimen de Aduana Factoría (RAF), que permite la importación de autopartes libre de impuestos “hasta tanto se determine su uso y destino, a efectos de garantizar los controles adecuados e incorporarle requisitos de integración nacional a los usuarios”.
Cambios en el régimen de Tierra del Fuego. En idéntica situación coloca al régimen de productos de electrónica que se ensamblan en Tierra del Fuego, que constituyen otro de los pilares del déficit industrial que representan un saldo en rojo que ronda los U$S 5000 millones anuales. De hecho, este año el ministerio de Industria ya le garantizó al sector divisas disponibles por casi U$S 2800 millones. “Este modelo industrial ha tenido resultados escasos en materia productiva, no ha generado capacidades tecnológicas sustanciales a nivel local y el ahorro de divisas resulta desproporcionado respecto al monto de recursos fiscales que consume el régimen (en torno a $ 15 mil millones anuales)”, admite el trabajo. Sin embargo, propone a su vez dejar de priorizar “la electrónica de consumo masivo” ya que se trata de una industria muy influenciada por las economías de escala, donde China y los países del Sudeste Asiático concentran la mayor parte de la producción mundial”. En este sentido, el proyecto sugiere definir una estrategia dirigida a la industria electrónica no vinculada a productos masivos sino a nichos de mercados complementarios o a proyectos específicos “que incluyen la actividad aeroespacial de ARSAT, la interconexión del territorio nacional mediante fibra óptica, la expansión de la infraestructura en telecomunicaciones, la implementación de normas de trazabilidad de producto en industrias sensibles vinculadas a la alimentación y la salud, la incorporación de la electrónica en industrias tradicionales como la maquinaria agrícola, los bienes de capital, la construcción, etc”.
Pero el trabajo no descarta de plano una presencia argentina en el campo de la electrónica y en algunos segmentos como el rubro de equipos de audio y video, televisores y fotografía donde “se podría llevar adelante un proceso de industrialización más genuino” y en el que el esfuerzo “debería centrarse en la apuesta a diseños propios” como ya ha ocurrido en algunos productos de la línea blanca que comprende las heladeras, lavarropas y cocinas, entre otros. “Esta estrategia probablemente debería encararse conjuntamente con algún socio regional como Brasil, a efectos de disputar el mercado regional y a partir de allí, mediante la creación de una gran empresa con marca propia, abordar la competencia mundial”, subraya el trabajo. El proyecto también le ofrece un tratamiento especial al crecimiento que ha mostrado en los últimos años la industria de los laboratorios farmacéuticos local que compiten de igual a igual con las grandes potencias multinacionales. Y propone profundizar el desarrollo del sector con el apoyo del Estado. “La inversión pública se vuelve totalmente relevante para sustentar la investigación básica y los descubrimientos de nuevos medicamentos”, indica en uno de los párrafos dedicados a este segmento.
En el último tramo, el informe le dedica capítulos especiales a otros sectores de la economía con enorme potencial como la minería, el Software, la industria de bienes de capital y la industria aeroespacial. Más allá del carácter preliminar, el proyecto intenta mostrar a un kirchnerismo activo y con propuestas para presentarse ante la sociedad como el único garante de la continuidad de un modelo socieconómico inclusivo en el mediano y largo plazo. «
El negocio hidrocarburífero y el litio en la agenda
El trabajo coordinado por Fernanada Vallejos le otorga una enorme importancia a “la producción energética como fuente del desarrollo industrial” de la Argentina. Tanto es así que una tercera parte del informe se dedica a esta temática. Según esta propuesta, el centro de una política de continuidad pro industrial debe centrarse principalmente en fuentes de energía producible en el país como la nuclear, hidroeléctrica y fundamentalmente el desarrollo del petróleo convencional, y no convencional que tiene como centro de atención a la región hidrocarburífera de Vaca Muerta. Pero la propuesta destaca el potencial energético de la argentina tomando en consideración las cadenas de valor y de desarrollo que podrían surgir a partir del negocio hidrocarburífero.
También destaca la posibilidad de alcanzar acuerdos de sociedad binacionales entre la Argentina y Brasil “reforzando la integración sudamericana, para que YPF en asociación con Petrobras (empresa número uno en la producción de petróleo offshore) pueda iniciar la exploración y producción de petróleo crudo en todo el mar argentino”, puntualiza en otro tramo este trabajo. En el corazón de la propuesta siempre está presenta la necesidad de eliminar cuanto antes el déficit energético que el año pasado le costó al país alrededor de U$S 7000 millones, aunque el debate profundo se coloca en la instauración de políticas de largo aliento que se concatenen con el resto de la industria. Además, también ponen sobre la mesa la necesidad de que la Comisión Nacional de Energía Atómica y el INVAP impulsen de forma más decididad la expansión de la energía nuclear en la matriz energética. “Hay que aprovechar eslabonamientos con la industria siderúrgica y la capacidad de dominancia de toda la fase de producción de Uranio”, señala el informe tomando como referencia una vieja idea del ministro de Planificación, Julio De Vido. Un dato interesante que se incluye en el informe es la necesidad de poner en los primeros planos la explotación del negocio del litio. Se estima que Bolivia, Chile y la Argentina concentran más de la mitad de las 40 millones de toneladas de litio que se encuentran hundidas en el planeta, pero para nuestro país se trata de un negocio casi desconocido y con un potencial económico inimaginable.
Fuente: Tiempo Argentino
