Los gobiernos de Ciudad y Nación ultiman detalles para el cambio de mando de la principal fuerza policial que opera en la capital.

En enero se concretaría el traspaso de la Policía Federal al gobierno porteño. Las negociaciones están focalizadas en los aspectos técnicos y jurídicos de la operación. En lo inmediato, reconocieron fuentes oficiales, no habrá cambios sustanciales en el funcionamiento policial ya que las dos fuerzas (Federal y Metropolitana) coexistirán en la Ciudad por lo menos cuatro años más.

“Es un proceso largo, complejo, que tomará su tiempo”, dijo a Diario Z una fuente que participa de las negociaciones. ¿Qué cambiará entonces? En principio, el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, será el responsable de las políticas de seguridad y dirigirá la policía más numerosa que opera en su territorio.

Un tercio de las fuerzas federales pasan a la Ciudad: son 21 mil de un total de 60 mil. El traspaso se hará con recursos que rondarían los 10 mil millones de pesos.

El gobierno porteño se hará cargo de la administración de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana, de la que dependen 54 comisarías. También de la Superintendencia de Bomberos, algunas divisiones de Investigaciones y la Policía Científica.

La Federal es reacia al traspaso y esto explica que no se unifique inmediatamente con la Metropolitana y mantengan el nombre, los colores y el uniforme. También mantendrán el control sobre la caja previsional y la obra social. Es más, una opción para evitar los roces es crear una nueva policía, con otra organización.

La administración política de todo el aparato policial (Federal y Metropolitana, que tiene 8 mil hombres) quedará en manos del ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad, Martín Ocampo. El resto de los policías federales que no formarán parte del traspaso, quedarán bajo la órbita del ministerio de Seguridad de la Nación, que encabeza Patricia Bullrich. Allí se está planificando la creación de una gran agencia nacional de investigaciones, similar al FBI, que tendrá jurisdicción sobre delitos federales, como el narcotráfico y el terrorismo.

También falta definir algunas cuestiones legales. Si bien no es necesaria una ley nacional, ya que la ley Cafiero fue derogada, la Legislatura porteña debería “aceptar” el traspaso con la aprobación de un convenio. Con las sesiones ordinarias ya culminadas, se baraja la posibilidad de llamar a una sesión especial para tratar dicho proyecto.

Fuente: Diario Z