El Senado de Brasil aprobó ayer una reforma constitucional que limita el gasto público en los próximos 20 años, una de las medidas de ahorro más controvertidas del gobierno conservador de Michel Temer.

La Cámara alta aprobó en segunda instancia con 53 votos a favor y 16 en contra la principal reforma de Temer, avalda ya por la Cámara de Diputados. El jueves, el presidente del Senado, Renán Calheiros, deberá promulgar la reforma constitucional.

El Senado aprobó la enmienda constitucional que modifica la Carta Magna de 1988 e incorpora el techo del gasto público al orden jurídico del país, algo que podrá modificarse apenas por el jefe del Estado que se encuentre gobernando el gigante sudamericano en 2027.

Justamente la encuestadora Datafolha informó que seis de cada diez brasileños rechazan el proyecto por considerarlo peligroso para los servicios básicos como salud y educación, un repudio que fue hecho visible en manifestaciones en Brasilia, Porto Alegre, San Pablo, Río de Janeiro, Belo Horizonte y Fortaleza.

El proyecto aparece en medio de la crisis política con la denuncia de que el propio Temer le pidió unos 3 millones de dólares para su partido al hoy detenido ex presidente de la constructora Odebrecht, Marcelo Bahía Odebrecht, parte de un escándalo que involucra a decenas de senadores que votaron a favor del recorte del gasto.

El gobierno argumenta que el proyecto del ministro de Economía, Henrique Meirelles, cuestionado por la ONU debido a que involucra a las partidas presupuestarias salud y educación, será para revertir el déficit primario (ingresos menos gastos presupuestarios) que el propio Temer elevó a 170.000 millones de reales, (unos 45.000 millones de dólares), el doble del que había proyectado la destituida Rousseff. En ese marco, para salud y educación el congelamiento se aplicará a partir de 2018. El salario mínimo, que durante 13 años tuvo actualizaciones por encima de la inflación, también será sometido al techo del gasto.

La reforma impone un techo anual para el gasto público a partir de 2017, orientándose en la tasa de inflación de los 12 meses anteriores.

Temer había hecho de la enmienda constitucional uno de sus proyectos estrella desde que asumió formalmente la presidencia de Brasil, el 31 de agosto. Con la medida, el Ejecutivo de Temer espera frenar el fuerte déficit público, que este año alcanzará los 169.000 millones de reales (50.000 millones de dólares), según el Palacio de Planalto.

La reforma generó el rechazo de la mayoría de la población. En Brasilia y en San Pablo, el corazón financiero del país sudamericano, hubo protestas. Según una encuesta publicada este domingo por la empresa Datafolha, un 60 por ciento de los brasileños se opone a la medida.

Pese a conseguir una amplia mayoría en el Congreso, la reforma obtuvo ayer menos apoyos que en la primera votación en el Senado el 29 de noviembre, cuando 61 legisladores votaron a favor del PEC 241, como se conoce a la controvertida iniciativa en Brasil.

Temer ha convertido su paquete de austeridad y de recortes en uno de los pilares de su plan de gobierno para reanimar la economía brasileña. El país sudamericano cerrará 2016 previsiblemente con un déficit de más del tres por ciento de su Producto Bruto Interno (PBI) por segundo año consecutivo.

El mandatario, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, estará en el cargo hasta finales de 2018, cuando finaliza el segundo mandato para el que Rousseff fue reelegida en 2014. El líder conservador ha señalado en varias ocasiones que no se presentará a las próximas elecciones presidenciales.

La mayor parte del Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB) de Temer y el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) del ex presidente Fernando Henrique Cardoso, que dominan la coalición oficialista, también trabaron una propuesta del Partido de los Trabajadores y el resto de la izquierda opositora.

El gobierno se puede dar por satisfecho, según los analistas, porque en el medio de la crisis política y de corrupción logró más de los 49 votos necesarios, aunque lejos de los 69 que había logrado a inicios de noviembre, en la primera votación de la Cámara alta.

“Aprobamos el texto, ganamos, eso es lo importante: en medio del vendaval, no dimos señal de debilidad”, dijo el líder del bloque oficialista, Riomero Jucá, ex ministro de Temer y denunciado por corrupción por recibir unos 7 millones de dólares de la empresa Odebrecht.

En su réplica, la senadora Fátima Bezerra, del Partido de los Trabajadores (PT), advirtió que “lo que se comete aquí es un delito de lesa patria, porque están condenado a la mayoría de la población a congelar las inversiones a los servicios que usan los pobres, pero no habrá techo para pagar los intereses de la deuda pública”.

En una reunión con sindicalistas, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, procesado en tres causas por supuesta corrupción y favorito en las encuestas para nuevas elecciones, dijo que los proyectos del gobierno, como la reforma previsional, “se remontan a la época de la esclavitud”.

El bloque oficialista encontró dos grietas en torno de Temer: primero, el gobernador de San Pablo, Geraldo Alckmin, presidenciable del PSDB, criticó la enmienda al afirmar que “el presupuesto de salud no va a cerrar, porque estará actualizado por la inflación y es un sector ampliamente dolarizado”. “Hay que cortar de otro lado”, dijo Alckmin, abriéndose del gobierno en el momento de mayor fervor del equipo económico, que no logra sacar al país de la recesión.

En el remolino de escándalos, también aparecieron con fuerza presiones para convocar a elecciones anticipadas, algo que puede ocurrir hasta el 31 de diciembre, mitad del mandato original de Rousseff; caso contrario, el Congreso debería elegir un mandatario hasta 2018.

Fuente: Página 12