La justicia confirmó que los familiares de funcionarios podrán ingresar al blanqueo de capitales encarado por el Gobierno.

La jueza en lo Contencioso Administrativo María Alejandra Biotti rechazó una acción de amparo impulsada por el diputado del Frente Renovador Felipe Solá, quien había argumentado que, con la posibilidad de que se incorporaran familiares de funcionarios, la reglamentación de la ley de blanqueo estableció algo que la norma votada por el Congreso había vedado expresamente.

Solá aspiraba a la declaración de “inconstitucionalidad” del decreto que reglamentó la ley porque, entendió, implicaba de hecho que el Poder Ejecutivo asumiera facultades legislativas.

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La jueza Biotti no avanzó sobre los argumentos del diputado sino que consideró que, pese a su condición de legislador nacional, no estaba legitimado para promover la acción judicial.

“La mera condición de ciudadano y de legislador no le otorgan legitimación suficiente para solicitar ante la Justicia la declaración de inconstitucionalidad de una norma que no le agravia de manera expresa y concreta”, sostuvo la jueza.

El abogado que patrocinó a Solá, Martín Yañez, ya apeló el fallo.

La inclusión de los familiares de funcionarios públicos al blanqueo de capitales, que pese a haber sido prohibida en la ley tras una dura discusión en las Cámaras fue posteriormente introducida en el decreto reglamentario, ya le había traído dolores de cabeza al gobierno. El fiscal federal Guillermo Marijuan imputó al presidente Mauricio Macri, al jefe de Gabinete Marcos Peña, y al ex ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat-Gay, bajo la sospecha de “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos”.

Fuente: Clarín