La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su “preocupación” por el endurecimiento de la política migratoria impuesto por decreto por el presidente Mauricio Macri , que el Gobierno defendió como una herramienta más para combatir el crimen.

El secretario Ejecutivo de la CIDH, Pablo Abrão, dijo que, antes del decreto de Macri, la legislación migratoria de la Argentina había sido distinguida por la comisión y puesta ante el resto de la región como un modelo a seguir. El giro, señaló, ofrece una “mirada más restrictiva” que ha generado, cuando menos, inquietud.

“Es un tema que llama mucho la atención de la comisión porque la comisión siempre ha valorado la legislación migratoria argentina como un modelo para la región, que ha contaminado positivamente a otros países”, afirmó Abrão en un encuentro con periodistas de la región del que participó LA NACION. “La comisión está un poco preocupada”, agregó.

La comisión puso la iniciativa de Macri junto a las políticas migratorias de Donald Trump, como la construcción de un muro en la frontera con México y la ampliación de las deportaciones: al igual que el decreto de Macri, esas medidas también provocaron el llamado a una “audiencia de oficio”, de las que sólo hay un puñado cada año.

Con un decreto de necesidad y urgencia, el Gobierno modificó la ley de migraciones para restringir el ingreso, cancelar la residencia y acelerar la deportación de extranjeros que hayan cometido delitos. “No podemos permitir que el crimen siga eligiendo a la Argentina como un lugar para venir a delinquir”, dijo Macri a principios de año, en una conferencia de prensa en la que defendió la iniciativa. “Nuestro objetivo es cuidar a los argentinos”, agregó.

El giro provocó un rápido malestar en los gobiernos de Bolivia y Paraguay. “Hermanos presidentes latinoamericanos, seamos #PatriaGrande. No sigamos políticas migratorias del Norte. Juntos por nuestra soberanía y dignidad”, escribió al conocerse el decreto el presidente de Bolivia, Evo Morales, que en abril se reunirá con Macri.

Ahora, la nueva política migratoria será puesta bajo la lupa de la CIDH en una audiencia “de oficio”. Abrão dijo que necesitan conocer el “alcance que pretende el Gobierno con estos cambios”.

La audiencia se realizará el 20 de este mes, el mismo día en que también se tratarán las denuncias sobre represión de la protesta y de la sindicalización en Jujuy, que involucran a Milagro Sala. Estarán en la CIDH miembros de varias organizaciones de derechos humanos de la Argentina y funcionarios del gobierno nacional. Todavía no está definido si viajará alguien desde la Argentina.

Las audiencias son uno de los instrumentos centrales del trabajo de la CIDH: permiten darles visibilidad a las violaciones de derechos humanos en la región y marcar las prioridades de la comisión. Las postulaciones surgen de la sociedad civil. Pero cuando la CIDH quiere poner un tema sobre la mesa actúa “de oficio”. El decreto de Macri provocó una de las cinco audiencias de oficio de este año.

La comisión convocó a otra audiencia de oficio para discutir las propuestas de Trump de construir un muro en la frontera con México; la ampliación de las deportaciones de extranjeros indocumentados y las nuevas restricciones para ingresar al país para ciudadanos de seis países mayoritariamente musulmanes, un decreto conocido con el nombre de “prohibición musulmana”, y la flexibilización de los estudios ambientales para proyectos de infraestructura.

Este año habrá otras tres audiencias de oficio. En una se hará el seguimiento de la investigación sobre la desaparición de los estudiantes mexicanos de Ayotzinapa; otra evaluará la situación del pueblo Rapa Nui en Chile, y la tercera, regional, discutirá la situación de los derechos de las personas que integran la comunidad de lesbianas, homosexuales, bisexuales, transexuales e intersexuales.

Fuente: La Nación