Seis años y medio después de que estallara el caso, el exvicepresidente Amado Boudou fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión, de cumplimiento “inmediato”, en la causa por la compra de la imprenta Ciccone Calcográfica.

El proceso oral comenzó el pasado 3 de octubre y, además de Boudou, fueron juzgados su amigo, el empresario José María Núñez Carmona; el abogado Alejandro Vanderbroele, titular de The Old Fund; a Rafael Resnnick Brenner, jefe de asesores de la AFIP; Guido Forcieri, exfuncionario del Ministerio de Economía; y Nicolás Ciccone, antiguo dueño de la empresa.

El exvicepresidente fue condenado por negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho. También fue condenado Núñez Carmona a 5 años y seis meses de prisión, mientras que Vandrebroele recibió dos años en suspenso y tres de tareas comunitarias.

Según la acusación, mientras ocupaba el cargo de ministro de Economía, Boudou -a través de su amigo Carmona y el abogado Vandenbroele como intermediarios- se interesó por la adquisición del 70 por ciento de las acciones de la quebrada compañía encargada de la impresión de papel moneda, por lo que puso en marcha su salvataje.

Los jueces encontraron a Boudou “autor penalmente responsable de los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública” y lo condenaron a la pena de 5 años y 10 meses, inhabilitación especial perpetua y una multa de 90 mil pesos.

Tras la lectura del fallo, Boudou saludó a Núñez Carmona y a sus abogados y fue esposado para su inmediato traslado a la Unidad 29, alcaldía de Comodoro Py.

Antes del veredicto, el ex compañero de fórmula de Cristina Kirchner había brindado por la mañana sus últimas palabras: “Estoy acá”, dijo para rechazar que existiera peligro de fuga y anticipándose a la orden de detención.

“Hay un relato construido en este juicio. Muchas cosas se desbarataron”, sostuvo Boudou y ratificó: “Jamás negocié por mí o terceras personas el 70 por ciento del paquete accionario de Ciccone”.

El ex titular del Senado volvió a cuestionar el proceso que -según dijo- tuvo “cuestiones extrañas desde un inicio” y buscó desestimar la acusación por cohecho: “Si hubo cohecho, acá falta la persona que pagó. El supuesto cohecho no tiene ningún asidero porque nunca existió”, analizó.

Boudou, además, vinculó el caso Ciccone a una supuesta reprimenda por su decisión de estatizar las AFJP: “Acá también hay una cuestión de revancha de clase, de aleccionar, de que nadie se tiene que animar a cambiar las cosas. Los políticos que deciden cambiar la realidad son perseguidos. Primero desde el punto de vista mediático, luego desde el sistema de justicia”, cerró.

Su amigo, el empresario José María Núñez Carmona también habló y dijo que era “descabellado” el pedido de detención en su contra hecho por la UIF, al que tildó de “acto político”. “Yo siempre estuve a derecho, me parece disparatado”, remarcó el empresario.

La defensa de Boudou había pedido suspender la lectura del veredicto, al argumentar que el presidente del tribunal, Pablo Bertuzzi, no podía intervenir atento a la apelación que había presentado ante la Corte Suprema de Justicia ante el rechazo a una recusación, lo que fue finalmente rechazado por el tribunal.

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Amado Boudou: cinco años y diez meses de prisión, con inmediata detención, por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública.

José María Núñez Carmona: cinco años y seis meses de prisión, con inmediata detención y multa de $ 90.000.

Nicolás Tadeo Ciccone: cuatro años y seis meses, con multa de $ 90.000 y pago de costas, con inmediata prisión domiciliaria.

Alejandro Vanderbroele: dos de prisión en suspenso, con multa de $ 90.000 y tres años de tareas comunitarias no remuneradas en favor de una institución de bien púbico, a razón de 40 horas mensuales, fijar residencia y someterse al cuidado de un patronato.

Rafael Resnick Brenner: partícipe necesario de los delitos de tres años en suspenso, inhabilitación especial perpetua y costas, más tres años de tareas comunitarias no remuneradas en favor de una institución de bien público, 40 horas mensuales, fijar residencia y someters al cuidado de un patronato.

Guido Forcieri: como partícipe necesario del delito de negociaciones incompatibles con la función pública, condenado a dos años y seis meses de prisión en suspenso, inhabilitación perpetua y tres años de tareas comunitarias no remuneradas.

Pero además, los magistrados ordenaron la extracción de testimonios de la sentencia para averiguar la posible comisión del delito de falso testimonios de un par de testigos y de la posible participación en los hechos del empresario de Mar del Plata, Rodolfo Martín Usuna.

Los jueces que votaron la sentencia fueron María Gabriela López Iñíguez con disidencia parcial, respeto a la calificación legal de algunos condenados; Néstor Guillermo Costabel y Pablo Daniel Bertucci.

Fuente: Ámbito Financiero