La avanzada represiva del Gobierno sumó un nuevo capítulo: el Ministerio de Seguridad lanzó un programa que habilita a policías, gendarmes y prefectos a exigir el documento de identidad a cualquier persona que viaje en trenes y por cuyas características físicas pueda considerarse sospechosa de cometer o haber cometido un delito. Una reivindicación del viejo “olfato policial”, que suele husmear en el racismo y la xenofobia.

La iniciativa legaliza la presunción de sospecha por portación de cara, color de piel, vestimenta, gorra con visera o de lana, postura al pararse, modo de mirar, amague de corrida, música que escuche, forma de hablar y cuanto criterio se le ocurra al representante de las fuerzas de seguridad que quiera ampararse en la Resolución 845/2019 firmada por Patricia Bullrich.

El programa entró en marcha a través de su publicación Boletín Oficial y lleva el nombre “Ofensores en Trenes”, es decir que vigilará a personas que puedan cometer allí alguna ofensa, algo que, dicho sea de paso, no siempre implica un delito.

Los considerandos de la resolución explican que el programa tiene por finalidad “la prevención de delitos” solamente en los trenes que a diario es utilizado por 1,2 millones de trabajadores que viajan desde la provincia de Buenos Aires hacia la Capital Federal.

No es la primera vez que Patricia Bullrich focaliza sus políticas de seguridad en los trenes. Desde principios de este año, cuando lanzó el uso de las cuestionadas pistolas Táser, afirmó que uno de los lugares de utilización de esas armas serían las estaciones ferroviarias. “En los trenes, muchas veces va gente parada y el policía no tiene posibilidad de salir rápido si hay una agresión. Tiene que andar entre la gente y, en ese caso, el uso de un arma común es más complicado que una de carácter intermedio”, argumentó.

Con “Ofensores de Trenes”, los agentes quedan habilitados a solicitar a cualquier persona “la presentación del documento nacional de identidad”, cuya entrega “será obligatoria en todas las circunstancias”, según establece el texto difundido por el Ministerio de Seguridad.

Los datos de la persona serán consultados en una base de datos, y en caso de comprobarse que tiene antecedentes penales “se comunicarán a la autoridad judicial pertinente, labrándose un acta” que lo dejará a disposición de esa autoridad. Es decir que, por lo menos, quedará retenido.

Sin embargo, los trenes propiamente dichos no serán el único lugar donde los agentes, gendarmes o prefectos pedirán los DNI. También habrá control “en zonas de ingreso, egreso, tránsito y/o permanencia de personas que utilizan el transporte público en trenes de pasajeros”. Es decir que los hall de estaciones, boleterías, sectores de descanso, andenes y vagones estarán prácticamente militarizados.

Tal como lo dijo con las Táser, la cartera de Seguridad sostiene que “Ofensores en Trenes” busca “resguardar la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes” y poner la lupa en la “peligrosidad o modalidades que comprometan la libertad y la vida” de las personas.

La medida despertó una serie de críticas desde la política, las organizaciones sociales y de derechos humanos. El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, condenó la resolución que, según señaló, “se inscribe en una lógica de criminalización”. “Vamos a las estaciones porque en los trenes viajan los pobres. Vamos a pedirles documentos a los pobres para ver dónde están los delincuentes”, advirtió.

El candidato del FdT resaltó que la iniciativa es un “manotazo de último momento” del gobierno, que intenta “retener el voto que tuvo”, aquel al “que le habla Patricia Bullrich”. “Es al que le garantiza que el gobierno se equivocó cuando le dio derechos a los que están sin derechos y que terminaron tomando las calles pero ahora van a defender la clase media quitándole derechos a los que están sin trabajo”, detalló.

Para el diputado del Frente de Todos Agustín Rossi, el programa “estigmatiza lo popular” por tratarse de una medida de control que se pondrá en marcha en un transporte público masivamente utilizado por trabajadores. “Condenan penalmente la pobreza. Te van a pedir documentos y privar de la libertad por portación de cara”, cuestionó el legislador.

Es un “infame retroceso solo comparable con la dictadura”, puntualizó Rossi y se preguntó por qué la cartera de seguridad no aplica ese tipo de controles en los que viajan en transportes de uso menos popular. “¿Por qué en las estaciones de trenes y no en los aeropuertos ? ¿Por qué solo en la estación Retiro y no unos metros más allá, en el Patio Bullrich?”, planteó.

En rigor, las fuerzas de seguridad ya tenían la facultad de solicitar DNI por averiguación de antecedentes. Sin embargo, lo que hace la resolución “es masificarla de una manera tan brutal que, al meterse en una estación de trenes, va a afectar a la señora de Palermo que va a tomar el tren para visitar a la hermana en San Isidro”, ironizó la abogada de la Correpi María del Carmen Verdú. Además, recordó que “los trenes son el laboratorio de medidas represivas” que luego se generalizan. “La presencia de gendarmes en el patrullaje urbano empezó en ámbitos ferroviarios, el uso de las pistolas Táser, también”, dijo a Página/12.

Esto se debe a que “la política de seguridad del Gobierno tiene dos características: la creación de herramientas novedosas, como la Doctrina Chocobar, y la profundización al hiperextremo de la totalidad de herramientas de control que ya existían, dándole una vuelta de tuerca para masificarlas más”.

Por su parte, el sacerdote integrante de Curas en Opción por los Pobres, Juan Carlos Molina, también rechazó la medida, al sostener que apunta a “criminalizar la pobreza”. “En trenes viajan los pobres, los negros, los cabecitas. Hagan el mismo control en aviones, country y Olivos”, dijo a través de su cuenta de Twitter.

El CELS advirtió que “Ofensores en Trenes es inconstitucional. Contradice las leyes y estándares internacionales que prohíben detener a alguien, si no hay sospechas fundadas de la comisión de un delito. Tampoco se puede detener con fines de identificación. Las ‘facultades implícitas’ son ilegales. Es una medida que criminaliza a les trabajadores mediante un exceso de controles innecesarios e injustificados. Está comprobado que estas medidas ponen en riesgo los derechos fundamentales y, además, son ineficientes para prevenir delitos”.

“Esta decisión del gobierno promueve que las fuerzas de seguridad detengan con criterios discriminatorios. Esto puede dar lugar a graves violaciones a los DDHH, como lo ocurrido con la privación ilegítima de la libertad de Walter Bulacio en 1991 en el ingreso a un recital. Cuando no hay sospecha suficiente de que alguien cometió un delito, detener para identificar es inconstitucional. No importa cuánto tiempo dure el procedimiento. Así lo afirmó la Corte IDH en el caso por la detención arbitraria y la desaparición forzada de IvánTorres”, destacó el CELS.

Fuente: Pagina 12