La justicia dictó la “intervención plena” de la empresa Correo Argentino que administra la familia Macri desde hace más de 25 años. La resolución fue pedida por el Procurador de la Nación, Carlos Zannini, y la fiscal Gabriela Boquín, que había advertido por posibles maniobras de vaciamiento.
La decisión fue tomada por la jueza en los comercial Marta Cirulli que interviene en el concurso de acreedores de la compañía.
Existen dos causas, una civil y otra penal. La primera se originó por la deuda que mantenían los Macri por la privatización del Correo Argentino, que fue estatizado durante la gestión de Néstor Kirchner. La causa penal se inició por una denuncia de Boquín luego de que trascendiera un acuerdo que para la fiscal significado una quita de 98% sobre la deuda con el estado nacional.
Para la fiscal, ese acuerdo podría haberle costado al Estado más de 70 mil millones de pesos.
El convenio había sido refrendado por el ex ministro Oscar Aguad, pero nunca se puso en práctica. Macri anunció que había pedido que la causa pasara a “foja cero” tras el escándalo.
Tras la estatización del correo, la empresa perteneciente a la familia Macri continuó funcionando y a pesar de no llevar a cabo ninguna tarea, pagó cifras millonarias en concepto de honorarios por asesoramiento legal, consultoría y publicidad.
Como publicó LPO Boquin detectó irregularidades que alcanzan los 35 millones de pesos en pagos, muchos de ellos hacia empresas vinculadas a directores del correo.
El estudio Tonelli, a cargo del hermano del diputado PRO Pablo Tonelli, recibió 4,4millones de pesos por honorarios profesionales por el concurso de acreedores, entre 2004 y 2007. Consultados por LPO, dijeron que no realizarían comentarios. El estudio Romero Zapiola & Clusellas, en ese entonces integrado por el actual Secretario Legal y Técnico Pablo Clusellas, cobró poco más de 250 mil pesos por contratos entre 2003 y 2007.
Logística de Avanzada SA cobró de Correo Argentino SA entre noviembre de 2003 y febrero de 2004 más de 4 millones de pesos. Dos miembros del directorio de Logística de Avanzada SA también fueron parte de Correo Argentino SA.
Cuatro empresas vinculadas con la consultora Doris Capurro recibieron 1,2 millones de pesos de la empresa perteneciente al Grupo Macri.
En la causa penal federal que a cargo de Ariel Lijo ya fueron indagados el ex ministro Oscar Aguad, su director de Jurídicos, Juan Mocoroa, el abogado Kleidermacher y el presidente del Correo, Jaime Robirosa.
Fuente: La Politica OnLine
