“Es inadmisible que no estén imputados los policías involucrados, pasados tantos días y con las pruebas evidentes de violencia que hubo, del uso de armas con balas de goma y de plomo que usó este grupo de 15 policías, aún se ven las marcas los golpes en los jóvenes y en una señora mayor también”. Magdalena Odarda, presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) se refirió así al ataque del grupo de policías que a la familia qom Fernández-Saravia en el chaqueño barrio de Fontana, cercano a Resistencia. Hace diez días, en la madrugada, derribaron la puerta de su casa, secuestraron a cuatro jóvenes, entre ellos una menor de edad, y en la comisaría tercera los torturaron y abusaron de elles. La Secretaría de Derechos Humanos provincial es querellante, pidió la imputación y no recibió respuesta.
La comitiva del INAI también recorrió las localidades de Sauzalito, estuvo en el barrio Gran Toba -epicentro de contagiospor coronavirus en el Chaco- donde acompañó a autoridades provinciales en la entrega de alimentos y elementos de seguridad sanitaria, y se reunió con el gobernador Jorge Capitanich para dialogar acerca de la implementación capacitación para las fuerzas policiales provinciales con miras a evitar hechos de violencia como el ocurrido en Fontana. Odarda anunció la presentación del proyecto de ley de capacitación obligatoria en derecho indígena de funcionarios de los tres poderes del Estado. Algunos reconocen en esa provincia que el “toque de queda sanitario” propicia los episodios de violencia policial en la provincia.
“Como INAI pedimos la urgente imputación y el arresto de los policías, que demuestre que estamos en otra Argentina que no se va a tolerar nunca más este tipo de abusos”, dijo la funcionaria en diálogo con Página/12 desde Chaco. El vocero de la comunidad qom Daniel Rolón expresó a este diario que agradecen “la visita del INAI en las casas de las niñas atacadas, así como el apoyo de quienes ya vienen trabajando”. Rolón precisó que las dos jóvenes están recuperando de a poco sus contactos sociales. Y se comprometió a realizar un seguimiento de las promesas oficiales.
Cerca de las 4 de la mañana del 31 de mayo la horda policial , algunos con uniforme y otros de civil, patearon la puerta e ingresaron a la vivienda donde creyeron se había escondido un delincuente, y entre los gritos desesperados de Elsa Fernández, golpeada en la cara con una pistola, se llevaron de los pelos y a los palazos a cuatro adolescentes, entre ellos una menor de edad. En la comisaría al menos cinco de esos policías manosearon a las chicas y saltaron sobre sus pechos. “Ya les tiramos alcohol, ¿quién les prende fuego?”, decían para aterrorizarlos con la luz apagada.
El presidente Alberto Fernández se pronunció por Twitter : “las imágenes de violencia institucional vistas en el Chaco son inaceptables. Celebro que el Ejecutivo provincial haya apartado a los efectivos, pero debemos trabajar más profundamente en una problemática que es una deuda de la democracia”, dijo. Sin embargo, nada sucedió con los uniformados, se les quitó el arma y la insignia y fueron enviados a sus casas.
La impunidad en el caso fue el primer reclamo. Pero los Fernández-Saravia también pidieron ayuda para reconstruir su casa, cuyas puertas y ventanas fueron rotas en el ataque. “Una de las familias no tiene ni siquiera baño, se recibieron algunos colchones y mercadería pero no alcanza, y nos llevamos el pedido de la creación de una cooperativa de jóvenes por la falta de trabajo que hay en la comunidad qom de Fontana”, explicó Odarda.
Página/12 quiso saber si las familias volvieron a ser intimidados por la policía y si las jóvenes tienen la asistencia psicológica que necesitan en este caso. “Hoy hubo una reunión con el psicólogo en la Secretaría de Derechos Humanos, estuve con las jóvenes y estaban conformes con esa contención”, dijo la funcionaria sobre Rebeca Garay (foto con barbijo verde junto a Cristian Fernández) y la menor D.F.
Sin embargo, Odarda destacó que “el miedo sigue existiendo, porque mientras esos policías sigan en libertad las familias tienen temor a represalias, tienen las puertas con los muebles puestos para poder frenar que puedan entrar otra vez, en medio de una situación de suma precariedad”.
“Hay una serie de reclamos y conflictos sobre el cerramiento de algunos barrios, hoy pedimos que haya diálogo, la oposición de algunas comunidades respecto de ciertas medidas de cuarentena no se soluciona con la Policía Montada”, manifestó la presidenta del INAI. La capacitación de la policía en derecho indígena es un área prevista en la ley de seguridad democrática de Chaco pero “hay que ponerla en vigencia”.
A criterio de la funcionaria, se ha agudizado el racismo con la pandemia. “En muchas provincias se visibiliza la extrema discriminación hacia los pueblos indígenas, con el aislamiento expresiones y acciones de policías se notan más, pretendemos desde el INAI que la resolución de los conflictos no es con palos ni con armas, ni con la violación de derechos, sobre todo para las mujeres indígenas, este gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández es claro, los reclamos sociales no se resuelven con la criminalización “, expresó. Odarda ya conocía los abusos sexuales históricamente silenciados, desde que estudiaba Derecho y estuvo en el Impenetrable.
“Vimos que un policía de civil golpeaba una niña en el suelo, esto no se compadece con la Constitución y los derechos humanos, no se puede naturalizar esta violencia que deja secuelas en las almas de estas niñas”, manifestó. Ahora se lleva en la retina la imagen de la falta de agua y la pobreza extrema, junto a los golpes en los rostros de las niñas, adolescentes con marcas y cortes, los ojos hinchados, las mejillas lastimadas.
Fuente: Pagina 12
