El ex presidente Mauricio Macri pidió que no se lleve a cabo el entrecruzamiento de llamadas que había ordenado la magistrada federal María Servini en el marco de una causa que investiga supuestas presiones al Grupo Indalo durante su gobierno.

La jueza había ordenado el 6 de julio una serie de medidas de prueba, entre las que se destacaba un amplio entrecruzamiento de llamados entre Macri, los extitulares de la AFIP Alberto Abad y Leandro Cuccioli y otros imputados en la causa, a fin de establecer si había comunicaciones entre ellos en los días en los que los denunciantes afirmaron haber recibido presiones o en los que el Gobierno de Cambiemos dictó medidas que perjudicaron al Grupo Indalo.

El expresidente reclamó además que su apelación tenga efectos “suspensivos” sobre las medidas dispuestas en la causa, en la que interviene el fiscal Guillermo Marijuan, porque podría generar “perjuicios irreparables”.

“Lo dispuesto carece de la debida fundamentación y vulnera los derechos, principios y garantías de la defensa en juicio, debido proceso, mínima intervención estatal, no injerencia indebida, intimidad, proporcionalidad, racionalidad, dignidad humana y porque compromete la seguridad nacional por las características desproporcionadas, exorbitantes y abusivas que presenta“, sostuvo el exmandatario.

Otra de las cosas que pidió Macri fue acceder a copias de todo el expediente y de la eventual documentación que se pudiera encontrar reservada y que se lo exima de la de tener que presentarse en los tribunales federales de Comodoro Py a ratificar presencialmente el escrito “por el estado de excepción” en el que se encuentra la Argentina debido al aislamiento social preventivo y obligatorio.

Macri sostuvo que la medida dispuesta por Servini precisa una “urgente e imperiosa fulminación por la Alzada” (en relación a la Cámara Federal porteña) y sostuvo que de llevarse a cabo se estaría violentando su “intimidad privada y familiar”, la cual “se debe unir inescindiblemente” a su condición de expresidente de la Nación.

Cuando dispuso las medidas ahora cuestionadas, la jueza Servini sostuvo que se trataba de diligencias que “permitirán contribuir al avance de la investigación, en aras de descubrir la verdad”, y además recalcó que, en lo que va de la pesquisa, “todas las reuniones, como así también las comunicaciones” denunciadas entre imputados “fueron ratificadas a lo largo del expediente por diferentes personas”.

Servini había ordenado en primer lugar que se requieran los números telefónicos registrados a nombre de Macri, José María Torello, Nicolás Caputo, Fabián Rodríguez Simón, Mario Quintana, Javier Iguacel, Alberto Abad, Leandro Cuccioli, Martín Rappallini, Orlando Terranova e Ignacio Rosner entre enero de 2016 y agosto de 2019.

Posteriormente, solicitó los “registros de comunicaciones con activación de celdas en el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y 31 de agosto de 2019”.

Con toda esta información -dispuso- se “deberá realizar un estudio temporal/espacial con el objeto de identificar el entramado de las comunicaciones de los abonados” y “sus interlocutores (comunes, frecuentes y los que surjan de los informes”, y entrecruzarlos además con los teléfonos de quienes habrían recibido llamados vinculados a la situación del Grupo Indalo.

En la resolución, la jueza aludió sobre todo a comunicaciones a partir de eventos determinados que se iniciaron el 13 de marzo de 2016 con la publicación de una nota periodística sobre la “supuesta deuda de Oil Combustibles SA con el Fisco Nacional”.

En la causa hay un pedido de citación a declaración indagatoria contra el extitular de AFIP, Abad, hecho por el fiscal del caso Marijuan hace dos semanas y sobre el cual la magistrada aún no resolvió.

Fuente: Noticias Urbanas