“El Plan Cóndor fue la manera más nefasta que pudo existir de cooperación entre países”, afirmó Francesca Lessa, una investigadora italiana y doctoranda en Relaciones Internacionales de la Universidad de Oxford que dedicó su carrera a indagar las bases, los alcances y las consecuencias de aquella coorperación que desarrollaron Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil para afinar la efectividad del terrorismo de Estado en la región. Después de casi una década, Lessa ingresó en la fase final de su segunda investigación. El análisis de la base de datos que armó para la ocasión, que reúne 763 víctimas de coordinación represiva en América del Sur entre 1969 y 1981, le está permitiendo alcanzar algunas conclusiones. Entre ellas, surge Argentina destacada por su proceso transicional: “Dio un paso superador en el sentido reparador”, puntualizó.
–¿Por qué?
–Porque Argentina fue el país que más avanzó, sin dudas más que los demás países, en la investigación y el juzgamiento de los delitos que tuvieron lugar en el marco del Plan Cóndor. Lo hizo como resultado de políticas de Estado. En Chile hubo juicios, en Uruguay también. La diferencia principal es que Argentina ha tomado el hecho como un todo, a partir de la costumbre de juzgar en megacausas estos hechos. Entonces fueron muchas más las víctimas tenidas en cuenta en el juicio, pero también jueces y fiscales analizaron de manera general lo que sucedió como resultado de la coordinación represiva. Así, se logró que la sentencia considerara que el Plan había sido una asociación ilícita transnacional, algo que resultó fundamental para definir el hecho y superador en términos de reparación regional. Fue impactante oír las experiencias de familiares de víctimas paraguayas, uruguayas, chilenas, que esperaron la sentencia en las cancillerías de sus países. En Chile y en Uruguay se posó la atención en las víctimas, que en Chile incluso fueron solo chilenas. No al contexto. Argentina hizo más que Justicia: escribió una historia compartida, fijó memoria como región.
A Lessa le fascina cómo en Argentina la memoria vinculada con las violaciones a los derechos humanos cometidos durante la última dictadura cívico militar “circula en las calles”, camina entre el trajín cotidiano. En la década de los 2000, trabajó su tesis de doctorado en Relaciones Internacionales sobre la justicia transicional entre Argentina y Uruguay. Meses antes de culminar esa investigación, supo cómo continuaría: el juicio por los crímenes que tuvieron lugar durante la última dictadura en el marco del Plan Cóndor.
Llegó a Buenos Aires para presenciar el debate oral, audiencia tras audiencia. Se quedó los tres años que duró. Luego, se estableció en Uruguay, ya que decidió que centraría su investigación en las víctimas uruguayas, pero en 2017 la Universidad de Oxford, la base desde donde desplegó el trabajo, le pidió que abandonara ese país. Es que al igual que militantes de derechos humanos y dirigentes políticos, había recibido amenazas de muerte de parte del autodenominado Comando Barneix (https://www.pagina12.com.ar/22604-la-busqueda-de-justicia-bajo-amenaza”>https://www.pagina12.com.ar/22604-la-busqueda-de-justicia-bajo-amenaza). Entonces, su trabajo volvió a dar un giro. Regresó a Argentina y apuntó a analizar el Plan Cóndor desde la región entera.
–¿Qué fue lo primero que pudo concluir?
–Que el Plan Cóndor fue y es el ejemplo negativo más nefasto de lo que significa la cooperación internacional entre países. En general, las cooperaciones se diseñan y llevan a cabo para mejorar la vida de los ciudadanos, de quienes participan de esos vínculos. En el caso del Cóndor, su objetivo fue afinar y efectivizar la implementación de la represión sin límites de fronteras. Otra es fue que lo que se conoce como Operación Cóndor fue parte de un proceso histórico más amplio: pude rastrear casos de coordinación represiva con los mismos patrones de Cóndor hasta incluso el año 69. Casos de refugiados brasileños que habían exiliado a Uruguay tras la dictadura de 1964. El mismo patrón que Cóndor: intercambiar información, hacer operativos conjuntos, traslados clandestinos de personas. Incluso hay registros de cooperación entre las policías regionales desde principios del siglo XX, cuando se preocupaban por la presencia del anarquismo en la región.
–¿Eran las policías las que coordinaban las operaciones de cooperación previas al Cóndor? ¿Qué cambia?
–Tras la dictadura de Brasil, se observa como la doctrina de seguridad nacional en la región va tomando fuerza. La cantidad de víctimas de la cooperación represiva crece exponencialmente en la segunda mitad de los 70. Entre el 69/73 hay alrededor de 40 casos. Más uno se acerca a mediados de los 70, más crece ese número. A partir del 76, cuando sucede el Golpe de Estado en Argentina, el número se dispara a 250 hasta 1979, en tres años. Las prácticas se vuelven más frecuentes y sistematizadas. Sucede el Plan Cóndor. Incluso cambia esto que preguntás: los actores en esta coordinación. Hasta la segunda mitad de los 70, las Policías son los actores principales de la represión coordinada. Las Fuerzas Armadas toman intervención a partir de 1975. Las policías siguen involucradas, porque son las que tienen hecho todo el trabajo de inteligencia en en cada país, pero son las Fuerzas Armadas las que empiezan a tomar las decisiones.
–¿También hubo cambios en la clase de operativos?
–Asesinatos y desapariciones hubo siempre. Pero menos previo a que la región quedara en su totalidad en manos de dictaduras. En Argentina hubo una operación muy grande contra algunos integrantes del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, del Ejército Revolucionario del Pueblo y de la Junta Coordinadora Revolucionaria en el que detienen a más de 30 personas en abril de 1975 y, tras torturarlos y mantenerlos detenidos clandestinamente, son pasados a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Si hubiera sucedido en 1976, los habrían desaparecido. El endurecimiento más fuerte se dio a partir del Golpe de Estado de Argentina. Porque ese golpe derriba el último bastión, aunque mínimo, que quedaba de democracia.
–Usted presenció el juicio por el Plan Cóndor, entrevistó a familiares y sobrevivientes… ¿Sabían las organizaciones políticas de la existencia de la coordinación regional entre dictaduras?
–Es una pregunta que siempre hice cuya respuesta cuesta. Los uruguayos exiliados en Buenos Aires me contaron que sí, que habían visto cuando su exilio a policías uruguayos en las calles de Buenos Aires. Pero aseguran ellos, y aseguran el resto de las víctimas, que nadie se imaginaba el tamaño de la violencia y lo meticuloso de la coordinación. Cuando uno mira los operativos era una cosa sistemática de un día por el otro. El hecho de estar en otro país generaba esa sensación de seguridad, una seguridad muy efímera, que en realidad no existía porque la persecución no respetaba fronteras, eso quedó registrado. Y esa es otra de las conclusiones a las que llegamos con la investigación: la burocracia de la coordinación represiva en el Plan Cóndor tuvo una consecuencia no buscada por sus perpetradores y es que dejó rastros.
–¿Cómo es eso?
–Hay mucha documentación que prueba que hubo un plan de cooperación entre países para perseguir a militantes políticos, para acallarlos en el caso de Uruguay, por ejemplo, cuyos exiliados eran muy activos en la denuncia de lo que ocurría allí. Sin ir más lejos, el acta constitutiva del plan, firmado en 1975 en Santiago de Chile, entre Argentina, Chile y Uruguay. En Argentina, el trabajo de especialistas en revisar los archivos de algunos ministerios de Argentina, que comenzó en 2010 (desfinanciado por el gobierno de Mauricio Macri en 2015) localizó mucha data. Los archivos de la Dirección de Inteligencia de la Policía de Buenos Aires aportaron lo suyo. El Archivo del Terror, en Paraguay (perteneciente a la Policía), que se encontró de casualidad. En Chile no se encontró nada, en Brasil muy poco y en Uruguay, algo a medias. Con la última desclasificación de los documentos de inteligencia que los Estados Unidos que entregaron a Argentina hay muchos documentos de la CIA que hablan del Cóndor.
Fuente: Pagina 12
