La expresidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez y algunos de sus ministros fueron detenidos esta madrugada acusados de sedición, terrorismo y conspiración, lo que reavivó el debate entre oficialismo y oposición sobre la existencia de un golpe de Estado contra Evo Morales en 2019.
Áñez hizo uso de su derecho de no declarar ante la Fiscalía y permanecerá en unas celdas que tiene la Fuerza Anticrimen en La Paz, a la espera de que se defina su situación judicial tras la acusación de haber participado en el golpe que sacó del poder a Morales.
La expresidenta fue aprehendida en su domicilio en Trinidad, capital del departamento Pando, y trasladada en avión a La Paz, ciudad donde un fiscal pidió su arresto junto al de varios de sus colaboradores políticos y militares, informaron medios locales.
La televisión boliviana la mostró llegando al aeropuerto de El Alto de la ciudad, sin esposas y escoltada por el actual ministro del Gobierno, Carlos Eduardo del Castillo, además de varios policías.
“Informo al pueblo boliviano que la señora Áñez ya fue aprehendida y en este momento se encuentra en manos de la policía”, anunció Del Castillo en sus cuentas de Twitter y Facebook.
Por su parte, la expresidenta de facto denunció en las redes sociales “un acto de abuso y persecución política”, y advirtió que el Ejecutivo –y no la justicia- la acusaba de “haber participado en un golpe de Estado que nunca ocurrió”.
En una breve conferencia de prensa, Del Castillo pidió dejar en claro que “este Gobierno democráticamente electo no está persiguiendo políticamente a nadie, sino que está haciendo que exista justicia en el país”.
“Nuestra policía ha cumplido con una orden de aprehensión emitida por el Ministerio Público, dentro de un proceso que habría sido iniciado en diciembre la gestión anterior por el golpe de Estado en nuestro país”, añadió el funcionario en declaraciones reproducidas por la estatal agencia ABI.
En su primera reacción pública, a través de Twitter, el expresidente Morales pidió que se “investigue y sancione a los autores y cómplices de la dictadura que saqueó la economía y atentó contra la vida y la democracia en Bolivia”.
El mismo mensaje reclamaba “justicia y verdad para las 36 víctimas fatales, los más de 800 heridos y más de 1.500 detenidos ilegalmente en el golpe de Estado”.
La Fiscalía había emitido ayer una orden de detención contra Áñez y varios de sus ministros, denunciados por los delitos de sedición, terrorismo y conspiración.
Dos de ellos, Álvaro Coímbra, extitular de Justicia y Rodrigo Guzmán, de Energía, también fueron detenidos en Trinidad y trasladados a La Paz.
LA CAUSA
La orden de la fiscalía partió de una denuncia presentada en diciembre pasado por Lidia Patty, exlegisladora del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), precisó la agencia de noticias AFP.
La aprehensión abarca también a cuatro exjefes del alto mando de las Fuerzas Armadas, con los que sumaban 14 las personas cuya captura procura la fiscalía.
En su denuncia, Patty sostuvo que el líder civil de la región de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, Áñez, varios exministros, exmilitares, expolicías y civiles habían promovido el derrocamiento de Morales en noviembre de 2019, tras gobernar 14 años.
Áñez llegó al poder luego de la renuncia forzada de Morales en noviembre de 2019 en medio de protestas después de unas elecciones calificadas por la oposición y la Organización de Estados Americanos (OEA) de fraudulentas, y ejerció el Gobierno hasta noviembre de 2020, cuando asumió el masista Luis Arce.
LA DISCUSION SOBRE EL GOLPE
Las detenciones trajeron al presente el debate sobre si se trató o no de un golpe el que sufrió Morales, un punto en el que la oposición de derecha y centroderecha se abroqueló hoy de inmediato, igual que, del otro lado, el oficialismo.
El director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, dio por hecho la existencia del golpe, al afirmar –en una entrevista con la CNN- que “el hecho de que el jefe de las fuerzas militares le sugiera al presidente constitucional que era hora de renunciar técnicamente es un golpe de Estado, porque hay un hecho, un acto de insubordinación de un militar”.
Para Vivanco, la posterior renuncia de Morales “fue indudablemente motivada, y diría hasta coaccionada, por la autoridad militar”.
Aunque no hizo referencia directa a las detenciones, el vicepresidente David Choquehuanca escribió en la red Twitter: “No es el odio el que impulsa nuestros actos, sino una pasión por la justicia de la que hemos dado cuenta a lo largo de nuestra vida”.
Del otro lado, los expresidentes Jorge “Tuto” Quiroga y Carlos Mesa y el empresario y líder de Unidad Nacional (UN) Samuel Doria Medina cuestionaron la decisión judicial y atribuyeron al MAS ansias de venganza.
Quiroga subió a su cuenta de Twitter fragmentos de una conferencia en la que lamentó que el presidente Arce “dejó de lado el discurso de paz y armonía y puso su gobierno al servicio de Morales, e impulsados por la derrota electoral buscan instalar esta fábula”.
“En Bolivia sabemos qué pasó. Pero esto es para que Morales se limpie la cara de lo cobarde que fue cuando huyó. Pasa algo inédito en la historia de América Latina: se criminaliza una sucesión constitucional”, afirmó Quiroga.
Mesa, en tanto, consideró “arbitraria, ilegal y violatoria de sus DDHH” la detención de Áñez, que “sobre todo muestra la decisión del MAS de vulnerar las leyes y el Estado de derecho para perseguir y someter con violencia a los bolivianos que creen en la democracia y la libertad”.
Finalmente, Doria Medina advirtió que “una vez más, el MAS socava la democracia, al coartar el derecho a un debido proceso de Áñez y otros bolivianos y al usar la justicia para su revancha” y cuestionó que en vez de trabajar por “una sociedad estable y democrática, pone en su lugar el despotismo, la ley de la selva”.
Fuente: Télam
