El Gobierno porteño envió hoy a la Legislatura local para su aprobación el convenio urbanístico que firmó con la empresa IRSA para la construcción de un conglomerado de edificios en la Costanera Sur, en el predio de la exCiudad Deportiva Boca Juniors, lo que fue rechazado por diputados de la oposición que advirtieron que el lugar se convertirá “en un barrio cerrado y exclusivo de lujo”.

El expediente que tendrán que debatir los legisladores contempla un acuerdo entre la administración porteña y el privado, dueño del predio de 71 hectáreas, para cambiar la actual normativa que rige en los terrenos -que solo permite la actividad deportiva- para habilitar nuevos usos del suelo como los de viviendas y comercios.

A modo de contraprestación por la reforma a cargo de la Legislatura, IRSA cederá a la Ciudad 41 hectáreas que serán destinadas a un espacio de acceso público y cuyo mantenimiento estará a cargo de la empresa por diez años, según se desprende del convenio.

El emprendimiento no es nuevo ya que el proyecto, conocido como “Solares de Santa María”, data de 2010, cuando la empresa que preside Eduardo Elsztain firmó el primero de seis acuerdos con el Gobierno de la Ciudad para lograr un cambio en los usos permitidos del suelo y avanzar con su diseño que inicialmente incluía torres de 50 pisos y un embarcadero.

Sin embargo, durante más de una década, el desarrollo inmobiliario no logró el aval de la Legislatura, donde a través de los años el oficialismo porteño que respondía al entonces jefe de gobierno Mauricio Macri no logró recolectar los votos necesarios para modificar la normativa vigente en los terrenos en la Costanera Sur.

El predio se extiende frente a Puerto Madero, al sur de la Reserva Ecológica y al lado del barrio popular Rodrigo Bueno, y era propiedad del Estado nacional hasta que en la década del ’60 fue donado al Club Boca Juniors a los fines de hacer una Ciudad Deportiva con un megaestadio y canchas auxiliares, y con la prohibición de que luego fuera vendido a privados.

No obstante, la prohibición quedó sin efecto tiempo después y en 2007 esas tierras fueron adquiridas por IRSA por 50 millones de dólares, tras lo cual buscó -sin éxito- cambiar los permisos urbanísticos vigentes.

En un nuevo intento, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, rubricó el convenio que mandó a la Legislatura.

“Va a ser el vínculo natural entre la zona sur y Puerto Madero, generando una continuidad en la trama urbana en un área de la ciudad que la necesita”, afirmó Elsztain acerca de su próximo emprendimiento al cual rebautizó como “Costa Urbana”.

Tras el ingreso del convenio al Parlamento, el legislador del Frente de Todos (FdT) Javier Andrade recordó que, días atrás, “le preguntamos al jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, si podía garantizar que no iban a existir barrios cerrados y dijo que no tenían intenciones de avanzar con esos proyectos”.

Pero “a 21 días de eso, presentó el proyecto para el barrio cerrado de lujo de IRSA en la Costanera Sur”, añadió el legislador porteño.

“Nos mienten a los legisladores y a toda la ciudadanía impunemente. Le cambiaron el nombre al proyecto, pero el fin es el mismo, un barrio cerrado de lujo. Van por los barrios náuticos de lujo en la costa de nuestro río”, aseguró a través de un posteo en la red Twitter.

Por su parte, la diputada María Bielli, del FdT, precisó que “el acuerdo entre Larreta e IRSA permitirá al último aumentar en 900.000 metros cuadrados la superficie construible y desarrollar un barrio exclusivo para sectores de muy altos recursos que, como sabemos, utilizan la vivienda como reserva de valor”.

“¿Solución a la emergencia habitacional? No. Gobernar para los amigos; en este día y cada día”, aseveró y consideró que “la Ciudad necesita más espacios verdes y vivienda para les trabajadores”.

“La construcción es motor de la economía, sí. Pero la responsabilidad de los gobiernos es orientar la inversión a dar respuesta a las necesidades de la gente, y no sólo al bolsillo de los desarrolladores”, agregó.

El desarrollo urbano de esa zona de la Costanera Sur forma parte de un plan general del gobierno porteño para “potenciar la inversión pública y privada” en “lugares estratégicos y grandes parcelas” de la Ciudad, entre las cuales están también los terrenos ribereños que se corresponden con los complejos de Costa Salguero y Punta Carrasco.

Sobre ese polígono, situado frente a uno de las cabeceras del aeroparque metropolitano, la Ciudad impulsó la venta a través de una ley sancionada en la Legislatura en diciembre del 2019, que fue frenada por un amparo judicial al entender que el proceso legislativo anterior a la aprobación no cumplió con los mandatos constitucionales.

Fuente: Telam