La Secretaría de Comercio Interior trabaja con el senador rionegrino Martín Doñate en una normativa para crear “Alimentos Argentinos”, una sociedad anónima con participación mayoritaria del Estado. El 51% estará en manos del Estado nacional. 

“La alimentación es un derecho básico”, dice entre los fundamentos el proyecto de ley en el que la Secretaría de Comercio Interior está trabajando para crear una Empresa Nacional de Alimentos. Esta es la idea que impulsó al senador rionegrino Martín Doñate a redactar una normativa para crear “Alimentos Argentinos”, una sociedad anónima con participación mayoritaria del estado (SAPEM), y que el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, decidió trabajar de manera conjunta con el legislador. En total, el documento tiene 17 artículos y un anexo con el Acta de Constitución de la sociedad. Entre los puntos salientes, el proyecto establece un control del 51% en manos del Estado Nacional, un 2% para cada una de las 23 provincias y un aporte de capital inicial de $900 millones.

La piedra basal de la idea se colocó el 1 de diciembre, cuando Doñate y Feletti se reunieron en la Secretaría de Comercio. Según Feletti explicó en su cuenta de Twitter, el intercambio buscaba “sumar alternativas a las vías de comercialización hoy existentes ante la preocupación por el aumento del precio de los alimentos”. El legislador ya tenía en carpeta el proyecto desde octubre del año del año pasado y, desde diciembre, se produjeron tres reuniones para darle forma al proyecto final. En el pasado, como legislador provincial, Doñate ya había buscado crear una empresa rionegrina de alimentos, tomando como referencia la experiencia del frigorífico de la ciudad de Bernal (de la que es oriundo), que es una sociedad del estado y faena alrededor de 4000 cabezas de ganado.

Según el borrador del proyecto al que tuvo acceso Ámbito en exclusiva, el objetivo de “Alimentos Argentinos” es “favorecer el acceso de las familias a una alimentación accesible, variada y nutritiva, producida en el país en condiciones de sostenibilidad, respetando las diversidades culturales y preferidas de la población”.

La nueva empresa nacional dependerá, según el proyecto, de la Secretaría de Comercio Interior. En el artículo 1 de la ley queda explícito que la compañía “tendrá por objeto realizar por cuenta propia o a través de la asociación estratégica con terceros, la producción, fabricación, fraccionamiento, distribución, comercialización e industrialización de productos alimenticios en la República Argentina”. Más adelante, en el acta constitutiva que también acompaña el proyecto, queda asentado también que “la sociedad podrá realizar actividad agrícola- ganadera y actividad de importación y exportación” y, al mismo tiempo, que “dará prioridad a la producción, distribución y comercialización de los alimentos que componen la canasta básica alimentaria”. También establece que se propiciará “la implementación de vínculos comerciales estratégicos con pequeños y medianos productores que representen a las economías regionales de todo el país”.

Según se desprende de la normativa, las provincias tendrán, en conjunto, un 46% del capital accionario de la empresa. Además, habrá administraciones regionales en las zonas Pampeana, NEA, Patagónica, NOA y Cuyo. Si bien la Ciudad de Buenos Aires será el domicilio legal de la empresa, no tendrá -al menos según el borrador- un 2% de las acciones como el resto de las jurisdicciones, porque no es una provincia sino una ciudad autónoma. El restante 3% de las acciones podrán estar en manos de “personas humanas y jurídicas del sector privado”.

Según supo Ámbito, el proyecto venía siendo trabajado por el legislador y las autoridades nacionales pero todavía está en fase de trabajo. De acuerdo a la interpretación de algunos de los miembros del equipo, el proyecto debería ser presentado por el Poder Ejecutivo, aunque desde el entorno de Doñate no descartan que en senador avance igualmente en su presentación en la Cámara Alta. “La creación de una SAPEM debe ser por ley indefectiblemente”, aclara.

El motivo por el cual el Poder Ejecutivo debía liderar la presentación del proyecto era político: buscaban, a través de un lanzamiento en conjunto con gobernadores e intendentes, darle una mayor fuerza a la discusión social y que impulse el tratamiento legislativo. A su vez, también buscaban incorporar a todo el sector de pequeños y medianos industriales y productores y asociaciones de consumidores de todo el país.

“Sin una participación de un instrumento en el que el Estado sea parte como un actor más en el mercado, es probable que sean insuficientes en la actual coyuntura, la accesibilidad de alimentos a los sectores medios y bajos de la población ya que donde los precios no resultan de un libre y competitivo juego de oferta y demanda, sino de un mercado manipulado y dirigido por sectores económico-productivos concentrados”, dice el proyecto en sus fundamentos.

En diálogo con este diario, fuentes conocedoras del detalle de las reuniones amplían el argumento de la intervención estatal: “Así como tenemos una YPF que compite en el sector hidrocarburos, una Aerolíneas Argentinas que compite en el sector aerocomercial, y así como tenemos empresas estatales y mixtas que desarrollan satélites, reactores nucleares y producen energía, ¿cómo no vamos a tener una empresa que produzca, comercialice, y desarrolle alimentos de la canasta básica frente al grave problema de la oligopolización de los alimentos de la canasta básica en la Argentina?”.

La propuesta incluye también perspectiva de género. En el artículo 4 del acta de constitución de la sociedad, se garantiza “la diversidad de género en la contratación del personal que labore en relación de dependencia, estableciendo igual composición de personal femenino y masculino”, y también “se propiciará la contratación de personas travestís, transexuales y transgénero, hayan o no rectificado sus datos registrales”.

Fuente: Ambito