Salta se convirtió el miércoles en la octava provincia en poner en funcionamiento el Comité para la Prevención de la Tortura, que fue creado en 2017, mediante la ley 8024 y en cumplimiento de lo dispuesto en los instrumentos internacionales y nacionales a partir de la reforma constitucional de 1994.
“Trabajamos para evitar que en la provincia de Salta ocurra ni la más mínima violación a cualquier derecho humano de cualquier ciudadano, no solamente de aquellos privados de la libertad”, manifestó el vicegobernador de Salta, Antonio Marocco, quien instó a las diversas carteras del Gobierno a “continuar trabajando de manera conjunta y con las puertas abiertas para facilitar la tarea del Comité”.
Marocco habló en el acto desarrollado el miércoles, en la Casa de Gobierno de Salta, para la puesta en funcionamiento del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, creado en 2017, mediante la ley 8024.
Durante la ceremonia, el vicegobernador estuvo junto al ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo de Salta, Ricardo Villada, quien indicó que “Salta ha sido pionera en la creación del Sistema Provincial para la Prevención de la Tortura en 2017, acorde a las disposiciones nacionales e internacionales”.
“Actualmente, somos la octava provincia que cuenta con este órgano, que busca la plena vigencia de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad”, expresó el ministro.
El comité está integrado por Cristina Cobos y Rodrigo Solá, en representación de los organismos de Derechos Humanos; Ramón Corregidor por la Cámara de Diputados; y Marcelo Robles por la Cámara de Senadores.
El comité deberá fortalecer el monitoreo de los lugares de detención, además de trabajar por la defensa de los derechos de las personas privadas de su libertad.
Además, podrá realizar recomendaciones a las autoridades provinciales, magistrados y funcionarios judiciales para la adopción de medidas especiales urgentes, para el cese de cualquier maltrato que pudiese surgir en las instituciones de reclusión, y su investigación inmediata para la protección de la víctima.
También trabajará en la elaboración deprotocolos de actuación en base a la inspección de los establecimientos de detención.
El organismo, que tendrá independencia funcional y autónoma y un presupuesto propio para su pleno funcionamiento en la provincia, deberá trabajar de manera coordinada, complementaria y en cooperación con entidades públicas, estableciendo instancias de diálogo permanente.
Sus miembros son elegidos por concurso público de antecedentes y oposición y duran en sus cargos cuatro años, pudiendo ser reelectos una sola vez.
“Somos un gobierno que está dispuesto a que los derechos humanos se cumplan, independientemente del lugar o la persona que sea, y en este caso se trata de personas privadas de la libertad, en situación de encierro”, indicó Villada.
El funcionario salteño explicó que “hoy se pone en marcha el comité provincial y también el Consejo Consultivo, compuesto por distintos organismos que van a tener la posibilidad de hacer todas las recomendaciones que entiendan convenientes”.
El Sistema Provincial, además del Comité está compuesto también por un Consejo Consultivo, que actuará como órgano interministerial e interinstitucional de consulta y asesoramiento.
Este consejo estará integrado por representantes del Poder Judicial, el Ministerio Público, las cámaras legislativas, el Poder Ejecutivo Provincial, el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas (IPPIS), el Colegio de Abogados y Procuradores de Salta y la Universidad Nacional de Salta, que colaborarán en el diseño, implementación y monitoreo de recomendaciones generales o específicas de prevención de la tortura.
Participaron del acto, el secretario de Gobierno, Rodrigo Monzo, la secretaria de Derechos Humanos, Mariana Reyes; el secretario de Justicia y Métodos Alternativos, Diego Pérez; el coordinador general del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Javier Solá; el vicepresidente de la Corte de Justicia, Fabián Vittar; el presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Amat; y el procurador de la Provincia, Pedro García Castiella, entre otros.
Fuente: Telam
