El juez porteño Roberto Gallardo convocó a una nueva audiencia para el lunes próximo en la que están citados a declarar dos funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño más un representante de la empresa Danaide S.A., que comercializa soluciones tecnológicas en seguridad electrónica, en el marco de la causa que investiga la utilización irregular de datos biométricos de personas a través del sistema de reconocimiento facial de prófugos.
La audiencia fue fijada por el juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario (CAYT) N°2 de la Ciudad de Buenos Aires, y a la que deberán asistir la coordinadora del Plan Integral de Videovigilancia del Ministerio de Justicia y Seguridad, Cecilia Inés Amigo; el subsecretario de Tecnología e Informática de esa misma cartera, Gastón Navarro; y el representante de Danaide S.A Emiliano Schmid.
Según información a la que tuvo acceso Télam, su citación se debe a que “poseen información y conocimientos técnicos relevantes que pueden aportar un panorama completo y acabado respecto al funcionamiento del Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP)”.
Además de pedir esta audiencia, que forma parte de la causa en la que se investiga el uso de datos biométricos de casi 10 millones de personas, Gallardo ratificó la vigencia de la medida cautelar que suspendió el uso de esta tecnología por parte del Gobierno porteño.
El 11 de abril último, el magistrado dispuso “ordenar al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires suspender el sistema SRFP, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin que ello mermara de ninguna manera los restantes sistemas de videoviligancia (monitoreo urbano), preventivo y forense”.
Por otro lado, el juez ordenó continuar el peritaje del material secuestrado en el marco de la causa, el cual será realizado el próximo martes la Policía de Seguridad Aeroportuario (PSA) en la sede que tiene este organismo en la localidad bonaerense de Ezeiza.
Hace dos meses, la administración que encabeza Horacio Rodríguez Larreta recusó al juez Gallardo con el argumento de una supuesta “pérdida de imparcialidad” por parte del magistrado.
Sin embargo, un mes después la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires rechazó la recusación y lo confirmó en la causa.
“El recusante no ha podido demostrar la parcialidad del juez de grado cuyo apartamiento pretende”, sostuvieron los jueces Fabiana Schafrik, Carlos Balbín y Pablo Mantaras en un fallo de 28 páginas en el que descartaron que las críticas del Gobierno de la Ciudad a las decisiones del juez no alcanzan para apartarlo del caso.
Fuentes judiciales consultadas por Télam señalaron que el sistema de monitoreo del Ministerio de Seguridad porteño, que encabeza Marcelo D’Alessandro, está habilitado a solicitar datos biométricos provenientes del Registro Nacional de las Personas (ReNaPer) siempre que se trate de personas incluidas en la Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (CoNaRC), que en 2019 eran unas 35.000 y marzo pasado llegaron a 40.000.
Sin embargo, entre abril de 2019 y marzo de 2022 las consultas de datos biométricos realizadas desde la cartera porteña llegaron a 9 millones, una cifra que no se corresponde con la población de individuos requeridos por la Justicia o en situación de rebeldía a partir de una medida judicial, y que por esa razón figuran en los registros de la CoNaRC.
Fuente: Telam
