Los femicidios son “muertes evitables”, afirmó la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Julissa Mantilla, quien en diálogo con Télam abordó los avances y retos que afrontan las Américas en la lucha contra la violencia de género e insistió en la urgencia de aplicar políticas de prevención para atacar este problema “estructural”.

“Hay avances, pero falta aún entender esta dimensión compleja de la violencia, que va no solo a la sanción de los perpetradores, sino a la prevención”, dijo la abogada peruana en la previa del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra este viernes.

La también docente, quien lidera desde marzo este órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), recordó el impacto negativo de la pandemia, que llevó a 7 de cada 10 mujeres a considerar que el abuso verbal o físico se volvió más común en sus parejas, según datos de ONU Mujeres.

En ese sentido, explicó que este tipo de violencia no es “una más” y los Estados tienen la obligación de enfrentarla: “No podemos hablar de democracias reales en la región cuando tenemos la mitad de la población muriendo por el solo hecho de haber nacido mujer”, sentenció.

– América es uno de los continentes más letales para las mujeres. ¿Cuáles son los principales desafíos para revertir esta situación?
– En primer lugar, se está presentando en la región una agenda regresiva en materia de derechos de las mujeres y eso implica un retroceso en aquellas conquistas. Segundo, hay problemas específicos sobre el acceso a la justicia. La CIDH tuvo recientemente una audiencia pública sobre los estereotipos de género y el debido proceso porque, más allá de las cifras altísimas de violencia, violación sexual y feminicidio, hay causas estructurales cuando las mujeres quieren acceder a la justicia. Hemos encontrado estereotipos de género, ideas preconcebidas, tanto en la administración de justicia, como en la fiscalía y la policía. Entonces, por un lado, hay una situación de violencia y, por otro, hay una nueva violencia al acceder a la justicia, la denominada violencia institucional. El tercer elemento que identificamos es la continuidad de la violencia contra las mujeres. No son hechos aislados, sino que se van repitiendo desde la niñez hasta la adultez y hasta ser mujeres mayores. La mujer mayor de hoy es la niña que nunca pudo denunciar porque la normativa no permitía ni tipificaba como delito la violación sexual dentro del matrimonio, por ejemplo.

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– ¿Cómo afrontarlos?
– Los Estados tienen la obligación de sancionar la violencia, pero también de prevenirla, es decir, atacar esta situación como un problema estructural, no aislado. También como un problema que requiere una visión interseccional: no es lo mismo la violencia contra la mujer indígena, la afro, la mayor o la niña. Otro elemento importante es la educación sexual integral (ESI), que pasa por la información a todos y todas sobre la situación de los derechos sexuales y reproductivos. Y también, algo que en Argentina es muy importante, es la información y regulación sobre el trabajo doméstico no remunerado. La CIDH entiende que hay un círculo de violencia, niñas que son socializadas diferente de los niños para hacer trabajos domésticos o de cuidado. Tienen menos posibilidades de desarrollarse en educación y están más en vulnerabilidad de violencia. Entonces, la CIDH a lo que apuesta es a una visión diferenciada de la situación de la violencia y la discriminación: atacar las causas, sancionar a los perpetradores y reparar a las víctimas.

– En 2019, la CIDH elaboró un informe regional sobre la violencia y discriminación contra las mujeres que recomendaba buenas prácticas. ¿Fueron incorporadas por los Estados?
– Hubo avances. En México, cuando la Suprema Corte aprobó la despenalización del aborto, que permite la autonomía sexual y reproductiva. También hubo en Argentina y otros países sobre la ESI, así como la Ley Micaela y otras que permiten la formación y capacitación de funcionarios de justicia. La regulación en Argentina y Uruguay sobre las políticas de cuidado o el protocolo en Chile de acceso a la justicia para las personas mayores, que incluye la situación particular de las mujeres. Son avances interesantes e importantes, pero los retos permanecen cuando no se entiende la situación de violencia contra las mujeres vinculada a la discriminación. El problema es cuando se castiga penalmente ciertas situaciones que son ya las consecuencias y no se ven las razones que están debajo. Si bien casi todos los países de la región tienen leyes de feminicidio con penas enormes, los feminicidios no disminuyen. Eso no significa que el tipo penal no funciona, sino que el feminicidio tiene causas previas. Hay una continuidad de la violencia que lleva al feminicidio. Los feminicidios son muertes evitables. Hay como una especie de ruta de la muerte entre la primera denuncia que hace la mujer, que no se le hace caso, hasta llegar al feminicidio. Entonces hay avances, pero falta aún entender esta dimensión compleja de la violencia, que va no solo a la sanción de los perpetradores, sino a la prevención.

– ¿Por qué cuesta tanto incorporar políticas de prevención y respuesta a la violencia de género?
– Creo que está fallando entender, primero, que la violencia contra las mujeres no es un problema solo de las mujeres. También el tema de que pese a todos los avances del feminismo y en los estándares internacionales, hay una resistencia a entender la autonomía y la igualdad. Ejemplos típicos son las mujeres que ejercen cargos de poder. La crítica que hay a las mujeres en la política es mucho más dura y fuerte que a los varones. La persecución a las mujeres periodistas, que sufren acoso con amenaza de violación sexual con mayor intensidad que sus pares hombres. También hay un retraso en el derecho en general de las políticas públicas de entender que el trabajo doméstico no remunerado es trabajo. Entonces, no se está mirando la transformación estructural. Nuestros países también tienen leyes de cuotas, pero no están llegando a su objetivo porque no se están cambiando las circunstancias estructurales. La Cedaw, en el sistema universal, y la Convención de Belém do Pará, en el regional, establecen una obligación específica de los Estados: transformar las condiciones sociales y estructurales. Y eso no se transforma con normas, sino con políticas públicas de crianza en igualdad. Eso implica hacer un análisis de qué está pasando con los hombres, las mujeres y las diversidades y a partir de ahí entender que la violencia no aparece de la nada. Nadie nace violento, sino que empieza a aprender y hay comportamientos que se van tolerando.

– Estos años hubo un aumento particular de la violencia de género en línea, ¿en qué estado se encuentra la legislación regional al respecto?
– A nivel universal, hay un informe de la ONU sobre el ciberacoso, que califica como violencia de género, y a nivel regional, la Relatoría de Libertad de Expresión de la CIDH viene trabajando el tema, reconociendo que el enfoque de derechos humanos también se aplica a la violencia en línea y que hay un aspecto diferenciado en esto. La violencia contra las mujeres tiene diversas manifestaciones y la agresión sexual directa o en redes se viene dando. Es importante el impacto que tiene porque las mujeres están accediendo menos a las redes sociales por miedo a lo que sucede. Los agresores utilizan todos los medios y en todos nuestros países ya hay direcciones específicas de la policía sobre cómo investigar a los agresores que usan WhatsApp o cualquier red social.

Fuente: Telam