El debate por el juicio político contra los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia comenzó a desarrollarse este jueves en comisión en la Cámara de Diputados. El Frente de Todos busca que el próximo 9 de febrero se vote la admisibilidad de los 14 pedidos de jury que hay presentados contra los ministros supremos. Esto abrirá paso a la etapa de recolección de pruebas, que incluye las citaciones de testigos y acusados. El proceso promete ser extenso y tenso, a la luz de los cruces que hubo entre los legisladores oficialistas y opositores.

Este último jueves se desarrolló la primera reunión de la comisión de Juicio Político en la Cámara Baja para abordar el pedido de jury de los jueces cortesanos Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lonrezetti. Durante la audiencia, que logró hacerse porque el oficialismo obtuvo el quorum con su propia bancada, se repasaron los 14 proyectos que hay ingresados. Cambiemos, que se sentó a dar el debate, terminó por legitimar el proceso que recién comienza.

La presidenta de la comisión, la diputada Carolina Gaillard (FdT), informó que el próximo jueves 2 de febrero expondrán quienes presentaron esos distintos proyectos de pedido de juicio político. Es decir, tendrán la palabra los autores. En total hubo siete proyectos presentados por diputados (FdT y Coalición Cívica) y siete por la “sociedad civil” (es decir, asociaciones de juristas, particulares como el abogado de DD.HH. Pablo Llonto, etc.). No estaba claro en la comisión si alcanzará una sola jornada para que expongan todos los convocados. Esto puede provocar que las exposiciones continúen en la siguiente audiencia.

El FdT apuesta a que el jueves 9 de febrero se pueda poner a debate y se vote la admisibilidad de los 14 pedidos de juicio político. Puede ser que algunos prosperen y otros no. Para aquellos que sean admitidos, se abrirá el período de recolección de prueba.

La etapa de recolección de prueba etapa provocará muchos más cruces entre oficialismo y oposición. Por ejemplo, en uno de los recientes pedidos de juicio político que hicieron 15 legisladores del FdT contra los 4 integrantes de la Corte se pidió que se apruebe como medida de prueba el entrecruzamiento telefónico de los investigados. Concretamente, solicitaron darle intervención a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) “para establecer llamadas entrantes y salientes de las líneas telefónicas que resulten relevantes a los efectos de la investigación, como así también para informar entrecruzamientos de llamadas, y toda medida de similar naturaleza que aparezca conducente para el esclarecimiento de los hechos”. Según indicaron desde el Congreso a este medio, esa medida se puede solicitar mediante un oficio dirigido a la Dajudeco, que depende de la Corte.

En el proyecto de los 15 legisladores del FdT también se pide citar a los cuatro ministros supremos denunciados y a 35 personas y organismos como testigos, entre los que se destacan Silvio Robles, mano derecha de Rosatti, y el ministro porteño Marcelo D’Alessandro. Según la segunda filtración de chats que involucran al ministro de la Ciudad, ambos coordinan estrategias político-judiciales que perjudican al kirchnerismo.

Según informaron fuentes parlamentarias a El Destape, ninguno de los testigos que sean citados pueden evitar prestar declaración. Ser testigo en un juicio político tiene carga pública. Por eso Robles, por ejemplo, tampoco podría dar su testimonio por escrito. Debiera presentarse en el Congreso. Si no lo hace el Parlamento podría pedir que se lo haga comparecer con la fuerza pública. Quienes sí podrían presentar un escrito son los ministros cortesanos denunciados, quienes también pueden negarse a declarar.

Otro dato a tener en cuenta es que si se aprueba el dictamen acusatorio en la comisión de Juicio Político pasa al recinto donde tiene vigencia por 3 años. Es decir, podría votarse con otra conformación de la cámara. En la actualidad, el FdT no tiene en la Cámara de Diputados los 2/3 de los votos necesarios para girar la acusación al Senado. Pero sí tiene la mayoría simple en comisión para admitir los proyectos de juicio político y la producción de prueba.

Los 14 proyectos contra los jueces supremos

En la comisión de Juicio Político hay 14 proyectos contra los 4 ministros de la Corte. Los hechos que se les adjudican a los supremos son variados. Se los acusa de arrogarse facultades de los poderes Legislativo y Ejecutivo, como en el caso de la coparticipación, con el que la Corte benefició económicamente a la Ciudad de Buenos Aires en detrimento de las provincias, y la toma por asalto del Consejo de la Magistratura. También se les achaca el fallo del 2×1 con el que se buscó beneficiar a los genocidas de la última dictadura, los presuntos desmanejos en la Obra Social del Poder Judicial, la filtración de escuchas ilegales, dejar que se aplique la doctrina Irurzun y los supuestos chats de la mano derecha del presidente cortesano Horacio Rosatti con el ministro de Justicia y Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro, donde se coordinan estrategias político judiciales que perjudican al FdT.

Los 14 proyectos de pedido de juicio político son los siguientes:

• La diputada Vanesa Siley pidió el juicio político contra Carlos Rosenkrantz por “mal desempeño”. Lo denunció por aprobar el 2×1 a favor de los genocidas y por no convocar cuando era presidente cortesano a la comisión interpoderes (que permite el avance de los juicios de lesa humanidad).
   
• Los diputados de la Coalición Cívica, encabezados por la “lilita” Paula Oliveto, habían pedido el juicio político contra Ricardo Lorenzetti por “mal desempeño” y eventuales delitos en el ejercicio de la función pública. En el escrito se enumeran 29 hechos, entre los que se destacan “el manejo irregular de dos fondos anticíclicos, sin control en cuanto a su aplicación y destino”, “el manejo irregular de la Obra Social del Poder Judicial” y “crear un AFI Paralela, con la posibilidad de hacer operaciones de inteligencia”.
   
• Los “lilitos” ampliaron el pedido anterior contra Lorenzetti y requirieron que también se le inicie un jury por intentar interferir en el tratamiento de la Ley de Consejo de la Magistratura. Carrió adelantó en declaraciones radiales que acompañará el pedido de juicio político contra este ministro cortesano.   
   
• La senadora del FdT Juliana Di Tullio pidió el juicio político contra Horacio Rosatti por “mal desempeño” por la “toma por asalto” que hizo del Consejo de la Magistratura. Rosatti junto a Rosenkrantz y Maqueda declararon inconstitucional la estructura de 13 miembros que tuvo durante 15 años el órgano de selección y sanción de jueces y resucitaron la conformación de 20 miembros por la que el presidente de la Corte pasa a ser presidente del Consejo. De esa forma, Rosatti pasó a conducir ambas instituciones. Di Tullio denunció por “incumplimiento manifiesto de los deberes correspondientes al cargo”, contradecir los principios republicanos de la Constitución, “asumir la presidencia del Consejo de la Magistratura”, “volver a poner en vigencia una ley derogada hace 16 años” y “atribuirse funciones de otro poder”.
   
• Di Tullio también pidió el juicio político de los cuatro supremos por la medida cautelar que dictaron en favor de la Ciudad de Buenos Aires en el caso de la coparticipación. Sin justificación alguna ordenaron entregarle a Horacio Rodríguez Larreta 150 mil millones de pesos extra en el año electoral. Los acusó de “incumplimiento Manifiesto de los deberes correspondientes al cargo”, “inmoralidad comprobada” y “haber contradicho los principios republicanos de la Constitución”.
   
• La Asociación Argentina de Juristas pidió el juicio político de Rosatti, Rosenkrantz, Lorenzetti y Maqueda por “mal desempeño”. Enumeraron diversas situaciones. Contra Rosenkrantz apuntaron por haber firmado fallos a favor de sus exclientes, sobre todo, cuando era presidente de la Corte. Ari Lijalad reveló en El Destape esta irregularidad que tuvo al exabogado de Clarín como protagonista. La Asociación cuestionó a los otros tres supremos por declarar la inconstitucionalidad de la ley del Consejo de la Magistratura “atribuyéndose facultades legislativas”. También pidió el jury de Rosatti y Rosenkrantz por firmar el fallo del 2×1 a favor de genocidas. Y a los cuatro les achacaron, entre otras cuestiones, “la difusión de escuchas judiciales cuya estructura se encuentra bajo su órbita de control” y “responsabilidad (omisiva) en la aplicación de la doctrina Irurzun en materia de encarcelamiento preventivo utilizado contra dirigentes opositores”.
   
• Los cuatro ministros supremos fueron denunciados por 15 diputados del FdT por cuatro hechos que configuran la causal de mal desempeño. Respecto a Rosatti se apuntó por una declaración en la que buscó “condicionar a los Poderes Ejecutivo y legislativo ante eventuales reformas en la justicia” y por los vínculos de Robles con D’Alessandro que se desprendieron de la filtración de chats adjudicados al ministro porteño. En esa filtración se leen presuntos chats entre ambos en los que coordinan maniobras en torno a la reforma del Consejo de la Magistratura que perjudiquen al FdT y sobre el fallo de la coparticipación. En el mismo proyecto, los legisladores cuestionan a Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda por su toma por asalto del Consejo de la Magistratura y a los cuatro supremos por la medida cautelar que benefició a CABA en el caso de la Coparticipación. También se los denuncia por los desmanejos en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, que depende de la Corte. Y a Rosatti y Rosenkrantz por el fallo del 2×1 a favor de los genocidas.
   
• Los diputados María Rosa Martínez y Pablo Carro pidieron el juicio político de los cuatro supremos por la causal de mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones. Se les achaca el “incumplimiento sistemático y deliberado de las funciones de control y administración de la Obra Social del Poder Judicial”.
   
• La Asociación Civil por la Exigibilidad de los Derechos Sociales denunció a Lorenzetti y Rosenkrantz por haber participado de una maniobra contraria a derecho a fin de demorar el dictado de una sentencia judicial en el caso “Schiffrin”, lo que afectó el normal avance del proceso para así beneficiar a Elena Highton y al gobierno macrista. Esto permitió que la entonces cortesana continuara en la Corte a pesar de superar los 75 años de edad, edad límite para dejar el cargo.
   
• A estos casos se suman los particulares de Antonio de Martino, Diego Sánchez y Ricardo Antonio La Greca, quienes pidieron por separado el juicio político de los cuatro supremos. De Martino, por ejemplo, lo hizo por su intervención en perjuicio de la Sociedad Automóviles Saavedra S.A. para favorecer a la empresa Sevel.
   
• Patricia Isasa, exdetenida desaparecida durante la última dictadura cívico militar, pidió el juicio político de Rosatti por encubrir a un represor mientras era intendente de Santa Fe (entre 1995 y 1999). Isasa denunció que Rosatti “protegió” a su secuestrador Eduardo Alberto Ramos Campagnolo al mantenerlo en la Secretaría de Cultura de la Municipalidad.
   
• El abogado de DD.HH. Pablo Llonto pidió el juicio político de Rosatti por “mal desempeño” por haber paralizado la Comisión Interpoderes, mediante la cual se coordina el avance de los juicios de lesa humanidad. Llonto, que interviene de diversas causas de lesa humanidad, cuestionó al presidente cortesano por no haber convocado nunca desde que asumió al frente de la Corte a los organismos de Derechos Humanos, familiares querellantes o representantes de las víctimas para atender y resolver la enorme cantidad de problemas que impiden dar celeridad a los juicios penales más antiguos del país.

Fuente: El Destape