La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación acordó este jueves que va a llamar a testimoniar al fiscal Carlos Stornelli, en el marco de las audiencias de la segunda etapa de sustanciación del proceso que se lleva a cabo contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia.

“Ha sido citado recurrentemente por el juez (Sebastián) Ramos como fuente de su resolución y sobre aspectos centrales, como la noción y el concepto de ‘filtración’ de actividades de inteligencia ilegal y habida cuenta que en el dictamen de (el juez Alejo) Ramos Padilla se habla de la gravedad institucional citada por la fiscal (María Eugenia) Roteta, nosotros vamos a pedir que citen a estos dos fiscales”, explicó el jefe de la bancada del Frente de Todos, Germán Martínez, que propuso citar a los funcionarios judiciales para la próxima reunión, pero dándole prioridad a esos dos testigos.

Ramos fue quien archivó desde los tribunales federales de Comodoro Py, y a instancias de Stornelli, una denuncia vinculada a esos chats, bajo el argumento de que los elementos probatorios incorporados a la denuncia podrían haber sido obtenidos “mediante maniobras organizadas basadas en actividades de inteligencia ilegal”.

El bloque de Juntos por el Cambio anunció el rechazo a este pedido. “Venimos pidiendo un cronograma de trabajo claro, para saber qué preguntar, la prueba tenga que ver con los hechos a probar. En esta etapa nos vamos a abstener de incorporar nueva prueba y citaciones con este modo de trabajar, hasta que ustedes no reconozcan este proceso de una manera coherente”, afirmó el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López.

Stornelli y Roteta serán citados en la próxima audiencia testimonial será el martes 7 de marzo. La presidenta de la Comisión, la diputada del Frente de Todos, Carolina Gaillard, aclaró que “no van a ser más de cuatro o cinco testigos”, para darle “agilidad” a la reunión, ya que la jornada de hoy se extendió por casi siete horas.

En esta instancia de la convocatoria de testigos, los legisladores de la Comisión de Juicio Político le tomaron declaración a los jueces Ramos Padilla, de La Plata, y Ramos, de la Ciudad de Buenos Aires. Este último, negó tener algún tipo de relación y conocimiento con el asesor del titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Silvio Robles, y el ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, en uso de licencia, Marcelo D’ Alessandro.

En el inicio de la declaración de Ramos, el diputado del Frente de Todos, Rodolfo Tailhade, consultó al testigo cómo explica en términos jurídicos el concepto de ‘filtración’ de datos y el magistrado porteño pidió que se lo dispense de declarar sobre puntos que ya están definidos en la resolución escrita de la causa.

El magistrado dijo, en ese sentido, en más de una oportunidad: “No me voy a mover ni una palabra de la resolución” porque “no solamente me perjudica en lo personal que yo pueda hacer alguna modificación con lo que ya está escrito en la resolución, sino que también puede perjudicar el derecho de defensa a los involucrados en la causa”.

En otro pasaje de su declaración, el juez federal sostuvo que “la violación a la intimidad puede ser llevada a cabo por actividad propiamente estatal o privada. Así se podría ver afectado la garantía de un particular”, sea o no funcionario público según aclaró. En ese sentido, relató: “El sistema está plagado hace muchos años denuncias que vienen acompañadas de una nota periodística inclusive que dan comienzos a causas en el fuero federal penal”.

Ramos señaló que “dictar el archivo” de la causa “fue una medida urgente” y aclaró que “en esa causa se pudo habilitar la feria judicial porque se solicitaba medidas como el aseguramiento urgente de una medida de prueba”, como el allanamiento de un teléfono celular.

Por otra parte, uno de los momentos más álgidos de la comisión fue cuando López le preguntó al Ramos Padilla si tenía vínculos con el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández Kirchner y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Sin nombrarlo, el magistrado le recordó que fue el expresidente Mauricio Macri, integrante de su alianza, quien se reunió con jueces en la Quinta de Olivos. 

“Es buena la pregunta porque una de las cosas que hemos visto en el último tiempo fue la visita de jueces a la Quinta de Olivos. Considero que es importante que se haga esa aclaración: al presidente Alberto Fernández no lo conozco, a la vicepresidenta la he visto tres veces pero no me registró creo. Uno fue en 2003 cuando se hizo el velorio a Alfredo Bravo en esta cámara, otro fue en un homenaje a ‘Chicha’ Mariani y otro fue cuando se hizo un acto por la identificación de los cuerpos en las Islas Malvinas. Al gobernador Kicillof no lo conozco”, respondió Ramos Padilla. 

“Teniendo en cuenta las severas irregularidades consideramos que el trámite en estos términos al juicio político a la totalidad de los integrantes de la Corte Suprema es arbitrario, ilegitimo, ilegal y por lo tanto se encuentra viciado de nulidad en los extremos referidos. Nosotros ahora vamos a levantarnos para poder hablar con los medios de comunicación y poder contarles lo que está pasando a la población”, afirmó López, presidente del Bloque de la Coalición Cívica, para justificar la salida del recinto. 

Ramos Padilla intervino en una denuncia por los presuntos chats pero presentada ante el fuero federal platense por Kicillof, y sostuvo lo opuesto a su par Ramos en relación a los supuestos indicios de espionaje ilegal.

“Tampoco han sido arrimados al expediente elementos de prueba serios y objetivos que permitan afirmar que las comunicaciones de Robles y D´Alessandro provienen de acciones de espionaje ilegal en los términos establecidos por la ley 25.520”, sostuvo Ramos Padilla cuando se declaró incompetente y envió la denuncia a Comodoro Py, a la jueza María Eugenia Capuchetti.

En la quinta reunión de la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja los magistrados Horacio Rosatti (presidente), Carlos Rosekrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti ylos legisladores de Juntos por el Cambio presentaron un documento denunciando la “ilegalidad” de la comisión y la mayoría abandonó el recinto. Sin embargo, media hora después, los legisladores de la Coalición Cívica y algunos diputados del bloque radical regresaron a la sala donde permanecía reunida la comisión.

Además de los dos jueces, comparecieron hoy el subdirector de Gestión Interna y Habilitación, dependiente de la Secretaría General de Administración, de la Corte Suprema, Sergio Rubén Romero; el extitular de la Secretaría Judicial N°5, actualmente inexistente en el organigrama del máximo tribunal, Cristian Abritta; titular de la Secretaría de Juicios Originarios, Alejandro Daniel Rodríguez; el titular de la Secretaría Judicial N°2 Previsional, Silenio Rómulo Cárdenas Ponce Ruiz, y Roberto Miguel Ángel Saggese y Adriana Norma Valinotti, de la vocalía de Rosatti.

Cuando compareció Abritta, el diputado oficialista Leopoldo Moreau le solicitó que explique el ingreso, asignación y circulación de las causas y peticiones a la Corte cuando asumió en su función, sobre todo los de trascendencia institucional. El funcionario judicial explicó que “la Corte nunca sorteó expedientes, siempre los asignó por materias porque tiene secretarías temáticas”. “El presidente decidía 5 según la trascendencia. Los presidentes consensuaban con los jueces de la Corte qué causas de otra naturaleza se asignaban a la secretaría 5”, señaló. También señaló que “nunca tuvo conocimiento que existiera un grupo de chat de funcionarios de la Corte”.

A su turno, Romero fue consultado por una inundación en el despacho de Robles y por la entrega de vehículos decomisados secuestrados, a lo que respondió que en el “mes de enero hubo una inundación que afectó el despacho del señor Robles, posterior a la (presunta) filtración de chats”. El funcionario judicial explicó que “el despacho está inutilizado y en obra”. Respecto a vehículos entregados a la Ciudad de Buenos Aires, dijo que “se entregan por pedido de distintas jurisdicciones”.

Por su parte, Cárdenas Ponce Ruiz declaró sobre el funcionamiento de su Secretaría que se encarga de cuestiones previsionales, informa sobre las causas y maneja la circulación de las mismas. A su vez, aclaró que se “asignan por materia y se entrega informe en la mesa de entrada de cada vocalía y, de allí, pasa al letrado que asesora al ministro en la materia”.

Asimismo, Rodríguez contestó sobre la “supuesta arbitrariedad” en la causa coparticipación y con qué criterios se manejó la Corte y expresó que hubo dos audiencias: “Es una valoración que no puedo hacer porque no participé de la confección del proyecto, estos son procesos que recién están en etapa introductoria, no han pasado a la etapa producción de la prueba”. Luego, aclaró: “Tramitan en la Secretaría, pero tienen una sentencia cautelar, que es una medida provisional, que incluso está sujeto a recurso pendiente de resolución por el Tribunal”, aclaró.

Por último, resta la exposición del testigo ofrecido por la diputada Paula Oliveto Lago (Coalición Cívica), Héctor Marchi, de la Secretaría General de la Administración de la Corte. Mario Cimadevilla, ex integrante del Consejo de la Magistratura y senador mandato cumplido, prestará testimonio en reuniones posteriores, habiéndose ausentado por cuestiones personales.

Fuente: El Destape