Un nuevo programa del Ministerio de Educación porteño comenzó a generar cruces con gremios docentes. A partir de la semana próxima, según confirmaron a LA NACION, se comenzarán a instalar “espacios seguros” dentro de 147 escuelas, para guardar allí elementos de electrónica.
El proyecto ya generó el rechazo de algunos gremios, que denuncian violación a la intimidad. Según ellos, el programa incluiría la instalación de cámaras en aulas. “Significaría una pedagogía de control total”, indicaron a este medio desde Ademys. Desde la Ciudad descartaron las críticas. Indicaron que se instalarán principalmente sensores y alarmas, y no en aulas.
“Lo que estamos haciendo es crear, dentro de las escuelas, espacios seguros para guardar las tablets, pantallas táctiles -que tienen algunos secundarios y son de muy alto costo- y todos los elementos tecnológicos en lugares más seguros y no dentro de las aulas”, explicaron a LA NACION desde la cartera que conduce Soledad Acuña.
Luego detallaron: “Serán 243 espacios en 147 escuelas que incluyen, principalmente, la colocación de alarmas y sensores. Eventualmente, puede haber cámaras”.
“Lo que estamos haciendo es, junto a las conducciones de las escuelas donde se instalarán los espacios seguros, hablar con ellos para que puedan opinar y juntos coordinar cuál es el mejor lugar dentro de la escuela para guardar estos elementos. Si los lugares que ellos sugieren nosotros consideramos que son aptos para la instalación de las medidas de seguridad, se avanza”.
Las fuentes consultadas indicaron a este medio que la semana próxima se comenzará con la instalación de los sistemas de seguridad en los primeros establecimientos, pero evitaron compartir el listado completo de las 147 instituciones con las que ya se acordó.
“Un espacio seguro es un espacio dentro de la escuela destinado a la guarda del equipamiento tecnológico del Plan Sarmiento y otros elementos de mayor valor pertenecientes al establecimiento, como netbooks, notebooks, tablets y pantallas táctiles. Estos espacios tendrán un sistema electrónico de seguridad con sensores de movimiento y alarmas, que pueden también tener cámaras para su mayor protección”, informaron posteriormente en un comunicado.
“Desde la Ciudad hacemos un esfuerzo enorme para dotar a las escuelas de la mejor tecnología posible. Entregamos computadoras, tablets, pantallas táctiles, kits de robótica, entre otras cosas, para mejorar la calidad de la educación y asegurar que los estudiantes estén preparados para enfrentar los desafíos del siglo XXI. Los espacios seguros son una herramienta más que ponemos a disposición para proteger el patrimonio de las escuelas, que es de todos”, dijo Acuña en el texto difundido esta tarde.
Según relataron, “al sonar la alarma de un espacio seguro, se emite una alerta que llega a los directivos de la escuela -responsables del patrimonio de la misma- quienes proceden a llamar a la policía. Además, se emite una alerta al Ministerio de Educación de la Ciudad, para que pueda realizar un seguimiento de la situación”.
“Son las máximas autoridades de la escuela junto con especialistas en seguridad quienes definen qué espacios son los apropiados para la instalación de los sensores y alarmas para resguardar correctamente el patrimonio del establecimiento”, cerraron.
El plan comenzó a diseñar luego de que, a fines del año pasado, se conociera que se habían robado más de 2500 dispositivos electrónicos de establecimientos educativos públicos de la ciudad. A ese número se llegó luego de que se denunciaran, solo en los primeros 11 meses de 2022, 163 robos en distintos centros educativos porteños.
En esos atracos se llevaron 2425 notebooks, 78 PC de escritorio y 422 tablets. En tanto, las autoridades de la ciudad de Buenos Aires habían anunciado que 1626 computadoras del Plan Sarmiento habían sido recuperadas por la Policía de la ciudad de Buenos Aires en quince allanamientos.
La iniciativa ya fue cuestionada por gremios docentes, entre ellos, la Asociación docente de enseñanza media y superior (Ademys). “Lo rechazamos y estamos acompañando a los docentes que se oponen, como es el caso de los de la escuela [Técnica de Jardinería Cristóbal M.] Hicken que denunciaron aprietes por parte del Ministerio para la instalación de esas cámaras”, indicó Ademys a LA NACION.
“Creemos que viola el derecho a la intimidad de los estudiantes, menores de edad, y de todo el personal que trabaja en las escuelas. Para nosotros, esto constituye un acto de persecución y hostigamiento a la docencia por parte del gobierno de Rodríguez Larreta y Acuña”, sumó Federico Puy, secretario de prensa de Ademys.
El sindicato dice que el Ministerio de Educación porteño colocará cámaras en espacios comunes y pasillos. “También se está hablando de instalar cámaras en las aulas, lo que significaría una pedagogía de control total de los contenidos y de una ideología que pretende instalar el gobierno de la Ciudad, donde se persigue a la docencia que opina distinto y da clases críticas”, indicó Ademys.
A la denuncia, desde Educación respondieron: “Se buscan espacios que tengan una sola entrada y sin ventanas. Lugares más privados. Pero de acuerdo a la particularidad de cada escuela, si no tienen otro sector donde se pueda armar el ‘espacio seguro’, se podría instalar dentro de un aula. Pero se tratarán de priorizar otros espacios”.
Por su parte, Mariana Scayola, secretaria general de Ademys, sumó: “Habiendo tantos aprietes a las conducciones de las escuelas que están en estas tratativas con el gobierno de la ciudad para la instalación de cámaras, no se conoce aún cuáles son los arreglos o acuerdos institucionales para la colocación de cámaras. De todas maneras, desde Ademys ya estamos investigando el tema, consultando qué medidas políticas, judiciales y de lucha vamos a tomar para impedirlas y nos acercaremos a cada una de estas escuelas”.
El fallo de 2011 que frenó las cámaras
La medida cautelar que suspendió la instalación de cámaras de vigilancia dentro de los establecimientos educativos porteños en 2011 “está firme”, recordó en diciembre pasado a Télam la jueza Elena Liberatori, autora del fallo.
“La resolución de Montenegro fue en función de lo resuelto por mí en la causa Doval”, explicó la jueza titular del juzgado N°4 en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires.
La magistrada en lo contencioso administrativo porteña, en esa oportunidad, dispuso la suspensión de la instalación de cámaras de audio y video en las escuelas porteñas, a partir de un amparo presentado por el gremio docente UTE-Ctera, el Observatorio de Derechos Humanos (ODH) y padres de dos escuelas involucradas.
El Gobierno de la Ciudad desistió de la apelación y, con posterioridad, el mismo año, publicó la resolución N° 627-2011. Allí se disponía que el Ministerio de Justicia y Seguridad, a cargo por entonces de Guillermo Montenegro, resolvió “instruir a las empresas de seguridad para que se abstengan de proceder a la instalación de cámaras de imagen en el interior de establecimientos educativos y/o cualquier otro donde pudieran resultar afectados los derechos a la intimidad y privacidad de niños, niñas y adolescentes”.
La causa por algunos de los robos de 2022
El Juzgado 6, a cargo de María Alejandra Provítola, inició las investigaciones por la denuncia de robo en el Centro Educativo República de Colombia, ubicado en el barrio de Boedo. Una de las líneas investigativas apuntó a una empresa constructora que realizó obras en ese establecimiento.
Tras ello, una docente detectó en la plataforma de Mercado Libre una publicación que ofrecía a la venta varias computadoras similares a las sustraídas, lo que denunció ante la Justicia. Algunas incluso tenían las etiquetas personalizadas que la docente misma había rotulado.
El trabajo permitió detener a los vendedores de las máquinas y a una persona, trabajador de la empresa constructora, sindicado como el autor material del robo, indicó el comunicado oficial.
Según confirmaron desde la Policía, en base a las denuncias recibidas, se investigaron 163 hechos, en los que se lograron recuperar las computadoras. De estas presentaciones ante la Justicia, 159 corresponden a escuelas, universidades, jardines maternales. Hay 27 imputados por los delitos de robo y encubrimiento, de acuerdo con un comunicado del Ministerio de Seguridad porteño.
Fuente: La Nacion
