La Corte Suprema de Justicia avanzó con una propuesta para reformar el sistema de selección de jueces federales y nacionales, con el objetivo de limitar el peso de la política en los concursos. La iniciativa fue enviada al Consejo de la Magistratura, que deberá analizarla y eventualmente aprobarla.

El nuevo reglamento lleva la firma de Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, pero no cuenta con el aval del presidente del tribunal, Horacio Rosatti, lo que deja expuesta una nueva interna dentro de la Corte.

La propuesta llega en un momento clave: el Consejo de la Magistratura está por reconfigurar su equilibrio de poder, con una mayor incidencia del oficialismo de La Libertad Avanza. En ese contexto, el proyecto apunta a recortar la discrecionalidad política en la designación de jueces.

El cambio es profundo. El eje del proceso deja de estar en decisiones subjetivas y pasa a un esquema más reglado, con mayor peso de criterios técnicos. La clave ya no estará en la entrevista personal sino en el diseño del sistema: el banco de preguntas, los criterios de evaluación y la administración del concurso.

El reglamento fue girado al plenario del Consejo y también comunicado a cámaras nacionales y federales, así como a los tribunales superiores provinciales. Para su aprobación se requerirán mayorías agravadas.

El proyecto venía siendo trabajado desde hace meses por Rosenkrantz, con el acompañamiento final de Lorenzetti. Rosatti quedó al margen, en una señal de cambio en la dinámica interna del máximo tribunal.

En el Consejo existen otras propuestas —alrededor de 14—, pero esta tiene un peso institucional distinto al provenir directamente de la Corte. De todos modos, los consejeros no están obligados a adoptarla.

Menos política, más reglas

El nuevo esquema introduce cambios de fondo. Uno de los principales es la implementación de exámenes con preguntas tipo multiple choice, corregidas de manera automatizada. Además, las entrevistas personales —históricamente un espacio de fuerte incidencia política— pasan a tener un peso máximo del 10% del puntaje total.

El modelo avanza hacia una evaluación más estructurada, con reglas predefinidas y menor margen para interpretaciones subjetivas.

También se establece la realización de concursos anticipados, es decir, antes de que se generen las vacantes. El objetivo es reducir la influencia del contexto político del momento en la selección.

Doble examen y anonimato

Otro eje central es la creación de un sistema de doble evaluación. La primera instancia será objetiva y automatizada, y funcionará como filtro técnico. La segunda evaluará la capacidad práctica de los candidatos, con resolución de casos y redacción de sentencias.

Todo el proceso estará respaldado por mecanismos que aseguren el anonimato y la trazabilidad, con la intención de blindar las evaluaciones frente a presiones externas.

En paralelo, se establece un sistema de antecedentes completamente tabulado. Formación académica, promedios, experiencia profesional y trayectoria judicial serán medidos con criterios objetivos y verificables.

A esto se suma la digitalización integral del proceso: cada postulante tendrá un legajo único, auditable y accesible, lo que apunta a mejorar la transparencia.

Un cambio en el poder real

El rediseño reduce de manera significativa la capacidad de intervención de los consejeros. Se acota la posibilidad de influir en entrevistas o modificar el orden de mérito.

Hasta ahora, eran frecuentes las quejas por cambios en las listas finales: candidatos bien posicionados que caían y otros que ascendían por decisiones políticas.

Con el nuevo esquema, el poder no desaparece, pero se desplaza. Ya no estará en la instancia final del concurso, sino en el armado previo: quién diseña las preguntas, cómo se fijan los criterios y quién controla el proceso.