El gobierno de la Ciudad no cumple en absoluto la Ley 448 de Salud Mental, una norma de vanguardia en la región, sancionada hace 13 años y que hoy está lejos de crear un nuevo modelo de atención en salud mental. A esa conclusión llegó el 5º Informe de la Comisión Especial de Seguimiento y Evaluación para el Cumplimiento de la Ley 448, de la Legislatura porteña, actualizado hasta diciembre 2012 y presentado esta semana.
Para modificar el paradigma “asilar”, basado en la primacía del hospital monovalente con internación prolongada y encierro intramuros, la norma prevé la construcción de dispositivos alternativos que propicien la reinserción y resocialización de los pacientes, evitando los efectos de cronificación y estigmatización que suelen sufrir, como consultorios externos, camas en hospitales generales destinadas a salud mental, equipos de interconsulta, hospitales de día y de noche, casas de medio camino, centros de capacitación sociolaboral, talleres protegidos, emprendimientos sociales y granjas terapéuticas.
En la práctica esto no se lleva a cabo, mientras se desmantelan hospitales monovalentes como el Moyano y el Borda, y el PAC (Programa de Atención Comunitaria, de prestigio internacional, al que asistían 250 chicos con trastornos mentales severos), desguazado hace un año, con la persecución de las profesionales que lo tenían a cargo; además de una “deshospitalización compulsiva” –sobre todo en el Borda–, con la externación de unos 700 pacientes en cinco años.
“Sólo hay un hospital de día en el Álvarez, y una casa de medio camino en el Borda, de la cual depende un hospital de noche. Nada más”, remarcó a Tiempo Argentino la doctora María Magdalena Macaggi, asesora de la diputada Virginia González Gass y una de las redactoras del informe. Para la profesional, “hay cambios que no se dan por la resistencia de corporaciones médicas cercanas a Macri, con conceptos biologistas medicalizantes que todavía se imponen”.
Para saber cuántas camas e instituciones de medio camino necesita la Ciudad, debería realizarse un relevamiento epidemiológico, tal como dicta la Ley, que nunca se promovió. Tampoco se creó el Plan de Salud Mental ni se abrió la convocatoria al Consejo General de Salud Mental. En materia de “recursos

humanos”, disminuyó el número de profesionales, se apela a residentes, concurrentes y becarios honorarios, y se reasignaron partidas presupuestarias correspondientes a salud mental a otras áreas.
Otro problema que se subrayó es la vulneración del derecho a una carrera laboral a los profesionales de las distintas disciplinas que prestan servicios en el campo de la salud mental. Sólo los psiquiatras pueden acceder a concursos de jefes de servicios y directores de institutos, “puestos a dedo”, en lugar de los llamados públicos y abiertos que exige la norma.
El informe 2012 de la Auditoría General porteña advirtió sobre las debilidades en el abordaje de las adicciones. El problema se profundizó cuando las adicciones se sustrajeron del área de Salud y pasaron a Desarrollo Social, que destina el 80% de su presupuesto de adicciones de 40 millones de pesos a contratar comunidades terapéuticas privadas. Ya son 23. En 2012, el Ejecutivo porteño debió dar marcha atrás con la resolución 52, que licitaba la internación de pacientes en clínicas privadas por 12 millones de pesos. El informe agrega: “El perfil del modelo adoptado es privatista y de difícil control, ya que 16 de las 23 instituciones contratadas son de Provincia, violando el derecho de los pacientes a estar cerca de sus familias.”

Fuente: Tiempo Argentino