Con un “Motu Proprio” y tres nuevas leyes, el Papa argentino aprobó ayer una reforma del Código Penal del Vaticano que aumenta los castigos contra los abusos sexuales y la pedofilia por parte de miembros del clero, además de fortalecer las medidas represivas por casos de corrupción, robos de documentos reservados y lavado de dinero. Por otra parte, una comisión de las Naciones Unidas pidió al Vaticano que informe de los casos de abusos sexuales y violencia contra menores cometidos por curas, monjas, religiosos y laicos dependientes de la actividad de la Iglesia en el mundo.

Francisco también derogó la pena de cadena perpetua por parte de los tribunales vaticanos, que será sustituida por el castigo de reclusión hasta 35 años.

El portavoz vaticano, padre Federico Lombardi, dijo en la presentación de las nuevas normas penales vaticanas a la prensa que estas medidas prosiguen la reforma iniciada en 2010 por el predecesor de Francisco, Benedicto XVI. Lombardí señaló que se introduce en las leyes de la Santa Sede un notable mejoramiento de la sintonía con las convenciones internacionales.

La reforma adecúa el Vaticano a la legislación internacional en la lucha contra la criminalidad, la introducción del delito de tortura, el reciclaje de dinero y los delitos de trata de personas. Las normas entrarán en vigor el 1° de septiembre y se aplican a todos los miembros de la Curia Romana, el gobierno central de la Iglesia, así como al personal diplomático y a todos los empleados de organismos y de instituciones vinculados con la Santa Sede.

En abril, poco después de ser elegido, Francisco reclamó “determinación” en la lucha contra los abusos sexuales cometidos por el clero.

Las nuevas normas precisan los delitos de reclutamiento y violencia sexual, pornografía infantil y actos sexuales con menores (pedofilia).

En el aspecto financiero se aumentan las penas y se fijan delitos sobre corrupción y reciclado de dinero.

Para evitar que se repita la turbia historia del “Vatileaks” –los documentos reservados del Papa robados de los aposentos pontificios por el mayordomo de Benedicto XVI, Paolo Gabriele, condenado a una leve pena además perdonada por el pontífice alemán– anunció una elevación de las penas a los infractores, hasta los ocho años de prisión, si se trata de “documentos importantes para la Santa Sede”.

El anuncio de las reformas al sistema penal vaticano coincidieron con la noticia, revelada por The Guardian de Londres, según la cual la Comisión para los Derechos de los Niños de las Naciones Unidas ha pedido a la Santa Sede detalles de los casos de pedofilia y abusos sexuales por parte del clero.

Es la primera vez que la ONU hace un pedido tan amplio y circunstanciado al Vaticano. El documento afirma: “A la luz del reconocimiento por la Santa Sede de la violencia sexual contra niños cometida por miembros del clero, pedimos detalles de todos los casos sobre los cuales la Santa Sede tenga conocimiento”.

El pedido incluye los casos de omisiones y coberturas de las jerarquias eclesiásticas y la intimidación sufrida por las víctimas.

El Vaticano debe responder a fines de noviembre y lo que conteste servirá para la audición en enero de 2014 de un representante de la Iglesia en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra.

Los dos casos citados en modo explícito son el de los Legionarios de Cristo del cura mexicano Marcial Maciel, y los de las “Casas Magdalenas”, institutos para chicas huérfanas en Irlanda que fueron teatro de toda clase de “tratamientos crueles, degrradantes e inhumanos”.

Barbara Blaine, presidente de una organización norteamericana de familiares de las víctimas de abusos sexuales por parte de miembros del clero en Estados Unidos, dijo que la acción de la ONU con el Vaticano “da esperanzas a las víctimas de abusos en todo el mundo”.

El cambio en las normas sobre delitos financieros está ligado al hecho de que el pontífice argentino empezó en las últimas semanas a retomar el control del controvertido banco del Vaticano, el Instituto para las Obras de Religión (IOR), involucrado en varios escándalos por sospechas de blanqueo. Antes de una reforma prevista del IOR, el Papa nombró una comisión de investigación con la que se reunió el miércoles para “animarla en sus trabajos”, según dijo ayer el diario Osservatore Romano.

Fuente: Clarin