Las cicatrices que dejó la dictadura militar que asoló la Argentina entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983 aún se mantienen vivas en el cuerpo de una sociedad que no ha logrado restañarlas hasta nuestros días.
En los 30 años que transcurrieron desde el último día, los familiares de los desaparecidos lograron visibilizar su problemática con mucha claridad y, por lo tanto, se erigieron en el paradigma que aún nos recuerda a los argentinos el horror, para que nunca sea olvidado. Por esa razón, los familiares de los que nunca fueron encontrados recibieron, con toda justicia, las reparaciones pertinentes.
Pero la democracia aún mantiene una deuda pendiente con los presos políticos, que fueron secuestrados, torturados, juzgados, condenados y mantenidos en prisión por una dictadura que ejerció un feroz terrorismo de Estado, mostrando un absoluto desprecio por la legalidad y la Justicia.
Entre 1976 y 1983, alrededor de 11 mil argentinos –y algunos extranjeros– fueron encarcelados en condiciones que ningún tribunal de ningún país democrático hubiera juzgado aceptables, ni entonces ni ahora.
Por esta razón, muchos militantes que fueron mantenidos en la cárcel solicitaron al Congreso que se les otorgue una pensión, un proyecto que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados y que se encuentra listo para ser votado en la Cámara de Senadores. El expediente lleva el número 2.676/D/2012.
La aprobación del proyecto se demoró porque en él se reconocía a los detenidos a partir de 1974, lo que fue cuestionado por el senador peronista puntano Adolfo Rodríguez Saá, que propuso que se cambiara la fecha de entrada en vigor del reconocimiento. Por esta razón, la ley debió regresar a la Cámara de Diputados, adonde se aprobó la modificación y se la reenvió a la Cámara alta.
Memoria, Justicia y Reparación
Nancy Ayala Lorenz, presidenta de la filial porteña de la Asociación Nacional de Ex Presos Políticos de la Argentina, manifestó a Noticias Urbanas que “las políticas de reparación no son dádivas, porque nuestro país firmó los tratados internacionales que lo obligan a rectificar las acciones del terrorismo de Estado. Todos los Estados que los firmaron se comprometieron ante la Organización de las Naciones Unidas a hacerlo”.
“El proyecto fue presentado hace varios años y ya perdió dos veces estado parlamentario porque no fue votado. Si antes de fin de año la Cámara de Senadores no lo aprueba, va a volver a perderlo y sería una incongruencia, porque la Argentina está a la vanguardia, no solo en Latinoamérica sino en el mundo, en el área de los juicios a los dictadores y a las reparaciones a las víctimas”, se angustia la dirigente.
El secretario de prensa de la organización, Raúl Pelichotti, relató: “Al salir de la cárcel fuimos recibidos por los miembros de los organismos de derechos humanos con una gran solidaridad, pero luego los expresos nos dimos cuenta de que nuestra problemática no era la misma y que debíamos buscar nuestra propia identidad como sujeto social. Por esa razón fue que creamos la Asociación, bajo las consignas de Memoria, Justicia y Reparación Histórica. Desde entonces, somos un sujeto social que busca visibilizarnos, porque nuestra problemática está bastante oculta en la memoria de la dictadura”, afirmó.
“Fuimos militantes y nunca dejaremos de serlo”, subrayó Pelichotti. Con este concepto coincidió Ayala Lorenz, que planteó: “Trabajamos por la Memoria, no solo desde 1976 en adelante, sino de todas las luchas populares. Desde la Asociación pensamos que los juicios contra los dictadores deben continuar, porque el golpe fue cívico-militar y todavía falta investigar la complicidad civil”.
Entre los considerandos del proyecto de ley se explicó que esta “tiene como objetivo reconocer el derecho básico a trabajar, del que se desprenden los derechos previsionales interrumpidos tanto para todas aquellas personas que en los años de la dictadura militar fueron obligadas a exiliarse, estuvieron presas por razones políticas, ideológicas o gremiales, como también para las personas que estuvieron detenidas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional o detenidas en centros clandestinos por delitos políticos conexos, una interrupción de la vida laboral que también interrumpió el trámite normal de los aportes patronales y jubilatorios, situación que ha dejado al sector que esta ley intenta beneficiar sin la más mínima cobertura de seguridad para la vejez”.
Entretanto, así como la dictadura dejó importantes heridas en el cuerpo social, las condiciones del encarcelamiento las dejaron en los cuerpos de los propios ex presos políticos, que por estos tiempos deben afrontar sus avanzadas edades –casi ninguno de ellos es menor de 50 años y muchos ya pasaron los 80–, sufriendo secuelas permanentes de diversa gravedad.
Otro de los considerandos del proyecto toma en cuenta esta circunstancia cuando plantea “el proceso de construcción de un mundo más justo, lo cual significa que no haya injusticias y desigualdades en la impartición de justicia, en el reconocimiento y defensa de los derechos, que no haya nadie sin amparo de la Ley y que esta ampare a todos por igual; que no prevalezca la fuerza sobre la verdad y el derecho, sino la verdad y el derecho sobre la fuerza; que no prevalezca jamás lo económico ni lo político sobre lo humano. Los sobrevivientes de tal aberrante dictadura, así como sus familiares, padecieron y padecen daños psicológicos imborrables, producidos como consecuencia de lo vivido. Muchos de ellos perdieron el trabajo como consecuencia del arresto, secuestro y persecución de la cual fueron objeto, no pudiendo reinsertarse en la vida social y laboral al recuperar la libertad, encontrándose desempleados, sin cobertura social ni posibilidad futura de contar con una vejez digna. Siguiendo una voluntad manifestada socialmente de reparación, este proyecto intenta darle una solución al vacío existente en estas áreas. Muchos de los ex detenidos políticos o sus familiares carecen de recursos o medios a fin de contar con un sistema que les posibilite el acceso a la salud, y especialmente se prevé en dicho proyecto la institución de un Programa Especializado de Atención Médica y Psicológica para las víctimas. Muchas de las cuales nunca accedieron a tratamientos acordes”.
El proyecto de ley fue presentado por los diputados José Ricardo Mongeló (FpV-PJ-Chaco), Juan Carlos Díaz Roig (FpV-PJ-Formosa), Gloria Bidegain (FpV-PJ-provincia de Buenos Aires), Carlos Miguel Kunkel (FpV-PJ-provincia de Buenos Aires), Alfredo Carlos Dato (FpV-PJ-Tucumán), Remo Gerardo Carlotto (FpV-PJ-provincia de Buenos Aires) y Martín Sabbatella (Nuevo Encuentro-provincia de Buenos Aires).
Fuente: NU
