En Avellaneda, hace una semana, un ladrón intentó robar en un quiosco y acuchilló a un cliente; el resto de los presentes reaccionó y lo mató a golpes. Otro caso similar ocurrió en Córdoba hace tres semanas. En mayo pasado, una turba asesinó a un vecino del que sospechaban por la muerte de la adolescente Katherine Moscoso, hecho que motivó una pueblada en la tranquila localidad costera de Monte Hermoso. En varios otros casos, delincuentes atrapados in fraganti por vecinos terminaron en el hospital. Situaciones de linchamiento se repitieron en los últimos tiempos. Según especialistas consultados por LA NACION, en la génesis de esas violentas reacciones sociales están el miedo al delito y la falta de confianza en las instituciones.

“La percepción sobre el mal funcionamiento de los sistemas de justicia y de policía genera estas reacciones individuales de disputar al Estado el monopolio de la fuerza. Las encuestas de victimización marcan que la baja imagen de las instituciones no está obligatoriamente vinculada con el crecimiento del delito, sino con la percepción sobre la capacidad de respuesta. De todos modos, en los últimos siete años hubo un aumento de delitos que, a su vez, consolidó esa idea sobre la ineficacia estatal”, explicó Diego Gorgal, ex secretario de Seguridad porteño.

Las encuestas privadas de victimización, que sirven para señalar incluso el nivel de delitos que no se denuncian, muestran que la región metropolitana mantiene un nivel constante de casi cuatro de cada 10 hogares afectados cada mes por al menos un robo.

Según el sondeo de mayo del Laboratorio de Investigaciones sobre Crimen, Instituciones y Políticas (Licip) de la Universidad Torcuato Di Tella, en un 37% de los hogares al menos un miembro de la familia fue asaltado. Ese resultado pone a la región metropolitana entre las más inseguras en América latina en cuanto a delitos contra la propiedad. Un informe de la Corporación Andina de Fomento confirma ese dato.

“La imagen de mal funcionamiento del sistema contra el delito tiene sustento real -agregó Gorgal-, con la certeza de que sólo el 3 o 4% de las causas abiertas cada año termina en una sentencia. A los linchamientos hay que tomarlos como el síntoma de una fiebre que se extiende, con otras señales como el aumento del gasto en sistemas de vigilancia privada, la proliferación de las rejas y la compra de armas para la defensa personal.”

Otro sondeo, realizado por el Proyecto de Opinión Pública en América latina, señaló que en 2014 el 23% de los argentinos se mostraron de acuerdo con ajusticiar en las calles a delincuentes. Dos años antes la misma consulta había recibido el 18% de aprobación. Esa variación puede señalar un hartazgo incipiente ante la violencia de la delincuencia y la falta de castigo institucional.

“Evidentemente es algo muy negativo, porque genera escaladas de situaciones de violencia y puede provocar daños, además, a personas que quizá son inocentes o que no es claro que sean culpables, por ejemplo en el caso de Monte Hermoso. Puede haber muchas causas en juego: incremento del delito, falta de respuesta del Estado, percepción de esa falta de respuesta, degradación de lazos sociales… Esto también puede agravarse por el rol de los medios y situaciones de histeria colectiva”, dijo a LA NACION Diego Fleitas Ortiz de Rosas, director de la Asociación para Políticas Públicas (APP).

En ese caso ocurrido en Monte Hermoso, Juan Carlos Canini González fue asesinado por un grupo indeterminado de vecinos que lo señalaban como partícipe de la desaparición y posterior homicidio de Katherine Moscoso. Hasta ese momento no estaba claro cuál pudo haber sido la participación de la víctima en el crimen, más allá de la de haber dado alojamiento a la mujer que finalmente fue detenida por crimen.

Fleitas Ortiz de Rosas agregó: “No sé si realmente hay un aumento de casos de linchamiento o simplemente es una cuestión de sucesión de noticias, pero hay que notar que las situaciones de venganzas suelen ocurrir con mayor frecuencia en sectores excluidos y en conflicto con la ley”.

Desde el campo de la observación de la seguridad pública se apunta a un resquebrajamiento de la confianza en las instituciones estatales.

Claro que a un evento colectivo como es un linchamiento se llega tras un encadenamiento de decisiones personales que habrá que analizar. “Desde el psicoanálisis no podemos enfocar la causa de esas reacciones sólo como asociadas a la inseguridad, sino como policausales. Aunque habrá que definir, sí, que cada día aparece debilitado el concepto internalizado de ley que nos vuelve una cultura y nos aleja de la horda. Entonces, frente a un miedo puede aparecer un impulso desaforado que no encuentre freno interno. El miedo se puede transformar en agresión, violencia y salvajismo”, opinó la psicoanalista Miriam Mazover, directora de la Fundación Fernando Ulloa.

“Hay que tener en claro que no existe la justicia por mano propia. Son términos que no pueden quedar asociados porque la persona puede falsamente entender que tiene una alternativa personal a la justicia real. Y así se llega a encerronas trágicas en estos casos de linchamientos, con una violencia que se vuelve revancha”, dijo Mazover.

El papa Francisco se pronunció horrorizado el año pasado frente a la muerte a patadas de un ladrón en Rosario. Los casos se reportan con mayor frecuencia. Aparecen como señal de alerta. Y esa resolución individual de conflictos puede dar lugar a problemas más graves.

¿Qué pasa al no haber confianza en las instituciones frente a los problemas causados por la delincuencia? Una repuesta contundente se puede encontrar en el informe de la Corporación Andina de Fomento presentado el año pasado a los ministros de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, y de Santa Fe, Raúl Lamberto: “En casos menos extremos, la erosión de la legitimidad puede manifestarse de otras maneras, como la aceptación social de que no se respeten las leyes y los procedimientos correspondientes en la lucha contra el crimen, la resolución de conflictos sin acudir a las instituciones correspondientes y la toma de acciones por cuenta propia o en la comunidad para protegerse contra la inseguridad”.

La falta de confianza en el Estado frente al delito puede llevar a situaciones más peligrosas que el linchamiento: “En el caso más extremo, el Estado puede llegar a ser incapaz de proveer un mínimo de seguridad, y la ciudadanía, dejar de reconocerlo como garante de los acuerdos y las libertades individuales, abriéndose un espacio para que organizaciones criminales tomen ese lugar. Esto sucedió en varios lugares en América latina. En San Pablo, la organización criminal Primeiro Comando da Capital (PCC) ocupó el espacio del Estado entre 2006 y 2007. Este período es conocido como la Paz Monopolista, dominando totalmente [el PCC] el uso de la fuerza en los sectores populares de la ciudad”.

Las encuestas de victimización argentinas también señalan que el narcotráfico es uno de los hechos delictivos que causan más preocupación y que fomenta la percepción de incapacidad judicial.

DIEGO GORGAL

Ex secretario de seguridad porteño

“Esos linchamientos hay que tomarlos como el síntoma de una fiebre que se extiende, con otras señales como el aumento del gasto en sistemas de vigilancia privada, la proliferación de las rejas y la compra de armas para la defensa personal”.

Fuente: La Nación