El ministro de Energía, Juan José Aranguren, adelantó este viernes por la mañana que las tarifas residenciales de gas que superen los 250 pesos finales, incluido impuestos, tendrán incrementos de entre 300 y 500 por ciento, dependiendo de la categoría.

Al disertar en la Audiencia Pública que se desarrolla en el Teatro de la Ribera, en el barrio porteño de La Boca, Aranguren también anunció una reducción del 5 por ciento a los subsidios que se aplican sobre la producción de gas natural, que representa aproximadamente un 40 por ciento del valor de la factura que reciben los usuarios residenciales, por lo que el costo pasará de 3,42 a 3,77 dólares el millón de BTU.

El ministro sostuvo que el objetivo del Gobierno es lograr “una reducción gradual y previsible de los subsidios a la producción y la importación de gas natural”, para “no sólo recuperar en tarifa el costo económico de la producción, sino ir reduciéndolo”.

El funcionario se expresó así al abrir la audiencia pública en la que se terminará a definir el nuevo cuadro de precios del gas natural en el denominado Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) o boca de pozo.

Aranguren afirmó que el objetivo de su gestión es continuar en el “sendero gradual y previsible de reducción de subsidios” y en paralelo obtener un suministro que sea sostenible en el tiempo y promover la producción local, con subsidios a la demanda y no a la oferta.

La audiencia pública para definir el aumento del precio del gas en boca de pozo arrancó a las 9:00 en el Teatro de la Ribera, del barrio porteño de La Boca, donde estaba previsto que se expresen unos 75 oradores, incluyendo los del interior del país a través de videoconferencia.

Aranguren indicó que al llegar a la gestión en diciembre de 2015 recibió un sistema de suministro de gas natural que “era y continúa siendo distorsionado, desigual, injusto y obsoleto”, para el que se importa en invierno un tercio del fluido consumido. Advirtió además que la capacidad de importación está hoy “limitada” porque no hay mayor capacidad de regasificación mientras que “hay un faltante de suministro por parte de Bolivia”, y cuando esto ocurre -principalmente en el invierno- se debe cortar el gas a las industrias.

El funcionario indicó que los “injutos” del actual sistema de distribución es que mientras abastece sólo al 60 por ciento de los argentinos, todos los ciudadanos del país contribuyen con sus impuestos a subsidiar ese sistema en un 50% a nivel nacional y en un 81% en la Patagonia.

El 26% de la demanda pertenece a la industria; el 38% a las usinas; el 6% va al Gas Natural Comprimido para los vehículos; los comercios se quedan con el 3%; los horas (residencial) absorben el 24%; y la tarifa social, un 2%.

Según las tarifas de octubre de 2016, la demanda pagó en promedio 3,97 dólares por millón de BTU (unidad de medida británica) pero a través de los subsidios el Estado pagó la diferencia hasta alcanzar un promedio de 5,22 dólares.

Esa diferencia entre el precio promedio real y el precio promedio efectivamente pagado por los diversos usuarios le significó al Estado un gasto de 2.690 millones de dólares para sostener el sistema de subsidios.

Ese dinero fue girado a las empresas, que cobraron un precio de 4,72 dólares por millón de BTU en la producción local; u$s3,56 el inyectado desde Bolivia; el GNL regasificado, u$s6,65; el “gas de Chile” a u$s7,09; y, en el invierno, el gas oil a u$s11,20. De cara a 2017, dijo Aranguren que se estima en función de los valores en el mercado internacional, habrá un incremento en el precio del gas hasta los u$s5,64 por millón de BTU, aunque esa oferta responde a una demanda estacional con un pico en invierno.

Fuente: El Destape