Luego de que ordenaran la liberación de un asaltante en menos de 24 horas, el Ministerio de Seguridad busca que se modifiquen tres artículos del Código Procesal.

La liberación otorgada por la Justicia en menos de 24 horas a un motochorro que asaltó a una turista griega a metros del Teatro Colón derivó en una polémica que llegó hasta la Casa Rosada y que podría tener, incluso, consecuencias de fondo. Es que el presidente salió a criticar a quienes decidieron soltar en tiempo récord al sospechoso, la ministra de Seguridad se sumó y el Ministerio Público Fiscal defendió al funcionario que intervino. Pero el tema no terminó ahí: el Gobierno anunció que buscará modificar tres artículos del Código Procesal para limitar las excarcelaciones.

El robo de la polémica ocurrió en la tarde del domingo. Un motochorro que tenía una camioneta como apoyo le arrebató un Rolex a una turista griega que caminaba con un compatriota. La Policía detuvo al ladrón y, mientras lo identificaba, apareció una mujer que lo denunció por un asalto ocurrido la semana pasada. El fiscal Anselmo Castelli decidió no realizar el procedimiento de “flagrancia” (permite emitir una sentencia en 48 horas ante un caso “in fraganti”) y lo derivó al juez Gabriel Ghirlanda, que liberó al acusado el lunes a la tarde.

Luego de la liberación, el presidente Mauricio Macri escribió en su cuenta oficial de Twitter: “Un motochorro más liberado en menos de 24 horas después de haber asaltado a una turista y de ser reconocido por otra víctima más. Vuelvo a pedirle a la Justicia que cuide a los ciudadanos y no a los delincuentes”.

Ese comentario lo respondió a los pocos minutos la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que agregó: “Mañana -por el martes- le pediremos al Procurador que tome medidas contra el Fiscal que defiende al delincuente sobre el ciudadano. No queremos más fiscales que defiendan delincuentes”.

Tras el intercambio en redes sociales y ante la consulta de este diario, voceros de Bullrich confirmaron: “Hemos hablado con el Procurador y precisamos cambiar el régimen de excarcelaciones vigentes. Y es lo que vamos a discutir urgentemente. Vamos a trabajar en modificar tres artículos del Código Procesal Penal para limitar las excarcelaciones de motochorros”.

Aunque todavía no indicaron ni cómo ni cuándo se realizarían estas modificaciones, apuntarían a una reforma de los artículos 316, 317 y 318, que regulan los procedimientos de las excarcelaciones y la exención de prisión. La intención oficial es que haya más restricciones para conceder estos beneficios a quienes roben en moto.

“El Ministerio de Seguridad va a poner en discusión en el Gobierno la modificación de estos tres artículos, por el tema motochorros”, confirmaron los voceros de esa cartera. La decisión se tomó luego de una reunión entre funcionarios de esa cartera y el procurador, Eduardo Casal.

Igual, el Ministerio Público salió a respaldar al fiscal Anselmo Castelli. A través de un comunicado en el sitio Fiscales.gob.ar, señalaron: “La fiscalía dispuso no aplicar al caso el procedimiento contemplado en la Ley de Flagrancia por entender que no se daban las causales necesarias para ello”. Y aclararon que eso no implica “de ningún modo que los hechos no serán investigados”.

Además, justificaron: “Durante el turno, la fiscalía aplicó el procedimiento de flagrancia en otros 35 casos, con 39 personas detenidas”.

La excusa de la Fiscalía fue que los turistas griegos no se quedaron a formalizar la denuncia -estaban apurados por irse porque debían tomar un vuelo a Brasil- y por eso era imposible darle curso a la investigación como un caso de flagrancia. Y que como las actuaciones se limitaron al robo denunciado por la mujer que se acercó al lugar de la detención, y aquel hecho no había sido detectado “in fraganti”, se le dio el tratamiento normal de cualquier expediente y se lo remitió al juez de turno, Gabriel Ghirlanda.

Por orden judicial, y al no tratarse de un caso de flagrancia, el detenido fue liberado este lunes por la tarde: estuvo preso menos de 24 horas.

El acusado fue identificado como Leandro Nicolás Amarilla, de 31 años, con domicilio en Moreno. Apenas el juzgado autorizó su libertad -sólo se esperó a que su hermano se presentara y “constatara” su domicilio-, se fue de la comisaría cubriéndose el rostro detrás de su mujer. Enseguida cerró su redes sociales, sin sospechar que su caso terminaría abriendo un debate en el Gobierno nacional sobre este tipo de hechos.

La última modificación del Código Procesal Penal se aprobó en diciembre de 2018 en el Congreso a partir de un proyecto presentado por el Ministerio de Justicia de la Nación, a cargo de Germán Garavano. En el trámite sufrió modificaciones que dejaron afuera cambios sobre las excarcelaciones que ahora vuelven a estar en la mira del Gobierno.

Fuente: Clarín