La salida de la crisis que planea el gobierno de Alberto Fernández tuvo su primera turbulencia política: las jubilaciones. La ambición de achatar la pirámide de los haberes fue puesta en el foco de la oposición y ahora el Frente de Todos espera salir airoso de las modificaciones que estipula la ley de Emergencia Pública.

Como primer anuncio, el mandatario suspendió la ley de movilidad jubilatoria por 180 días y anunció el bono a quienes ganan la mínima por un monto de $ 10.000 dividido en dos cuotas mensuales que se pagarán a fines de diciembre y en enero. La escala jerárquica sigue hasta los $ 19.068, la cifra de corte a la que pudo estirarse el Ejecutivo luego de evaluar los costos fiscales.

En el caso de quienes cobren $ 15.068, el bono será de $ 4.000 a fin de año y en enero, para completar un monto máximo de $ 19.068; quienes perciban $ 16.068, recibirán $ 3.000; a los que ganen $ 17.068 le ingresarán $ 2.000. Finalmente, para los que cobren $ 18.068, el bono será de $ 1.000 pesos en diciembre y otro tanto en enero. Claro, quienes no son alcanzados por el beneficio se quejaron, ya que sus haberes también perdieron largamente contra la inflación. Durante 2019, quedaron relegadas un 4,5% contra la suba de precios, cercana al 55%, y completaron un retroceso de poco más de 20% en los cuatro años en los que gobernó Mauricio Macri.

Al parecer, la consiga política de “atender los de abajo para luego llegar a todos” no era un discurso. El Gobierno apela a subir urgentemente las remuneraciones mínimas para luego aplicar, a través del Poder Ejecutivo, nuevos aumentos trimestrales en marzo y junio.

Un alta fuente del Gobierno confirmó a El Destape que los aumentos fijados en el primer semestre van a realizarse y serán mayores al que hubiera dado la ley de movilidad de Macri, que benefició principalmente a quienes perciben jubilaciones más elevadas en detrimento de quienes cobran la mínima.

Contrariamente a ésto, la administración de Fernández buscará promover mayores ingresos en los sectores más vulnerables. Según los números difundidos, el 65% percibe la mínima, mientras que el otro 35% significa la mitad de la inversión en jubilaciones, por lo que se buscará achicar la brecha que separa a ambos grupos de adultos mayores.

De acuerdo a un informe al que accedió este medio, si se compara con otros países, la cifra es realmente alarmante en nuestro país. El haber máximo equivale a poco más de siete haberes mínimos, que hoy llega a los $ 14.068.

Por ejemplo, la proporción en Portugal equivale a una ganancia de siete veces más, Brasil y Grecia casi seis, mientras que en Luxemburgo llega a poco más de cuatro a uno. La escala sigue hasta llegar a Irlanda, la nación más igualitaria en este aspecto.

Sin privilegios
Si el Gobierno planea calibrar los presupuestos y desindexar la economía para llevar a la inflación a un dígito para fines de 2021- como mencionó el director del Banco Central, Miguel Pesce- el proyecto de presentación resultaba injusto. La no inclusión de las jubilaciones de privilegio en el texto original, motivó indignación en varios sectores.

Las idas y vueltas en torno al debate por la reestructuración de la ley de movilidad derivó en el anuncio de la ampliación de las sesiones extraordinarias para debatir las escalas de las escalas más elevadas. Según pudo confirmar El Destape, la discusión se dará en los primeros días de enero y habrá un enfoque muy fuerte sobre cambios en las categorías que incluyen a jueces y diplomáticos, además de los cargos de Presidente y Vicepresidente.

Fuente: El Destape