La situación sanitaria en el Ingenio Ledesma, en Jujuy, donde murieron once trabajadores y 393 -según la empresa- padecen coronavirus es “preocupante” porque no se permite el control sindical en la aplicación de los protocolos que manda el Ministerio de Salud, informaron fuentes gremiales.

La compañía indicó que hasta el 20 de agosto en el complejo industrial jujeño – que emplea más de siete mil trabajadores- hay, además de los casos positivos, “263 recuperados con alta médica y 8 fallecidos”, en el último comunicado que se conoció el pasado jueves.

Sin embargo Rafael Vargas, titular del sindicato que agrupa a los trabajadores del azúcar, desde “Libertador” -como le dicen popularmente los jujeños a la localidad asiento de Ledesma- deploró la actitud de la empresa que “no nos da información” y dudó de los datos conocidos al asegurar que “si se hicieran testeos garantizamos que podrían ser tres veces más los casos”.

Durante una entrevista con Télam, el gremialista contó que el sindicato pidió a la empresa “bajar la circulación de las personas al menos por 15 o 21 días y luego estirar la zafra por este tiempo para controlar la propagación del virus”.

Télam: ¿Cómo está la relación con la empresa y cómo se aplica el protocolo?

Rafael Vargas: No nos da información y nos trata como si fuésemos un medio de prensa. Antes de la denuncia penal, era reticente, hasta nos querían poner un juramento que la información iba a ser usada para el conocimiento sindical. Nosotros decimos que si se hicieran todos los testeos garantizamos que podrían ser tres veces más que esos 393 que la empresa dice que hay hoy. Ya llevamos 11 trabajadores muertos, siete de la actividad azucarera, el resto del papel y la fruta.

T: ¿Cómo se desarrollan las cosas una vez que llega el virus a la zona?

RF: En marzo, con la Federación Azucarera regional -sindicatos de Salta y Jujuy-, pedimos a las patronales sentarnos a diagramar políticas y protocolos de cuidado para trabajar durante la pandemia. No tuvimos respuesta y nosotros denunciamos a Ledesma al Ministerio de Trabajo por incumplir resoluciones sobre mayores de 60 o enfermos crónicos. Hubo una inspección pero eso fue todo. Luego llegó la pandemia con casos concretos y el miedo obligó a parar siete días, dictaron conciliación obligatoria, se declaró el conflicto y la empresa recién ahí accedió negociar. Pedimos bajar la circulación de trabajadores -siete mil trabajadores del azúcar, papel, fruta y jugo en el departamento Ledesma- según recomienda la OMS para evitar contagios.

T: ¿Qué pasó entonces?

RF: Ledesma trabajó normalmente y no hubo ningún tipo de restricciones. También pedimos que la medicina laboral no mande a trabajar gente con problemas de salud o con síntomas y lógicamente ahí se priorizan los protocolos. Nunca dijimos que no existieran sino que su aplicación estaba en función de la producción y no del cuidado de los trabajadores y por eso el sindicato pide participar. Tuvimos que denunciar penalmente a medicina laboral. No hubo seguimientos ni consultas, los números habilitados nunca funcionaban.

T: ¿Ustedes qué piden?

RF: La empresa crea los protocolos, los mejora, los controla y eso no es objetivo porque ellos dicen que se aplican y nosotros, los laburantes, decimos que no es así. No hay un órgano de contralor que verifique si se aplica o no el protocolo. A los controles y observaciones si o si los tienen que hacer los trabajadores porque el Ministerio de Trabajo no puede.

T: ¿Se hicieron testeos al personal?

RF: Se hacían de casualidad, pese a que pedimos testeos masivos como en la minera Exar, donde de los 800 trabajadores, 200 dieron positivo y el propio gobernador (Gerardo Morales) los denunció por no aplicación de protocolos. Acá, denunciamos penalmente a Ledesma y el gobernador no dijo absolutamente nada. ¿Qué hizo la empresa ante la denuncia? Se escuda en esa denuncia para no actuar en la conformación de los comités mixtos.

T: ¿Cuál es el ánimo de los trabajadores?

RF: Venimos de los años 2017 a 2019, que fueron los años más duros por salarios, condiciones de trabajo y porque nos echaron 200 compañeros. La gente tiene mucho miedo porque si no trabajas en Ledesma queda el Estado y hoy con la pandemia todo es muy duro. En un punto están logrando lo que la empresa quiere, que aceptemos al coronavirus como una gripe más pero no es una gripe más, la gente se está muriendo. El sistema de salud está colapsado, desde la Obra Social pedimos al comité de emergencia provincial (COE) camas de terapia intensiva y no hay. Así se nos murieron compañeros en sus domicilios porque el SAME, la unidad móvil de emergencias que tiene la provincia, no da abasto. En otros lugares no implosionó como en el departamento Ledesma pero cuando le pasa a San Pedro, Palpalá, Perico, no sé si llegamos a que la vacuna cumpla su rol.

T- ¿Cómo sigue esta situación?

RF- Terminaron los plazos de la conciliación obligatoria y no tenemos cómo forzar a la empresa para bajar la circulación de personas. Se está imponiendo `los que tengan que morir, morirán´. Nuestra función es controlar el protocolo, saber cuántos contagios hay en cada sector, saber si medicina laboral los manda a trabajar o no con síntomas. En la práctica es puro verso el tema de los protocolos exigidos porque los changos van a trabajar con síntomas porque no hay seguimiento.

Fuente: Telam