La Corte Suprema aceptó este miércoles el pedido realizado por los gobiernos de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires y otorgó una prórroga de 15 días para dar continuidad a las negociaciones que sostienen ambas jurisdicciones en torno a los fondos correspondientes al traspaso de la Policía a la órbita porteña.

De común acuerdo, los representantes de ambas administraciones habían elevado esa solicitud al máximo tribunal ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo definitivo al diferendo que los enfrenta judicialmente desde que el presidente Alberto Fernández decidió redirigir fondos otorgados a través de Decretos de Necesidad y Urgencia por su antecesor, Mauricio Macri, a la Ciudad para financiar el traspaso de la Policía Federal a ese distrito.

En marzo pasado, después de una audiencia, la Corte dispuso el plazo de 30 días que se cumplió el martes y ahora otorga dos semanas para una nueva agenda de reuniones que -según confirmaron a Télam fuentes oficiales- contempla un primer encuentro que se celebrará el próximo miércoles cuando culmine la gira por Israel que encabeza el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro.

Después del último cónclave que se celebrara una semana atrás, tanto desde la Casa Rosada como desde el Gobierno porteño coincidieron en que las diferencias siguen siendo “amplias” pero que la voluntad de diálogo primó a la hora de pedir una “extensión” de los plazos.

“Hubo propuestas de ambas partes, pero sigue habiendo una diferencia amplia”, comentaron en Balcarce 50, una postura que fue ratificada desde las oficinas que conduce el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Más allá de lo que pueda suceder en las próximas dos semanas, la posición de la Nación ya cuenta con el apoyo de los gobernadores de Santa Cruz, La Rioja, Chaco, Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán y Formosa, que se presentaron ante el tribunal como amicus curiae.

Los mandatarios provinciales se encuentran en “alerta” y respondieron al pedido de “apoyo” efectuado por la Casa Rosada: entienden que una medida cautelar o un fallo de fondo que atienda los intereses porteños atenta contra el federalismo, contra la ley de Coparticipación y las normas que consolidan los porcentajes asignados a cada distrito.

Desde diciembre de 2019, la posición de la Casa Rosada ha sido la de cuestionar los decretos firmados por Macri en 2016 cuando el ex mandatario asignó el dinero correspondiente al traspaso de la función de la Seguridad a través de fondos coparticipables, elevando de 1,4 a 3,75% lo recibido por la Ciudad.

Las negociaciones se dieron desde inicios de 2020 y existieron reuniones entre Alberto Fernández y “Wado” de Pedro con Horacio Rodríguez Larreta, que quedaron suspendidas por el surgimiento de la pandemia de coronavirus.

En septiembre de ese año, Fernández decidió redirigir los fondos y envió un proyecto que se convertiría en Ley durante los últimos días del año.

La norma -que ordenaba una negociación entre las partes y aclaraba que los fondos traspasados no corresponderían a la coparticipación- fue cuestionada ante la Corte por la Ciudad que, luego de aceptar el reclamo, ordenó la ronda de negociaciones que, por ahora, no han tenido resultado positivo.

Mientras tanto, quienes siguen el debate judicial sostienen que son tres los puntos centrales, habiendo un virtual “punto muerto” en el tema central que es el monto que se debe transferir.

El Gobierno nacional realizó una estimación en la que se contempla el traspaso de la Policía Federal y argumenta que la Ciudad “quiere que se le pague por otros servicios, como los agentes de la ex Policía Metropolitana”.

Cerca de los negociadores porteños afirman que la Ciudad pide la actualización del monto que se asignaba a la Policía Federal en 2015 por todo concepto y eso es “más que la plata de los sueldos y los patrulleros”.

Por otra parte, hubo algunos avances -nunca definitivos- en lo que respecta al mecanismo para la actualización de los montos y en la “forma” de transferencia del dinero, que hoy es en cuotas mensuales y que la Ciudad pretende que sea “más parecido” al de la coparticipación “que es casi diario”.

Aunque el entendimiento parece distante, ninguno de los involucrados prefiere referirse al escenario de un “no-acuerdo” en el que sea la Corte la que deba fallar, pero ambos suscriben que, cualquiera fuera el resultado, todo tendrá una lectura política “acorde a los tiempos” actuales, cuando se vive un virtual conflicto de poderes entre el máximo tribunal y el Congreso.

Fuente: Telam