Un proyecto de ley que ingresó la semana pasada a la Legislatura propone que la ciudad le facture a las provincias los costos de los servicios de salud y educación que usen sus residentes en el sistema público porteño. De aprobarse, la suma anual a recuperar por esas prestaciones superaría los $15.500 millones y la provincia de Buenos Aires sería el principal deudor: un 30% de los alumnos y un 40% de los pacientes que estudian o se atienden en establecimientos que gestiona la ciudad son bonaerenses, de acuerdo con datos del distrito.

Hace tres años, Jujuy reclamó reciprocidad sanitaria con Bolivia y generó una polémica inesperada. Ahora, apenas se conoció el texto que impulsan los legisladores Roberto García Moritán y Marina Kienast (Republicanos Unidos) se reavivaron reclamos eternos de uno a otro lado de la avenida General Paz, como el manejo de la basura que producen los porteños, la mano de obra que a diario le aportan a la ciudad casi cuatro millones de bonaerenses o la asistencia económica nacional.

El cruce más fuerte por la propuesta de crear un Sistema de Reciprocidad Interjurisdiccional fue entre García Moritán y el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak.

“Cuando hubo una saturación muy grande en el epicentro de la pandemia [de Covid-19], sobre todo en el sector privado, muchas personas terminaron en hospitales de la provincia. A ninguna persona de bien se le hubiese ocurrido cobrarles”, dijo el ministro. Y el legislador le replicó: “A ver si entendés: nadie propone cobrarle a la gente. Lo que sugerimos es que cada provincia se haga responsable por los servicios que sus ciudadanos utilizan. Háganse cargo de las consecuencias de gastarse en campaña lo que deberían invertir en la gente.”

El recupero sería de más de $13.000 millones para Salud y más de $2500 millones para Educación, de acuerdo con la estimación que hicieron los equipos de Kienast y García Moritán.

“Los servicios públicos no son gratuitos”, argumentan los legisladores; el costo, que no abonan los usuarios, se financia con los impuestos. “Es sabido que muchas personas de distintos distritos del país se acercan a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para hacer uso de esos servicios públicos, ya que en algunas ocasiones puede darse que exista mayor oferta, especialidades que en otras localidades no son posibles de encontrar o una calidad diferente de servicio”, continúan. “Suele suceder que los ciudadanos residentes en distritos lindantes eligen educar a sus hijos en establecimientos de la ciudad o realizan consultas médicas/internaciones en centros de salud porteños”, apuntan.

La Constitución porteña define la gratuidad de la atención en el sector público para el usuario, no así para su obra social o prepaga si la tuviera. “De igual modo se procede con otras jurisdicciones”, se lee. A la vez, la autonomía habilita al distrito a solicitarle compensación económica a otra provincia, sin que eso afecte los principios de equidad y gratuidad en el acceso para los usuarios finales.

“El consumidor final no tiene que pagar al momento de usar el servicio, la idea es que se abone mediante una transferencia de fondos entre la provincia en la que tributa el consumidor y la ciudad”, indicó Kienast a través de un comunicado.

En el Poder Ejecutivo local estaban al tanto de la presentación en la Legislatura del partido que lidera el diputado nacional Ricardo López Murphy por su repercusión pública, pero aún no habían analizado los alcances del texto.

En cifras

Los registros de la Dirección de Estadística y Censos local para 2020-2021 con los que trabajaron los equipos de los legisladores indican que un 7% de los 305.184 alumnos matriculados en el nivel inicial, primario y secundario estatal reside en el conurbano. Esa cifra, según explicaron desde el Ministerio de Educación porteño, aumenta al 30% al tener en cuenta la cantidad que proporciona una dirección en la ciudad para acceder a una vacante y, luego, se documenta el lugar real de residencia.

La mayor proporción de no residentes, de acuerdo con las estadísticas locales, se concentra en las escuelas primarias y secundarias de las comunas 10 (Villa Real, Monte Castro, Versalles, Floresta, Vélez Sarsfield y Villa Luro), 11 (Villa General Mitre, Villa Devoto, Villa del Parque y Villa Santa Rita), 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza y Villa Pueyrredón) y 13 (Núñez, Belgrano y Colegiales).

En la estimación de los legisladores, el recupero por servicios de educación pública ascendería a unos $2805 millones. El presupuesto del área para este año asciende a $188.260 millones.

En la provincia de Buenos Aires, el 0,55% de los alumnos vive en la ciudad. Son 21.750 chicos y adolescentes, un número similar al que representa el 7% de las estadísticas oficiales porteñas.

Ante la consulta de LA NACION, desde la Dirección de Educación y Cultura bonaerense indicaron que en ese distrito “se cumple con el derecho a la educación pública y gratuita de calidad a los ciudadanos de este país que residan en el lugar que residan. Por ello, se rechaza el proyecto de ley presentado [en la Legislatura porteña]”.

En la atención de la salud, el 55% de las consultas en el sistema público de la ciudad es de residentes, un 5% de extranjeros y un 40% de bonaerenses, con una proporción similar para las internaciones. Kienast y García Moritán estiman que eso se traduce en 81.800 consultas y 71.187 internaciones de no residentes que, junto con otros servicios, representan un monto anual de unos $13.906 millones.

Durante la pandemia, LN Data relevó el uso de servicios de salud en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que comparte la ciudad con el conurbano bonaerense. En 2020, durante la primera ola de Covid-19, el 26% de los casos detectados en la ciudad vivía en otro distrito, comparado con el 4% en la provincia. La Matanza, Lomas de Zamora, Avellaneda, Lanús, Quilmes, Tres de Febrero, Almirante Brown, Merlo, San Martín y Esteban Echeverría estaban entre las 10 intendencias con más residentes atendidos en centros porteños. En la segunda ola, la proporción varió, respectivamente, al 22 y 7,4%.

Si el proyecto de ley prosperara en la Legislatura, habilitaría a la Ciudad a firmar convenios de reciprocidad con los gobiernos provinciales. Cada establecimiento tendría que informar a los ministerios de Salud y Educación la atención brindada o la vacante asignada con los datos del usuario. El sistema de recupero no alcanza al sector privado.

En los cinco artículos del proyecto también se propone modificar el artículo 33 de la Ley de Salud de la ciudad para incorporar como una nueva fuente presupuestaria del área “lo recaudado por el cobro de las prestaciones de servicios a otras jurisdicciones”.

Fuente: La Nación.