El Congreso unicameral de Perú resolvió este miércoles delegar por 90 días las facultades y decisiones legislativas a la presidenta peruana Dina Boluarte para legislar sobre economía y reformas estructurales del Estado, según detalló la prensa local.

La iniciativa aún debe ser aprobada por la totalidad del parlamento, la cual favorecerá a la actual presidenta en un contexto de crisis política y social debido a las protestas en contra de la mandataria y la destitución del presidente Pedro Castillo.

En este contexto, el gobierno de Boluarte busca “promover la reactivación económica y modernizar la gestión del Estado”. Por ahora, el dictamen fue aprobado por las comisiones de Economía y de Descentralización del Congreso.

La normativa permitirá al Poder Ejecutivo legislar por 90 días a través de decretos en materia de inversión pública, gestión económica, impuestos, tesoro público, catastro fiscal y contrataciones del Estado, entre otras problemáticas.

La política de Perú se encuentra en crisis a partir de la destitución de Pedro Castillo como presidente en 2022. Este viernes finalizará el período legislativo 2022-23 y el Congreso no logró consenso para aprobar el adelantamiento de las elecciones generales previstas para 2026.

Denuncia penal para Dina Boluarte

En un contexto de intensa crisis social, protestas que ya dejaron más de 60 muertos y una incertidumbre política relacionada a las elecciones, cuatro organizaciones no gubernamentales de Perú presentaron una denuncia penal contra la presidenta Dina Boluarte.

La denuncia fue presentada ayer ante el despacho de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), el Instituto de Defensa Legal (IDL), la ONG Paz y Esperanza, y el Equipo Legal Voluntario de Derechos Humanos.

Los organismos responsabilizan a la presidenta y al resto de los acusados por la “masacre” del 10 de diciembre en Apurímac, donde en pocos días hubo al menos seis muertos y 83 heridos en esa región en medio de protestas antigubernamentales donde los manifestantes reclamaban elecciones anticipadas.

El documento sostiene que son penalmente responsables no solo los efectivos policiales que cometieron esos delitos sino también “los autores mediatos, que forman parte de la cadena de mando”, porque “no es posible cometer una masacre sin el apoyo de las autoridades del nivel más alto”.

Fuente: Ambito