La aprobación de la ley Bases junto al paquete de reforma fiscal traía aparejada una certeza: al igual que el DNU, sobrevendría la judicialización de los artículos más conflictivos. La reglamentación del impuesto a las Ganancias esta semana fue la ocasión que disparó una sucesión de posturas –de sindicatos, de la Justicia de Neuquén y en la Cámara de Diputados– que ponen en duda el alcance que tendrá este tributo que comenzará a aplicarse en agosto.

El diputado Osvaldo Llancáfilo (Movimiento Popular Neuquino) fue el primero en oponerse institucionalmente, al presentar un proyecto para pedir la derogación de la recomposición de la cuarta categoría, que impone un impuesto a trabajadores que ganen sueldos brutos de $1.800.000 en el caso de los solteros y de $2.200.000 en el caso de los casados. Su posición lo dispuesto por la Justicia de Neuquén este mismo miércoles: el fiscal Raúl Gaitán dio curso a un amparo interpuesto por el sindicato ATE y lo consideró inconstitucional por no respetar las normas provinciales que
regulan el empleo público.

Posteriormente, Nicolás Massot sumó un nuevo argumento, que hizo público en sus redes sociales: advirtió que la gestión nacional realizó modificaciones a la hora de implementar el paquete fiscal aprobado en junio, que establecía actualizaciones cada seis meses. Sin embargo, Nación sumó un incremento del 18,5% en septiembre para que los pisos no queden desfasados hasta enero del 2025.

“No tuvimos respuesta del gobierno y se está trabajando en la presentación judicial. Si el gobierno no corrige, se hará”, dicen para Ámbito desde el entorno del diputado. Finalmente, la resolución general de la AFIP publicada este miércoles ratifica la actualización.

Esta semana representantes legislativos del Frente de Izquierda ratificaron que avanzarán con una judicialización del impuesto. “No solo reestablecen un impuesto por el que no corresponde grabar los ingresos de los trabajadores, sino que para poder hacerlo han deliberadamente violentando el sistema bicameral que rige en nuestro país, con la imposición de la voluntad de una sola cámara”, había adelantado la diputada Vanina Biasi, quien recordó el rechazo de Ganancias en el Senado.

A estos argumentos, se le suma la tensión creciente por las excepcionalidades que estableció el decreto 652/2024, que reglamentó el impuesto: el personal civil y militar de la Antártida Argentina -que se volvería extensivo a Tierra del Fuego– y el “personal de pozos” petroleros no serán alcanzados por Ganancias. Aquí incorporan otros motivos de rechazo, que se harán escuchar en la Justicia o bien en la presentación del Presupuesto 2025: la atribución que se tomó el Ejecutivo de legislar en materia tributaria y la arbitrariedad de las excepciones, a la que le atribuyen acuerdos parlamentarios.

Judicialización del impuesto a las Ganancias: gremios tomaron la iniciativa

Mientras la Confederación General del Trabajo (CGT) sostiene el reclamo en mesas de diálogo con funcionarios del Gobierno, algunos gremios ya iniciaron procesos judiciales o advirtieron que emitirán recursos ante la Justicia en caso de que no se modifiquen las condiciones de reglamentación de Ganancias. Los primeros en tomar la iniciativa fueron judiciales y bancarios, cuyo porcentaje mayoritario de afiliados serán alcanzados por el impuesto.

Sergio Palazzo, titular de La Bancaria y diputado nacional (Unión por la Patria), ratificó la judicialización y apuntó contra la recomposición de Ganancias en sus redes sociales, sosteniendo que “viola el principio constitucional de progresividad”, “no permite ningún tipo de deducciones” y “es una ilegal rebaja de salarios”. Por su parte, Julio Piumato, referente de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), interpuso una “acción declarativa” en defensa de los derechos de “incidencia colectiva” y planteó su inconstitucionalidad.

A ellos se les sumó la Asociación Profesional del Servicio Exterior de la Nación, que nuclea a trabajadores diplomáticos, quienes anticiparon que recurrirán a la Justicia por la extensión de Ganancias a los adicionales que perciben para solventar el costo de vida en el exterior. “La normativa resulta claramente confiscatoria”, consideraron en un comunicado, en donde señalan que la reglamentación “es ilegal y resulta claramente violatoria de los más esenciales derechos”.

Fuente: Ambito