La ampliación de la estructura del Poder Judicial porteño será debatida por la Legislatura en sesión extraordinaria para incorporar 56 nuevos funcionarios, entre ellos 14 jueces y 20 fiscales, que tendrán a su cargo sensibles causas contra el Gobierno del PRO, como amparos de vecinos, casos de usurpación y venta callejera.

La sesión fue convocada para el 27 de este mes por el bloque macrista para que el Parlamento vote, a través de una ley que requiere de una mayoría absoluta de sufragios –esto es 31 manos alzadas de los 60 diputados- los nombramientos de los jueces y fiscales que desde hace tres años se presentaron al llamado a concurso y que en 2012 fueron postulados por el Consejo de la Magistratura porteño.

Según indicaron fuentes parlamentarias, los legisladores analizarán si dan el aval a los pliegos que designan 14 nuevos magistrados para el fuero Contencioso Administrativo y Tributario (CAyT) de la Ciudad, además de una veintena de fiscales del fuero Penal Contravencional y de Faltas (PCyF) y defensores y asesores tutelares.

Si bien el aumento de los cargos para la Justicia porteña puede indicar una mayor eficacia para su funcionamiento, algunos legisladores observaron con reparo la nómina de los candidatos porque, por ejemplo, en el caso de los jueces, serán los que tendrán que atender los amparos que presentan vecinos u organizaciones barriales frente a acciones del Gobierno porteño con las que no acuerdan.

Hasta la actualidad, este tipo de reclamo recibió como respuesta medidas cautelares favorables de parte de los magistrados, algo que molesta ya desde hace tiempo al jefe de Gobierno, Mauricio Macri, porque afectaron o frenaron, en gran medida, algunas de sus iniciativas de gestión.

De hecho, el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la semana pasada cuestionó la decisión de un magistrado del fuero Contencioso, Administrativo y Tributario, al señalar como “inentendible” el fallo que dio lugar a un amparo de vecinos para detener las obras “por más de un año” sobre la traza de la línea de subtes H, en el barrio de Recoleta.

“Estos jueces van a ser más acotados en su reconocimiento a planteos para limitar las políticas del macrismo”, dijo una fuente parlamentaria de la oposición que relevó la lista de los postulantes.

Por otra parte, también será clave la designación de unos 20 fiscales del fuero PCyF que, hasta hoy, está compuesto por 31 Juzgados, 12 Fiscalías, 8 Defensorías y dos Asesorías Tutelares y tiene entre sus competencias las cuestiones donde la Ciudad sea parte.

Por ejemplo, actúan frente a contravenciones o faltas que tengan que ver con el uso del espacio público, la libre circulación y el tránsito, con lo cual los nuevos funcionarios manejarán causas que también representan temas de interés dentro de la política del PRO, como los cortes en la vía pública, las usurpaciones o las denuncias con los denominados “trapitos”.

En el listado de postulantes a fiscales, en tanto, figuran algunos hombres del derecho que conformaron una organización llamada “Unidos por la Justicia”, que fundó Francisco De Narváez en 2003 bajo la supervisión del hoy Fiscal General de la Ciudad, Germán Garavano, y que según investigaciones periodísticas, asesoró al Gobierno porteño en distintos temas.

Los pliegos de la totalidad de los aspirantes fueron analizados en noviembre pasado en el marco de una audiencia pública en la Legislatura donde solamente fue impugnado el aspirante a fiscal Cristian Longobardi por su rol durante el desalojo ocurrido en diciembre del 2010 en el Parque Indoamericano, por el cual murieron tres personas.

“Longobardi, como fiscal interino, hizo lugar a una denuncia y pidió el desalojo del Parque y como ello no es un dato menor quisimos poner en debate el hecho que haya cometido un error grave sin una apertura al diálogo que permitiera salir de esa situación crítica”, dijo a Télam la legisladora Claudia Neira, quien objetó la postulación.

Fuente: Minuto Uno