Mientras se mantiene el proceso judicial en el que está investigado el vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, y se mantiene en el anonimato quienes son los dueños de la imprenta, se publicó el decreto por el que el Gobierno da comienzo al proceso de expropiación de los bienes de la Compañía de Valores Sudamericana, ex Ciccone Calcográfica.
Ayer, mediante el decreto 252/2013 publicado en el Boletín Oficial se designó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) como “sujeto expropiante” de los bienes de la imprenta.
El documento le concede el uso “hasta que se complete” la expropiación a la Casa de la Moneda “incluyendo el inmueble en que se asienta su planta”.
Hasta hace unos meses la planta era alquilada por la compañía Boldt, quien se retiró del negocio de la impresión para evitar un enfrentamiento con el Gobierno, ya que fue el blanco elegido por Boudou a la hora de defenderse por la denuncia en su contra por el delito de tráfico de influencias. El funcionario está investigado por beneficiar al fondo The Old Fund de Alejandro Vandenbroele, quien fue señalado por su ex mujer como testaferro de Boudou, para quedarse con la quebrada Ciccone.
El otro funcionario público denunciado que tiene la causa es quien llevará adelante el proceso expropiatorio. El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, fue imputado por presuntas irregularidades en el plan de facilidades de pago otorgado a la ex Ciccone para saldar una deuda de $ 62,7 millones que tenía con el organismo.
En los considerandos de la norma se explica que se toma esta medida para profundizar la aplicación de la ley 26.761, por la que se declaró a la imprenta de utilidad pública y sujeta a expropiación.
Además, el decreto firmado por la presidenta y los dos ministros cuenta con 11 artículos en los que se explica la intervención de la Compañía de Valores Sudamericana y que se instruyó al Tribunal de Tasaciones de la Nación que fije el “justiprecio”.
El encargado de ponerle precio a la expropiación es quien fuera candidato a procurador General de la Nación por el kirchnerismo, Daniel Reposo, hoy en la Sindicatura General de la Nación.
Desde la oficina de Reposo aseguraron a El

Cronista que “ya se realizó la auditoría que fue enviada a la AFIP y al Tribunal de Tasación para que este último defina el precio y las condiciones de pago”, agregó la fuente oficial. Valor que aún no se sabe quién lo cobraría.
Mientras sucede, el Decreto 252/2013 estableció que se suspende la ejecución de las deudas fiscales que tenía la compañía. Es lógico ya que la AFIP no se va a autoejecutar sus deudas.

Fuente: Cronista