Mientras se arremanga la camisa de algodón entramado y se cruza de piernas, un funcionario del PRO arroja una definición polémica: “Olvidate, en ese negocio va a entrar Sergio Szpolski”. De concretarse, el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, le abriría un meganegocio al empresario insignia del kirchnerismo, Sergio Szpolski.

El 20 de diciembre pasado, la Legislatura porteña aprobó en su última sesión del año una norma que amplía la posibilidad de poner publicidad en la vía pública a los quioscos de revistas. Un negocio que, de concretarse –sobre todo en un año electoral–, movería cerca de U$S 20 millones por año y expandiría la presencia de anunciantes en unos 1.500 puestos de revistas en la Ciudad.

El Gobierno porteño debate hoy cómo instrumentar a quiénes beneficiará con la nueva cartelería: si arma una nueva licitación para que entren otras empresas de publicidad o si cede el negocio a las tres que ya explotan todos los carteles porteños –refugios de colectivos, carteles iluminados y carapantallas verdes–, que técnicamente se conocen como mobiliario urbano.

También algunas de las que ya juegan en el negocio podrían subcontratar al empresario K.

Los abogados de Sergio Szpolski, titular del Grupo 23, ya trabajan en presentaciones judiciales para que Macri lo deje competir en el nuevo negocio y hasta se animan a ir por más: “Si los funcionarios de Macri no se sientan con nosotros, no habrá publicidad en los quioscos”.

En el PRO dicen que aún no comenzaron con los actos administrativos que pondrían en funcionamiento el nuevo sistema. Por lo pronto, la ley permite que, por ejemplo, un quiosco de revistas pueda tener un LED para vender publicidad.

Ahora bien, ¿qué ganaría la Ciudad con esta nueva boca de expendio para las empresas del sector? Según confían en el Gobierno porteño, se aplicaría un canon a aquellos que exploten el servicio, y agregan que el año pasado, en concepto de tasa, la Ciudad recibió $ 10 millones de las tres empresas del mobiliario urbano. Otro eje que deberá desentrañar el macrismo es cómo compensar a los canillitas, cuyo titular, Omar Plaini, si bien se mostró de acuerdo con la norma (ya que conllevará más ingresos para los suyos), no tiene claro cómo será el esquema de ingresos. Una de las opciones que se barajan en el PRO es dejarle un porcentaje de la ganancia a cada canillita, otra es que se “alquile” el lugar destinado a la publicidad. En el Ministerio de Espacio Público aseguran que no se avanzará sin antes tener la aprobación de Plaini, un peronista cercano a Hugo Moyano.

El negocio es rentable. Dependiendo de la zona donde se ubica (una avenida como Santa Fe o una calle en zona residencial), el mes de alquiler puede variar de $ 7.000 a $ 12.000. En un año electoral, las cifras podrían ser mayores aún.

Paralelamente, habrá otra novedad: aparecerá publicidad en los puestos de flores, que también forman parte del mobiliario urbano porteño. El negocio hoy está manejado por tres empresas, que se dividen la Ciudad. La licitación estuvo frenada luego de una serie de amparos y recursos judiciales a raíz de presuntas irregularidades. Finalmente, la Justicia sobreseyó a todos los involucrados.

Las empresas que tienen el negocio son: Grupo al Sur, a nombre de los hijos y la ex mujer del ex secretario de Medios K, José “Pepe” Albistur; PC Publicidad, del Grupo Emepa; y Publicidad Sarmiento, de la familia de Orly Terranova, el corredor de Dakar.

El titular de la Asociación Argentina de Empresas de Publicidad Exterior (AAPE), Gustavo Brizuela, refleja la inquietud que hay dentro del sector: “Es una vergüenza que no nos hayan ni siquiera informado de lo que van a hacer”, y polemizó: “Cada vez se monopoliza más el negocio”.

Fuente: Perfil