Un cruce de cartas por el impuesto a las ganancias tensó, en las últimas horas, la ya difícil relación entre la Corte y la procuradora general de la Nación , Alejandra Gils Carbó.

El viernes pasado, la Procuración l e había enviado al máximo tribunal una nota para “trabajar de forma conjunta en la implementación del pago del impuesto a las ganancias” de jueces y fiscales, que hoy no lo pagan. Sostuvo entonces que la suerte de los funcionarios de la Procuración estaba atada a lo que resolviera la Corte. Gils Carbó había dicho, además, que creía que el impuesto debía pagarse.

Ayer llegó la respuesta del alto tribunal. Le advirtió que nada tenía que ver la Corte con la situación de los fiscales; que ellos no están alcanzados por la acordada que exceptúa del pago de ganancias a los jueces y que, de hecho, Gils Carbó debería estar reteniéndoles ese impuesto.

“Desde el año 1994 no sólo no existe ningún impedimento para que el Ministerio Público actúe como agente de retención del impuesto a las ganancias, sino que es su obligación hacerlo”, le recordó la Corte.

La Corte fundamentó su respuesta en la condición de “órgano independiente” que la Constitución Nacional, reformada en 1994, le otorgó al Ministerio Público, integrado por la Procuración y la Defensoría General de la Nación.

Con este argumento, el máximo tribunal afirmó que sus acordadas “naturalmente no son aplicables” a fiscales y defensores.

Ni Gils Carbó ni Ricardo Lorenzetti firmaron las notas cruzadas. Las suscribieron funcionarios de menor rango, pero ambos reivindicaron sus contenidos.

Entre el presidente de la Corte y la procuradora no hay diálogo. La relación es muy tensa desde el día uno. En el Palacio de los Tribunales leyeron como un claro gesto de distancia que Gils Carbó no hubiera ido a saludar a la Corte cuando asumió, tal como indica el protocolo. Pero además, ella faltó (al igual que todo el kirchnerismo) al acto de apertura del año judicial que encabezó Lorenzetti el mes pasado, acto en el que se conmemoraban los 150 años de la Corte. Esa misma semana, Gils Carbó dijo que la justicia actual era “ilegítima, corporativa y oscurantista”.

La carta del viernes pasado de la Procuración la suscribió su subdirector general de Administración, Jorge Dománico. La dirigió a Héctor Marchi, secretario general de Administración de la Corte, y le pedía reunirse por el tema Ganancias.

Hace tiempo que el asunto está en la agenda pública. El 1° de marzo, ante la Asamblea Legislativa, la presidenta Cristina Kirchner instó al máximo tribunal a que empiece a cobrar el impuesto.

La Corte ya había dejado trascender que llevaba meses estudiando la posibilidad de dejar sin efecto la acordada de 1996, que exceptúa a los jueces de su pago. Ayer, un ministro del Tribunal informó que se estaban haciendo consultas a jueces de todo el país y anunció que dentro de la Corte sigue la deliberación. “Por su impacto, no es una decisión fácil. Aplicar el impuesto implicaría una reducción tal en los sueldos que paralizaría el sistema”, afirmó.

“Si hay reuniones, el Ministerio Público quiere participar porque es algo que lo afecta”, había dicho Gils Carbó en declaraciones radiales.

Según la Procuración, un cambio del régimen debería aplicarse a jueces y a fiscales “de manera simultánea” porque hay una ley que prevé “el reconocimiento de la misma jerarquía y beneficios” a los integrantes del Ministerio Público y del Poder Judicial, con el objetivo de “asegurar el libre traspaso entre ambos organismos”.

La respuesta de la Corte la firmó la subdirectora general de Administración, Karina Ramos. “Por una cuestión de protocolo, la firmó alguien del mismo nivel que quien nos había mandado la nota”, explicaron en el Tribunal. En la Corte alegaron que la disposición que había citado la Procuración era una “norma transitoria” que ya no rige, y que fue dispuesta para el traspaso original de gente de la Justicia al Ministerio Público, cuando éste adquirió la jerarquía que tiene hoy.

“Espero haber aclarado los aspectos legales de este tema, sin perjuicio de lo cual, no tengo ningún inconveniente en reunirnos por razones de cortesía institucional”, reza el último párrafo de la nota de la subdirectora de Administración de la Corte.

En el primer párrafo, había dejado claro que no hablaba sólo por ella. Tras acusar recibo de la “atenta misiva”, afirmó: “Como corresponde a la estructura jerárquica, he puesto en conocimiento de su pedido al director, quien a su vez consultó al pleno del Tribunal sobre su propuesta de reunirse para conversar sobre la implementación del pago del impuesto”. Los párrafos siguientes los dedicó a explicar por qué, a juicio de la Corte, no había nada que hablar.

“Lo vamos a estudiar y mañana [por hoy] daremos una respuesta institucional”, contestó ayer Gils Carbó.

una relación de total distancia

La Corte y la procuradora tienen un vínculo marcado por la falta de diálogo

El presidente de la Corte había promovido la unidad de la Justicia y pedido evitar las “peleas de vecinos”
Gils Carbó dijo que la Justicia es ilegítima y corporativa. “Hace falta más debate que consenso”, dijo, en un mensaje a Lorenzetti
Ricardo Lorenzetti

Presidente de la Corte

Respecto del pago de Ganancias, la Corte dijo que sus acordadas no se aplican a los fiscales
Sostuvo que Gils Carbó debería descontar el impuesto a los fiscales porque no hay norma que los exima de pagar
Alejandra Gils Carbó

Procuradora general de la Nación

La Procuración había instado a la Corte a discutir sobre el impuesto, que en la Justicia no se paga
Dice que está atada a lo que resuelva el tribunal. Pidió ser parte de las conversaciones sobre el tema

Fuente: La Nacion