Esta semana comenzó lo que será un arduo proceso de debate en la Legislatura porteña para tratar la intención del macrismo de llevar a 10 mil nuevas cuadras el estacionamiento medido en la Ciudad y de implementar el cepo como medida punitiva, además de ampliar la zona de influencia de las grúas de acarreo. El proyecto también apunta a modificar las tarifas y hacerlas progresivas. Según información extraoficial podría llegar a cobrarse entre 6 y 12 pesos por la hora de estacionamiento. El valor de la tarifa, no obstante, deberá ser establecido en una audiencia pública.
El proyecto del gobierno, cuyo origen tiene algunos años y recién pudo avanzar en ese sentido con la modificación del Código de Tránsito y Transporte, que habilitó la ampliación del estacionamiento medido en la Ciudad, busca “favorecer el ordenamiento del tránsito en las zonas de alta densidad, optimizar el uso de los espacios disponibles y favorecer la rotación”, según la Subsecretaría de Transporte que comanda Guillermo Dietrich. Sin embargo, para algunos sectores se trata de “un gran negociado” que “está beneficiando a las empresas en contra del vecino y de cualquier tipo de transparencia”, según advirtió Juan Chavarri, titular de la ONG “No al Parquímetro”. Por su parte, el senador por la Ciudad, Daniel Filmus, afirmó que “no va a favorecer el ordenamiento del tránsito ni optimizar el uso de los espacios. Es sólo un intento más para privatizar el control y favorecer la recaudación, perjudicando a los vecinos, especialmente a los que tienen menos recursos.”
El diputado porteño Claudio Palmeyro, del bloque Sindical Peronista, presidente de la Comisión de Tránsito y Transporte de la Legislatura, explicó que el gobierno presentó en el cuerpo los pliegos para licitar las cinco zonas en que se dividió la ciudad para implementar las concesiones que administrarán los distintos sistemas de control, tanto en parquímetros, cepos y grúas. Fue gracias a aquella modificación de la ley de tránsito que el Ejecutivo está exigido a mandar los pliegos para ser aprobados por la Legislatura.
“Lo que nos mandaron me parece exagerado, se mete en barrios residenciales, en zonas que no tiene sentido pagar. Y con el cepo no estoy de acuerdo, el coche que está en infracción lo tenés que sacar del lugar, y no inmovilizarlo. Y si se le venció el ticket ponele una multa, porque en definitiva está en un lugar permitido”, dijo Palmeyro.
El plan es implementar el cepo para aquellos autos excedidos en el parquímetro. Según trascendió ayer en una nota del diario Clarín, el conductor tendría hasta dos horas para pagar la multa y avisar a la concesionaria, que debe retirar el dispositivo en media hora. Si se vence el plazo, el auto sería retirado con la grúa, lo que incrementaría el costo para recuperarlo. La regulación del estacionamiento alcanzará también a las motos. Habrá áreas identificadas y serán acarreadas las que estén en infracción. Habrá diferentes tarifas para cada zona, además de un valor progresivo en las más pobladas y complicadas para el tránsito que arrancaría en $ 6 la primera hora, $ 8 la segunda, $ 10 la tercera y llegaría a $ 12 a partir de la cuarta. En la Subsecretaría de Transportes, negaron estos valores, ya que “se van a determinar en audiencia pública”. Además indicaron que en los barrios “los residentes van a tener una credencial que los exima del pago”.
Las discusiones acaban de comenzar en la Comisión de Transporte y se prevé que llevarán al menos un mes y medio. Este lunes se encontraron recién los asesores de los diputados, y los temas más discutidos fueron la cantidad de calles que se quieren incorporar y el polémico cepo.
El senador Filmus calificó de “grave” la idea de intentar favorecer la rotación vehicular instalando el cepo a escala barrial. Se trata de una medida drástica que sólo puede implementarse pero como último recurso.” A su vez, la diputada María José Lubertino dijo que “el mecanismo del cepo es un desastre, no sirve porque no es disuasorio, genera más violencia urbana y su finalidad es sólo recaudatoria beneficiando sólo a las empresas del servicio de grúas. Si una persona se estaciona donde no debe o se le agotó el crédito, lo que corresponde es una multa o el acarreo.” El cepo funcionó en la Ciudad de Buenos Aires durante diez años, de 1991 a 2001, y fue implementado por el entonces intendente Carlos Grosso.
“Además hay que analizar bien dónde se van a instalar los nuevos parquímetros, si hace falta, si es necesario. Poner estacionamiento medido en Lugano y Mataderos, por ejemplo, parece medio disparatado y va a perjudicar a los vecinos y comerciantes. En todo caso, hay que promover el transporte público para que la gente use menos autos”, agregó la diputada del Frente para la Victoria.
Por otro lado, Chavarri, de No al Parquímetro, recordó que “Macri aumentó un 84%, en septiembre pasado y por decreto, el costo de cada acarreo, que pasó de 190 a 350 pesos”, a pesar de que las empresas incumplen con el pago del “irrisorio canon de 20 mil pesos por mes”, que se viene tomando a cuenta de futuros aumentos. Además puntualizó que también es “ilegal” que las dos empresas concesionarias actúen más allá del macrocentro delimitado por la Avenida Pueyrredón porque “está fuera del contrato original aprobado por la Legislatura”, y advirtió que las mismas empresas “tienen a su cargo la señalización horizontal y vertical de estacionamiento, sin ningún control del Estado”. «
Fuente: Tiempo Argentino
