La jueza federal con competencia electoral María Servini de Cubría está en condiciones de expresarse sobre la validez de la ley 26.855 a pesar de que pesan sobre la norma más de diez cautelares en todo el país.

El Estado cumplió con los tiempos dispuesto por la magistrada y el viernes presentó un escrito en el que pide a la jueza que rechace los amparos contra la elección popular de los Magistrados. La magistrada, al tener competencia electoral, tiene la llave para evitar que se materialice el voto popular de los miembros del Consejo de la Magistratura, órgano que elige y controla a los jueces.

Según anticipó este sábado Diario PERFIL, Servini de Cubría fallaría en contra del Gobierno, pero fuentes oficiales no descartan que haga “equilibrio”, y tome parte de los argumentos que el Ejecutivo le presentó ayer defendiendo la ley. La jueza cree que el Gobierno “va por todo”. “Jamás hemos vivido una intromisión así, ni siquiera durante la dictadura militar”, le dijo a su entorno.

En el caso de que la magistrada frene la ley, el Gobierno apelaría la sentencia. La causa llegaría de este modo a la Corte Suprema a fines de junio, previo a la presentación de listas para las primarias. En la Corte, los votos contra la reforma serían 6 de 7, pero el presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti, busca que sea unánime para incluir al ministro más próximo al Gobierno, Raúl Zafarroni.

Por su parte, el senador y consejero Mario Cimadevilla renovó este domingo sus duras críticas contra la reforma judicial que impulsa el Gobierno. “Este Gobierno quiere que la Constitución y la ley se sirvan de ellos”, dijo. El consejero de la Magistratura también aseguró que la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, “es la frutilla del postre de la reforma judicial” porque, argumentó, “la funcionaria cree que la Constitución es ella y esto una locura”.

A la par, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) manifestó su apoyo a los pedidos de inconstitucionalidad que distintas entidades presentaron ante la justicia contra la reforma al Consejo de la Magistratura. La agrupación sostuvo que “el nuevo sistema de elección de la totalidad de los integrantes del Consejo mediante sufragio universal elimina el ‘equilibrio’ que exige el artículo 114 de la Constitución entre quienes representan a órganos políticos y quienes representan a los jueces y abogados de la matrícula federal y las personas provenientes del ámbito académico y científico”.

Fuente: Perfil