Lo pidió la Procuración porteña, pero la Cámara lo denegó porque Mauricio Macri y tres de sus ministros están imputados en la causa.

La Cámara del Crimen desbarató una maniobra del gobierno porteño para pasar de acusado a acusador en las causas que tramitan por el violento desalojo ocurrido el 26 de abril pasado en el predio en el que funcionaba el Taller Protegido Nº19, dependiente del neuropsiquiátrico José Tiburcio Borda, en terrenos donde el macrismo pretende levantar un Centro Cívico.

El director general de Asuntos Penales de la Procuración General de la Ciudad, Francisco D’Albora, le pidió al juez de instrucción Jorge López que lo tuviera por “parte querellante”, lo que en lenguaje llano significa que el gobierno porteño habría sido víctima de una conducta presuntamente delictiva y como tal juega el papel de “damnificado” en el expediente. Para el tribunal, el pedido “no puede prosperar” pues “instauraría en la pesquisa una incompatible asunción de roles antagónicos, como es la de ser los funcionarios públicos imputados y a la vez acusadores”.

El ejemplo más cercano de esta situación es la tragedia de Once, el siniestro ferroviario en el que murieron 51 personas en febrero de 2012. El Estado Nacional pidió ser tenido por “querellante”, pero la justicia lo rechazó porque entendió que alguno de sus integrantes podía resultar imputado.

En el caso del Borda hubo un agregado: según el fallo de la Sala 4ª de la Cámara, el desalojo del predio donde funcionaba el TP19 tiene como imputados por los supuestos delitos de “daño agravado, lesiones, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona” a “miembros de la Policía Metropolitana y funcionarios del gobierno de la Ciudad, tales como el jefe de gobierno Mauricio Macri, el jefe de Gabinete Horacio Rodríguez Larreta, el ministro de Seguridad Guillermo Montenegro y el ministro de Desarrollo Urbano Daniel Chain”.

Entonces, si pueden ser imputados por la comisión de delitos, no deben ser tenidos como víctimas.

Cuando ocurrieron los episodios del Borda, la administración porteña denunció que “un grupo de personas reaccionó físicamente contra los uniformados” de la Metropolitana que intentaban concretar el desalojo, y algunos de ellos sufrieron “distintos tipos de lesiones”. Pero la justicia entendió que en ese confuso contexto, “con motivo del accionar policial también habrían resultado heridos pacientes, médicos y enfermeros del nosocomio, así como periodistas, legisladores y agentes gremiales”, y que estaba vigente una medida cautelar trabada sobre el predio que los funcionarios no podían desconocer.

Fuente: Tiempo Argentino