Sin actos conmemorativos ni funcionarios detenidos y sin una fecha para la realización del juicio oral, la tragedia continúa impune
Esta madrugada, a las 4:05, se cumplieron tres años de la caída del entrepiso del local nocturno Beara, en el barrio de Palermo, que causó la muerte de dos chicas jóvenes y dejó heridas a otras 14 personas. La causa no tiene ningún detenido y por ahora no hay planes de juicio oral.
Ariana Beatriz Lizarraga, de 21 años, y Paula Leticia Provedo, de 20, murieron aplastadas por el entrepiso de ese lugar, que quedaba en Scalabrini Ortiz 1638 y no estaba habilitado para funcionar como boliche.
Pasados tres años del hecho, con una causa que avanza lentamente y por espasmos, la desesperanza de ambas familias las llevó a no planear para hoy ninguna actividad pública de conmemoración y reclamo de justicia (ver aparte).
Otro de los puntos en que coinciden los padres de las dos chicas es en cuestionar el accionar de la jueza Alicia Iermini, del Juzgado Criminal de Instrucción Nº 48. En primer lugar porque, sin llamarlos a indagatoria, sobreseyó a los funcionarios del gobierno porteño que habían sido imputados: el ex director de Habilitaciones y Permisos Martín Diego Farrell, quien renunció a ese cargo dos meses después de la tragedia, el ex jefe de Habilitaciones Especiales Pablo Saikauskas y el inspector que habría dado la habilitación de Beara, Carlos Mustapich. En diciembre del año pasado, la Sala Séptima de la Cámara del Crimen hizo lugar a la apelación del fiscal Andrés Madrea sobre las causas de los funcionarios y ordenó indagarlos, algo que todavía no se concretó.
Pocos meses antes de que la jueza resolviera sobreseerlos, el Consejo de la Magistratura había archivado un pedido de juicio político en su contra, en el que se la acusaba de haber dejado prescribir el expediente de Walter Bulacio, el joven que murió al recibir una golpiza tras una detención ilegal en la entrada de un recital de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Lo que salvó a Iermini de ese jury fue el dictamen del consejero abogado Alejandro Fargosi, cercano al diputado del PRO Federico Pinedo.
Otra de las decisiones cuestionadas reside en que la jueza procesó a los empresarios a cargo del local por “doble homicidio culposo y lesiones culposas” y los desvinculó del delito de “cohecho”. Este último delito fue descartado por Iermini porque las presuntas coimas no estaban registradas en los libros contables ni en filmaciones, aunque también destacó que, si pudiera comprobarse el cohecho, sería “discutible” relacionarlo con lo ocurrido.
Además de la decisión sobre los funcionarios, los jueces de la Cámara del Crimen ordenaron profundizar la investigación para despejar dudas sobre posibles coimas y también mandaron a analizar las conductas de otros involucrados en la causa: Isaac Rasdolsky, el arquitecto encargado de las habilitaciones; Gustavo Amarú, quien habría avalado la construcción derrumbada y a quien ya le dictó la falta de mérito –lo cual fue apelado–, y del gestor Leandro Camani, que aparece en varias escuchas hablando de los métodos de habilitación.
Sí fueron citados otra vez a indagatoria los empresarios Juan Carlos Yun, Agustín Dobrila, Roberto Kattan Coria, e Iván y Ronaldo Flies, integrantes de la sociedad El viejo sabio, que administraba el local, y Maximiliano Frattini, señalado por la organización de bailes y recitales en el lugar. «
EL DESGARRADOR PRESENTE DE LOS FAMILIARES
“La extrañamos muchísimo. Es inolvidable.
El tiempo no la va a borrar”, dice Juan Lizarraga sobre su hija Ariana, una de las dos jóvenes que murieron en Beara. Su hija menor, Valentina, cumplirá este año los 21, la edad que tenía Ariana cuando falleció en ese local nocturno, lo cual tiene a toda la familia muy tomada por la angustia que les provoca la situación. “Esta demora, ver que la causa no avanza, nos provoca un dolor inmenso”, resume.
Lo mismo le sucede a Alberto Provedo, papá de Paula Leticia, que tenía 20 años el 10 de septiembre de 2010, cuando se derrumbó el entrepiso del local: “Nos enojamos, nos indignamos, lloramos, nos retorcemos, y no tenemos ningún tipo de aliciente. Ni siquiera encontramos paz en la justicia”. Alberto también es papá de Agnes, que hoy tiene 20, y de Augusto, el menor de la familia.
Ambas familias coinciden en la gran dificultad que atraviesan las hermanas menores de Ariana y Paula Leticia, y también perciben hondas preocupaciones de sus padres ante las salidas de las dos jóvenes a boliches.
“Valentina va a bailar con las amigas cuando alguna cumple años, pero lo hace muy poco. Una de las últimas veces fue a un boliche que tenía cinco clausuras violadas”, cuenta Juan Lizarraga, evidenciando cómo se inquieta cuando su hija sale a un local nocturno.
Lizarraga aclara que la búsqueda no es para que pague quien no esté involucrado en la causa: “Lo único que queremos es que haya un juicio, pero la jueza está complicando todo. El motivo lo desconocemos pero la causa no avanza”, dice, 15 días después de haberse reunido por segunda vez con la vicejefa de gobierno de la Ciudad, María Eugenia Vidal, que lo recibió y prometió averiguar lo que está ocurriendo a nivel judicial.
A pesar de la propuesta de algunas ONG, ninguno de los dos padres quiso organizar un acto a tres años de la tragedia.
Dice Lizarraga: “Ya me alcanza con tener que ir a pagar la renovación anual del cementerio. Me saca la voluntad de cualquier manifestación pública.”
Aclaración de Pantarotto Sobre una nota publicada el 19 de agosto pasado, el abogado Matías Pantarotto, cuyo sobreseimiento fue revocado por la Cámara, detalló que él intervino, como abogado de los dueños del boliche solamente en trámites administrativos de Beara “después de que ya estuviera habilitado” y no participó de ninguna escucha telefónica.

Fuente: Tiempo Argentino