Según la nueva Ley Tarifaria porteña las marcas que peguen stickers de propaganda en las vidrieras de los locales y sean visibles desde la vía pública deberán pagar esta tasa
Finalmente, el gobierno porteño comenzará a cobrar un nuevo impuesto a la publicidad.
Luego de las aclaraciones pedidas por las entidades que agrupan a las empresas anunciantes, la administración a cargo de Mauricio Macri puso en marcha lo que se conoce como el ‘impuesto a los calcos’ y en poco tiempo más comenzará a enviar a los afectados una carta en la anunciado el inicio de este nuevo esquema.
El tributo forma parte de la Ley Tarifaria de la Ciudad de Buenos Aires. En su artículo 117 prevé que “por la publicidad efectuada por anuncios en o con destino a la vía pública, que se perciba desde la vía pública o en lugares de acceso público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 362 del Código Fiscal, se paga una contribución por cada metro cuadrado o fracción de superficie, de acuerdo al tipo y características a los cuales responden. En caso que la publicidad se efectuara por medio de calcos que no superen el metro cuadrado, se pagará por unidad, por año, y fracción.” Es decir, a partir de ahora las marcas que posean calcos pegados en las puertas y vidrieras de los locales comerciales deberán empezar a pagar al tributo. El nuevo tributo abarcará principalmente a las emisoras de tarjetas de crédito, los bancos y las empresas de seguridad que en la gran mayoría de los locales comerciales cuentan con calcos para promocionar sus sistemas de pago, promociones y custodia.
El Cronista intentó comunicarse con las empresas involucradas pero no hubo comentarios respecto de este nuevo tributo.
La tarifa fue fijada por la Dirección de Rentas de la Ciudad.
Para los calcos de menos de un metro cuadrado será de $ 8 para todo este año.
Desde la Cámara Argentina de Anunciantes (CAA), confirmaron la información pero aclararon que existen algunas excepciones a la norma. Agregaron que si el calco no tiene que ver con ningún bien o servicio que se comercialice en el local no deberá pagar el tributo”.
Voceros de la entidad aseguraron haber pedido aclaraciones sobre el alcance de esta norma “para saber qué se cobra y qué no, porque lo importante es la seguridad jurídica, lo otro cada anunciante deberá analizar el costo–beneficio”.
Aunque se podría pensar que una calco en donde se publicita un descuento o el pago con un medio electrónico es un beneficio compartido entre la marca y el local, desde la CAA dejaron en claro que quien deberá asumir el costo será la marca que figura en el calco.
Si bien es difícil cuantificar el monto que va a recaudar la Ciudad por este concepto, ya que el calco es un producto muy volátil que hoy está y mañana puede ser retirado, según el último Relevamiento de Usos del Suelo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires realizado entre marzo de 2010 y diciembre de 2011, existen 115.549 locales comerciales a la calle y 11.365 en galerías comerciales y shoppings centers en el ámbito porteño.
Es decir, 126.905 locales en toda la Ciudad. Si cada uno de ellos tiene una calco –que en su gran mayoría son muchas más–, Rentas de la Ciudad sumará a fin de año 1.015.312 pesos.
Una tasa expansión que genera disputas judiciales
La necesidad de recaudar agudiza el ingenio.
Pero la Ciudad de Buenos Aires no fue la primera en aplicar un impuesto a los calcos como publicidad. En todo el país ya hay más de 130 municipios que aplican este tributo. Y también hay bastante jurisprudencia al respecto.
Con fecha del 18 de septiembre de 2012, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del Plata falló a favor de la Municipalidad de General Pueyrredón en una causa en donde American Express Argentina S.A. denuncia apremio por el cobro de una tasa publicitaria, confirmando que “la administradora de tarjeta de crédito ejecutada deberá tributar la tasa municipal por publicidad, a raíz de los calcos pegados en las vidrieras de los comercios”.
Sin embargo, en una discusión similar entre la empresa Nueva Card S.A. y el municipio bonaerense de Gonzáles Chávez que le cobró el Derecho de Publicidad y Propaganda cuando la misma anunciaba con sus calcos al “comercio adherido”, el Juzgado Contencioso Administrativo de Azul falló a favor de la empresa privada y en contra de la Intendencia de Benito Juárez, por lo que el municipio tuvo que devolver los cobros efectuados entre el 2001 y el 2006.

Fuente: El Cronista